Argentina en general y el gobierno en particular enfrentan una situación con demasiados problemas y muy pocas herramientas. Si bien el escenario sobre el que se recorta la situación actual parece no poder resolverse sin acuerdos, los incentivos de cada uno de los espacios van en la orientación contraria. Y no solo por lo que ocurre hacia el interior de cada espacio sino también por lo que ofrece el futuro inmediato y mediato donde la perspectiva está intervenida por una cortina de niebla. La situación económica, donde el gobierno sabe que tiene dólares para evitar una devaluación, pero no para hacer una política similar a la de 2011-2015, es un aspecto que genera debate intra fuerza política. “¿Vamos a arreglar los problemas macroeconómicos para dejarle el camino asfaltado a Larreta?”, es una reflexión que se escucha cada vez más en el oficialismo. La alternativa a eso tampoco es buena para el peronismo y es lo que ocurre hoy: una gestión a mitad del río que no resuelve la macro ni le da respuestas a su electorado en la micro.
Si nos guiáramos por las declaraciones de la última semana, los funcionarios de todos los sectores del gobierno aparecen aunados por una misma sensación: fastidio. De Victoria Tolosa Paz a Guzmán, el tono sobre la oposición tras el unánime y ruidoso rechazo al proceso de diálogo propuesto por Sergio Massa es el más duro que se recuerde. El fastidio, sin embargo, es aún mayor cuando se menciona a otro sector que deberá protagonizar el diálogo por venir. En una economía que en agosto alcanzó otra vez los niveles de actividad anteriores a la pandemia -y a pocas semanas de las elecciones-, la sensación de que a muchos argentinos no les llegó la recuperación aparece en los números correspondientes a poco antes de las PASO que se conocieron esta semana. Mientras el sector empresario recompuso márgenes y rentabilidad, los salarios se mantienen aún muy por debajo de los niveles pre pandemia, ya relativamente bajos tras la crisis durante el gobierno de Macri. Un funcionario de unos de los ministerios “albertistas” resumía: “Cristina tiene razón, el crecimiento se lo quedaron cuatro vivos”. Los datos del segundo trimestre del año marcan una caída de la participación de la remuneración asalariada desde un 49,8% antes de la pandemia hasta un 40%. Estos casi diez puntos, que se explicarían por una importante recuperación de márgenes de ganancia, explican también el consenso que ha tenido en todos los sectores del oficialismo la resolución que, aún sin acuerdo, fija precios máximos para algunos cientos de los productos de la canasta de alimentos y bebidas más consumidos por argentinos y argentinas.
Desde el sector empresario podrían responder, con algo de razón, que los números del segundo trimestre serán de corto alcance, que el efecto defensivo de las paritarias frente a los niveles inesperadamente altos de inflación debería impactar en la medición de distribución funcional del tercer trimestre, que la también inesperada suba de las commodities impactó en las mediciones de rentabilidad y que los sectores más desprotegidos -y que explican una gran parte de la caída relativa de la participación del salario en la cuenta nacional de generación del ingreso- son los asalariados informales, empleados mayormente por PyMEs y no por las empresas concentradas que son habitualmente objeto de las críticas de los funcionarios.
Las respuestas, desde ya, no borran los datos. Y la actitud de un sector del empresariado ante las recurrentes crisis y los correspondientes ciclos de recuperación argentinos dejan mucho que desear. Hace algunas ediciones, en este mismo espacio, se señalaba que en los Pandora Papers, a pesar de que Argentina ocupa el puesto 32 en el ránking del PIB a nivel global, el país era el tercero con mayor cantidad de beneficiarios de sociedades offshore reveladas por la millonaria filtración global de archivos. Una investigación de la periodista Emilia Delfino, publicada en elDiarioAr, mostró que nueve de las diez familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. Una conducta que, sin que necesariamente implique delito, da cuenta de la disposición de la élite empresarial a realizar la clase de sacrificios que se espera habitualmente de los asalariados e informales.
El camino de la recuperación y la normalización es complejo. En una charla realizada en el Centro Cultural Kirchner, Martín Guzmán discurrió sobre el acuerdo basal que el gobierno deberá encarar tras las elecciones, que es la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El ministro volvió a reprochar al organismo haber financiado “la campaña de Macri”, fórmula repetida por el oficialismo para describir el sostén sin fundamentos técnicos y basado en meras consideraciones geopolíticas otorgado a la anterior administración. Reflexionó sobre las necesidades y condiciones para un acuerdo. A su lado, en forma virtual, el siempre interesante ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, prescribió al gobierno que planifique una guerra contra las finanzas internacionales. No se puede acusar a Varoufakis de no ser coherente. Lo que prescribe a la Argentina es similar a lo que intentó cuando ocupó el cargo durante el pico de la crisis de deuda griega y que motivó su salida ante un acuerdo que resultó en un ajuste doloroso y, a la luz del consenso de todos los analistas, innecesario, impuesto por el Fondo y las instituciones europeas y que fue aceptado, no sin fuertes resquemores, por el gobierno izquierdista de Alexis Tsipras.
La alternativa de guerra contra las finanzas impulsada por el entonces ministro hubiera significado un default con salida del euro y, muy posiblemente, sanciones económicas o comerciales para un país que, aún tras casi una década de crisis, conserva un mayor producto por habitante que cualquiera de sus vecinos de la región. Si en materia económica el purismo de Varoufakis podría conducir a una devaluación sin pisos, es en materia política donde su prédica ha fracasado más rotundamente. Su repercusión frente a audiencias internacionales, que reconocen su mirada ingeniosa y su diagnóstico certero, contrasta con la indiferencia que obtiene del pueblo griego, donde los remedios que propone a través de su partido, MeRa25, lo han mantenido invariablemente por debajo de los resultados electorales del Frente de Izquierda en las elecciones argentinas.
Es en este marco donde se pueden advertir movimientos casi imperceptibles, pero que permiten inferir algunas cuestiones. En las últimas semanas, La Cámpora volvió a tomar protagonismo por una canción de su militancia que dice “esa deuda que dejaron / no la vamos a pagar / con el hambre de la gente no se jode nunca más”. Esto fue leído como un mensaje de Máximo Kirchner -que aparece en el video entonando las nuevas estrofas militantes- hacia Martín Guzmán o Alberto Fernández. Es posible. Sin embargo, hay un segundo factor más interesante aún para analizar el simbolismo de la organización que comanda el jefe de bloque del oficialismo en Diputados. El endurecimiento del discurso -pero no necesariamente de la acción- y la apuesta por contener o ampliar a su base de sustentación, responde a fortalecer su identidad política en una situación de desánimo general para el peronismo kirchnerista.
Por capilaridad territorial y volumen político, el de La Cámpora es el más visible, pero no es el único espacio que encaró esa estrategia luego de la derrota de las PASO. La ausencia casi total de Sergio Massa en la escena local más los plenarios cada vez más frecuentes del Frente Renovador o las declaraciones explosivas de Sergio Berni para intentar separarse de un resultado que pocos en el oficialismo anticipaban responde a un regreso a la infancia más inocente: el Antón Pirulero. De no mediar una intervención política virtuosa, no sería exagerado pensar en una jibarización del Frente de Todos luego de las elecciones -donde el oficialismo de máxima puede aspirar a mejorar marginalmente el resultado de septiembre- tanto de organizaciones que quieran dejar testimonio de rechazo ante el acuerdo con el Fondo como de un peronismo tradicional que se mueve más a la luz de los resultados de las elecciones que los de la gestión. Así y todo, la crisis política que enfrenta el oficialismo no se corresponde con los números de la economía. “Si sigue mejorando va a haber espacio para hacer política”, analiza ante #OffTheRecord uno de los jefes del Frente de Todos.
Mientras tanto, en la oposición se dio una discusión interna en la que se impuso la lógica de Mauricio Macri y Patricia Bullrich que es, bajo sus propios términos, no tener que desactivar otra bomba económica en 2023 en caso de llegar a la Casa Rosada. Es por eso que la inestabilidad, que no viene por la economía, está siendo empujada por la política. “Alberto tiene que ser nuestro Remes”, repiten en JxC. Solo así se explica el rechazo taxativo de, incluso, el ala más dialoguista al acuerdo propuesto por el oficialismo: la apuesta a un estallido cambiario que genere una win-win situation para el candidato opositor.
Bonus track
- El camino hacia adelante encuentra piedras también en los que deberían ser propios y responsables. La prórroga del régimen industrial de Tierra del Fuego trajo algunas novedades. Se endurecieron las condiciones para la promoción de la producción textil en la isla y se eliminaron las exenciones impositivas para algunos bienes suntuarios. A diferencia de lo que sucede con celulares o televisores, la producción textil en TDF compite con la que se realiza en el territorio continental nacional. Lo hace sin pagar impuestos e importando materia prima -por ejemplo telas- sin aranceles. Las nuevas condiciones no prohíben esta producción, pero imponen revisiones más rigurosas para lo que muchas veces se ha constituido en competencia desleal con productos importados mínimamente modificados en el mejor de los casos, que tampoco han redundado en una mejora en los elevados precios al consumidor del sector textil. El gobernador Gustavo Melella no consideró ninguna de estas cuestiones al elevar una nota de preocupación al jefe de Gabinete, Juan Manzur. Más lejos fue su ministra de Producción, Sonia Castiglione, que se quejó de la eliminación de algunas exenciones impositivas de las que gozan los bienes finales que se consumen en la isla. En la provincia, con el mayor número de Audis per cápita del país, la ministra se quejó del umbral a partir del cual los autos pagarán los mismos aranceles e impuestos que se pagan en el resto del territorio nacional, que consideró demasiado bajo. Lo curioso es que el valor de importación fijado en el decreto es de 35 mil dólares. Autos cuyo valor de mercado actual supera los cinco millones de pesos y que, para la ministra, no deberían pagar impuestos.
Iván Schargrodsky | Cenital
