Hay tensión diplomática entre Ecuador y Argentina luego de que el gobierno de Alberto Fernández le diera asilo a María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas de Ecuador sentenciada por corrupción en abril de 2020. Duarte se ha declarado inocente y ha rechazado las acusaciones en su contra.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó este martes que convocó al embajador de Argentina en el país, Gabriel Marcelo Fucks, para “pedirle explicaciones” sobre un presunto “ultimátum” que habría dado el gobierno argentino a Ecuador para emitir una contestación ante la decisión de Argentina de otorgar el asilo a la exministra Duarte.
“Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico”, señaló un comunicado de la Cancillería ecuatoriano.
CNN está intentando conocer si existe un “ultimátum” del servicio diplomático argentino a Ecuador como indica el comunicado de la Cancillería ecuatoriana. La nota diplomática argentina que informaba a Ecuador de la concesión del asilo a Duarte fue enviada el 1 de diciembre, según confirmó la Cancillería a CNN.
Posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió un comunicado en el que dice que no le concederá un salvoconducto a María de los Ángeles Duarte. La Cancillería indicó que entregó su respuesta a la nota del 1 de diciembre del canciller de Argentina y que “tras hacer un análisis jurídico del tema del asilo, el Gobierno de Ecuador concluye que (…) no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción”.
En abril de 2020 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a ocho años de prisión a la exministra María de los Ángeles Duarte por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 relacionado a la trama de Odebrecht y otras empresas. En ese mismo proceso judicial fueron sentenciados el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y más de diez exfuncionarios del correísmo. La sentencia fue ratificada en julio de 2020.
En agosto de ese mismo año, la exministra Duarte dejó de cumplir con dos medidas dispuestas en el proceso judicial. Por un lado, la presentación periódica ante la justicia y por otro se retiró el dispositivo electrónico de monitoreo. Duarte inmediatamente se refugió en la embajada de Argentina en Quito y desde ese momento no ha salido de esa delegación diplomática que le concedió el estatus de “huésped por razones humanitarias”, según indicó en su momento el gobierno ecuatoriano de acuerdo a una información enviada por el encargado de negocios de Argentina en Quito.
El equipo de la defensa internacional de la exministra María de los Ángeles Duarte envió un comunicado a CNN en el que indica que Duarte es víctima de persecución política y que lleva más de dos años recluida junto a su hijo menor de edad en la embajada de Argentina en Quito “de forma injusta”.
“Si Ecuador quiere respetar sus obligaciones internacionales debe conceder un salvoconducto a esta madre y a su hijo”, puntualiza el comunicado de la defensa de Duarte.
Según la fiscalía general de Ecuador, entre los años 2012 y 2016, el gobierno de Rafael Correa montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes indebidos para el movimiento político Alianza País por parte de Odebrecht y otras compañías a cambio de la adjudicación de millonarios contratos. Funcionarios de la compañía Odebrecht no fueron procesados en este caso, lo que representó constantes reclamos del expresidente Correa al proceso judicial.
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