El Sindicato de Trabajadores de la Justicia de la República Argentina (Sitraju-RA) se presentó en la justicia federal para ser querellante en la causa por la Obra Social del Poder Judicial. Es un expediente que le pega al supremo Juan Carlos Maqueda que ejercía el control sobre la obra social y lo que se investiga, entre otras cosas, son irregularidades en las contrataciones de dos empresas cordobesas, pero sobre todo un dramático deterioro de los servicios de salud de los judiciales.
Los dirigentes sindicales consignan que sufren la interrupción de tratamientos oncológicos, operaciones canceladas, convenios caídos con sanatorios de todas las provincias y, en algún momento, hasta los afiliados tuvieron que ir personalmente a la sede de la obra social de buena parte de las provincias para que les den un bono para acceder a una consulta médica.
El plan canje de Stornelli
En la causa que instruye el juez Ariel Lijo, el fiscal Carlos Stornelli pidió el archivo por inexistencia de delito. Parece una alianza evidente con Maqueda. Es que, como anticipó Página/12, hay ocho incidentes que tiene para resolver la Corte Suprema respecto del propio Stornelli –donde está procesado por la causa que tiene como protagonista al falso abogado Marcelo D’Alessio– y resulta asombroso que el fiscal juegue tan a favor de uno de los miembros del máximo tribunal.
Una delegación del Sitraju-RA, que encabeza Marieta Urueña Russo, estuvo en los tribunales federales de Comodoro Py y se presentó precisamente en ese expediente. En el escrito de ocho páginas, los dirigentes recientemente elegidos fundamentan que tienen un interés directo porque son los “ofendidos por las conductas que habrían comprometido el patrimonio y eficaz funcionamiento de nuestra obra social”. En Comodoro Py hay otro expediente sobre el mismo escándalo y es instruido por el juez Daniel Rafecas. En esa causa, los dirigentes del Sitraju-RA se presentarán este miércoles.
En el escrito se sostiene que “se investigan en esta causa hechos delictivos que habrían tenido lugar en el marco de la contratación de la Empresa Emergencia Médica Integral S.A., a partir del año 2008 y la empresa Farmadant S.A. Se ha denunciado que la primera no cumpliría los requisitos mínimos de capacidad operativa para brindar los servicios y respecto de la segunda se trataría lisa y llanamente de una empresa fantasma cuyos servicios serían brindados por empleados dependientes de la Obra Social”.
Los pedidos de pueba del Sitraju-RA
Los líderes del Sitraju-RA plantearon una serie de pedidos de prueba, empezando por requerir los comprobantes de los pagos ordenados a esas dos empresas, su autorización, la facturación y los instrumentos que se utilizaron como cheques y transferencias. A partir de esos datos, los dirigentes gremiales piden la citación de testigos. La conducción que encabeza Urueña Russo recién se presenta ahora porque se trata de una Comisión Directiva nueva, recién convalidada el 28 de junio pasado.
Los expedientes arrancaron con la denuncia del deterioro de la obra social a partir de la administración de un hombre de confianza de Maqueda, Aldo Tonón. La propia Corte reconoció la situación e intervino desplazando a Tonón y reemplazándolo por un nuevo director, Mariano Althabe. En la causa ya declaró una sobrina de Maqueda, Guadalupe Burgos, que contó que desde hace 17 años ejerce como secretaria de administración, pero que nunca fue designada formalmente, por lo tanto no tiene cargo alguno y pese a eso firma cheques por mil millones de pesos mensuales.
Decide el juez Lijo
La aceptación del Sitraju-RA como querellante –algo que debe decidir Lijo en esa causa– le quitaría peso al pedido de Stornelli de archivar el expediente, porque habría una querella que sigue adelante con la acusación. De todas maneras, Lijo no aceptó el pedido de archivo de Stornelli sino que consignó un “téngase presente” y ordenó más medidas de prueba.
En los grandes medios se trata de explicar el caso únicamente como una interna en la Corte entre Maqueda y Ricardo Lorenzetti, de fluida relación con Lijo. Stornelli es una pieza clave del entramado de persecución de Comodoro Py con protagonismo en el armado de la causa de los cuadernos, de las compras del GNL y en la llamada Puf Puf, expediente en el que se usaron las grabaciones ilegales a los detenidos en el penal de Ezeiza cuando dialogaban con sus hijos, parejas, amigos y abogados. La presentación del Sitraju-RA ratifica que, más allá de las interpretaciones, lo concreto es que hay graves irregularidades y un fuerte deterioro en la calidad de los servicios de salud de los judiciales.
Página/12
