El jefe de Estado instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse las acciones penales correspondientes para determinar si se cometió algún delito
El presidente Alberto Fernández anunció a través de cadena nacional que instruyó al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente un viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. De acuerdo a la visión del jefe de Estado, los involucrados habrían cometido diversos delitos, entre ellos “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Los detalles del viaje al sur del país habían sido revelados semanas atrás por el diario Página 12. Este fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats de la aplicación Telegram entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos del vuelo. En los mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas de servicios turísticos para justificar su presencia en la provincia de Río Negro. También aluden a una presunta “buena predisposición” de una fiscal federal de Bariloche para cerrar un expediente que se había abierto para investigar los motivos del encuentro en la Patagonia.
El origen de la filtración es atribuida a un hackeo del teléfono celular del ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana negó la veracidad de los diálogos y adelantó que también irá a la Justicia. D’Alessandro es uno de los funcionarios que había sido mencionado como parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido. Otro de los involucrados es el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que también presentó una denuncia.
El resto de los integrantes serían el juez federal Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahiques; al juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; al jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; al asesor de comunicación Tomás Reinke; y al ex director de jurídicos de la SIDE, Leonardo Bergroth.
“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, aseguró Alberto Fernández en el mensaje grabado que difundió esta tarde a través de cadena nacional.
“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, agregó.
“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, analizó.
La filtración y la decisión del Presidente de denunciar el viaje surgen a horas de que se conozca el veredicto en la causa Vialidad, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que hasta el momento no se expresó públicamente sobre el tema.
“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, afirmó el primer mandatario.
Y antes de instar a las acciones legales correspondientes, concluyó: “Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.
Un par de horas después del mensaje del Presidente, el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos emitió un comunicado en el que sostuvieron: “Exigimos el juicio político al Ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D´Alessandro, por su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, y ex agentes de inteligencia. También exigimos Juicio Político al Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques por el intento de ocultar las pruebas de dicho financiamiento”.
“Los hechos mencionados evidencian la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública y confirman la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín”, añadieron.
El mensaje completo del Presidente
Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.
Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.
Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.
Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.
Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.
Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.
Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.
No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.
He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.
Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.
Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:
1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.
Infobae
