La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 trabajadores durante la última dictadura y por haber montado dentro de la planta de General Pacheco un centro clandestino de detención. La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad con impacto internacional.
En 2018, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó a Pedro Müller a diez años de prisión y a Héctor Francisco Jesús Sibilla a doce años. Junto con ellos fue juzgado el poderoso comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de quince años de reclusión. Casi tres años después, la Cámara Federal de Casación –con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques— confirmó la sentencia contra los dos ejecutivos de la Ford. Guillermo Yacobucci, por su parte, únicamente convalidó la sentencia contra Sibilla, el jefe de seguridad de la planta de Pacheco, que la semana pasada cumplió 60 años desde su inauguración. Los tres jueces confirmaron la sentencia del multicondenado Riveros.
Veinticuatro trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve de ellos los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura. Nada de esto pudo haber sido ignorado por quienes manejaban la planta, pese a sus esfuerzos por mostrarse ajenos.
Müller, de 90 años, integró entre abril de 1974 y abril de 1978 el directorio de la Ford, que era el órgano máximo de administración y decisión de la automotriz. En la práctica, era el número dos de la compañía y se convertía en el número uno cuando el presidente, Juan Courard, estaba de licencia. Eso sucedió en, al menos, tres oportunidades durante 1976, cuando se produjeron los 24 secuestros que investigó la justicia federal de San Martín.
Sibilla, que actualmente tiene 95 años, se presentó en las apelaciones casi como un testigo de la “ocupación militar” de la fábrica. Sin embargo, para entonces él era el jefe de seguridad de la planta y era alguien que conocía por dentro la estructura castrense. Había ingresado en 1946 en el ejército y pasado a retiro en 1962 con el grado de mayor. Al año siguiente, se incorporó a la empresa Organización de Protección Industrial (ORPI SRL), que ofrecía seguridad a la Ford de manera tercerizada. En julio de 1976, mientras estaba en pleno auge la represión a los obreros de la automotriz, Sibilla fue ascendido a teniente coronel. Para 2004, prestaba servicios en la embajada de los Estados Unidos.
“Se pudo comprobar la crisis económica que había padecido el sector automotriz desde principios de la década del ’70, de la cual esta empresa no fue ajena, aunada a la activa organización gremial de los trabajadores de planta durante los años 1975 y 1976; así a partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, escribió Slokar en su voto.
“La firma y sus altos directivos no sólo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras del terrorismo estatal, sino que realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una política de disciplinamiento que favoreciera los niveles de producción“, añadió Slokar. “En ese orden, indicaron las víctimas que pusieron a disposición un sector donde funcionó el centro clandestino de detención dentro de la propia planta y facilitaron insumos, espacios y camionetas de la misma empresa para el traslado de las víctimas –atadas y encapuchadas– desde sus domicilios hacia sus instalaciones u otros centros de detención, además de suministrar unidades sin patentamiento y documentación pertinente de los vehículos automotores modelo Falcon de la marca, ícono en el accionar represivo clandestino de la última dictadura cívico-militar”.
Un hito
La confirmación de las condenas contra Müller y Sibilla marca un nuevo hito en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, ya que el capítulo sobre los responsables empresariales de estos delitos es el que más resistencias y demoras judiciales acarrea. Los testimonios sobre lo ocurrido en la Ford comenzaron a brindarse desde el regreso de la democracia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP). Las denuncias se reiteraron durante los juicios por la verdad y recién fueron ventilados ante un tribunal oral a partir de diciembre de 2017.
“Es una sentencia clave porque evidencia el entramado represivo dentro de las fábricas y la persecución de trabajadres y agremiados sindicales a partir del aporte del sector empresarial para el plan sistemático. Se lo utilizó, además, con un beneficio económico que se tradujo en la reducción de la gestión de conflictos laborales o gremiales“, evaluó la fiscal Ángeles Ramos, que conduce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
Marcos Levín fue el primer empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad en calidad de dueño de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. La condena fue en marzo de 2016, pero, al año siguiente, la Cámara Federal de Casación la revirtió. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, aunque en una causa derivada ordenó que se lo siguiera investigando. En el caso de Ford, no sólo los dos ejecutivos están condenados, sino que esa sentencia fue confirmada por el máximo tribunal penal del país.
En los últimos tiempos se registró un avance también después de mucha espera: la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Carlos Pedro Tadeo Blaquier por los secuestros producidos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma. El mes pasado, fue finalmente elevado a juicio. En Tucumán, hubo procesamientos por los crímenes en el ingenio La Fronterita y en Norwinco. En marzo del año pasado, procesaron a dos ejecutivos de la siderúrgica Acindar, desde cuyo directorio saltó José Martínez de Hoz al ministerio de Economía de la dictadura. A contramano, la Cámara Federal de Casación absolvió a los hermanos Julio y Emilio Méndez que cedieron la chacra donde estuvo secuestrado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que defendía a los trabajadores de Loma Negra.
Según estimaciones de la PCCH, son alrededor de 30 las causas de responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad. El avance en ellas es desigual: hay algunas en las que los jueces jamás respondieron los pedidos de indagatorias, otras en las que los acusados civiles murieron o fueron separados del proceso y otras que están en pleno trámite.
Página/12
