El interventor del Ente Regulador de Electricidad cree que se deben evitar las “idas y vueltas” de cara a una estatización. En el sector resaltan, además, que esa firma incumplió sus compromisos.
El último apagón del año, que impidió a más de 400 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y un puñado de partidos del Gran Buenos Aires celebrar el comienzo de 2023, fue la gota que rebalsó el vaso para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Su interventor, Walter Martello, planteó una respuesta concreta: sentarse en la mesa accionaria de Edesur.
“Bajo este sistema de participación puramente privado, se ha demostrado su alta ineficiencia y falta de inversión en los treinta años que han transcurrido de la concesión”, afirma Martello, en diálogo con Tiempo. En rigor de verdad, la idea la sostiene desde que ocupaba el puesto de Defensor del Pueblo bonaerense. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, esta vez el grupo Enel, dueño de Edesur, avisó que pondrá en venta sus acciones. El grupo italiano posee, además, las generadoras Generación Costanera y Dock Sud y la concesión de la hidroeléctrica El Chocón. “Creo que el Estado no debería estar ausente en la conformacción accionaria”, ratifica el interventor.
A su vez, un elemento clave para eventualmente garantizar la operación sería un amplio acuerdo político. “Tomar esa decisión afectaría a varios períodos de gobierno, por lo cual debe tener un plafón político importante y no un camino de idas y vueltas de la privatización a la estatización”, indica Martello y resalta que “esa incertidumbre es en la que se amparan las empresas para no invertir”.
Bajo esa lógica, Carlos Minucci, el secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), presentó un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de los activos que Enel tiene en Edesur.
“Es hora de enfrentar la decisión del cambio para lograr la eficiencia y racionalidad en la empresa de servicio eléctrico, la cual requiere de una profunda transformación de la gestión empresarial que asimile la responsabilidad de la continuidad”, reza el comunicado de Minucci.
Además, destaca el apoyo de los diputados de extracto sindical, particularmente Vanesa Siley y María Rosa Martinez, quien conversó con este medio: “El suministro eléctrico es un servicio esencial, la situación actual muestra abandono, tercerización, pérdida de personal técnico altamente calificado y falta de inversiones de Enel”, denuncia. Y aclara: “Puede ser una empresa mixta similar a YPF, ya sea por la compra mayoritaria o no”, en una coincidencia con otros interesados en el tema.
Respecto de la posibilidad de tratarlo en el Congreso, aún sin fecha determinada, confronta: “La oposición deberá argumentar con realidades. Desde el Frente de Todos promoveremos un debate abierto de cara a la sociedad con trabajadores, empresarios y organizaciones de usuarios, en línea con lo que viene ocurriendo en Europa, donde los Estados asumen un protagonismo activo ante la situación de crisis energética”. El interventor del ENRE, en cambio, considera que el Congreso en este momento “no está en condiciones” para llevar adelante el tratamiento del proyecto, por los desencuentros políticos y la falta de acuerdos que se viven en el recinto.
Incumplimientos
Desde el ENRE advierten que Edesur “no cumple con el plan de inversiones programadas, vinculadas a la calidad del servicio”. Por eso, la gestión de Martello, desde septiembre hasta el 31 de diciembre, aplicó multas a Edesur por $ 1429 millones y por $ 593 millones a Edenor. “El próximo adquiriente tiene que saber que la empresa está desvalorizada desde el punto de vista del compromiso de los usuarios”, advierte.
Para Minucci, la decisión del Estado podría generar que la empresa sea calificada como “testigo” y así “se pueda conocer genuinamente el valor del Kilovatio-hora en Argentina”.
También, aseguró que el ex interventor del ENRE, Federico Basualdo, denunció que al momento de revisar integralmente las tarifas, las empresas “mandaban al organismo proyectos de inversiones y gastos fraguados”.
En el extremo opuesto se encuentra el holding en retirada. Según datos de Bloomberg y La Nación (Tiempo intentó comunicarse con voceros de Edesur y no obtuvo respuesta), entre 2016 y 2021 la distribuidora registró pérdidas anuales en cuatro de esos seis años, pero solo redujo sus inversiones en términos reales en 2020. Sin embargo, una mayor carga impositiva y la política de congelamiento tarifario, sostenida en parte del gobierno de Mauricio Macri como en el actual, llevó a tomar la decisión de retirarse.
Según la empresa, desde el inicio de gestión del Frente de Todos hasta el año pasado, los costos subieron un 321%, mientras que las tarifas de distribución en el AMBA apenas lo hicieron en un 30 por ciento.
Para la firma, el déficit provocado por el congelamiento de tarifas es el responsable de la millonaria deuda que mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), la cual le vende a las transportistas y distribuidoras la energía a valor subsidiado. Pero el comienzo de año revierte dicha suerte: el gobierno resolvió una condonación de pasivos a 16 distribuidoras de electricidad de todo el país, entre las cuales están Edenor y Edesur. Fruto del acuerdo anunciado la primera semana de enero, Edenor pagará solo $ 32.985 millones de una deuda de $ 105.777 millones, mientras que Edesur cancelará $ 47.225 millones de un pasivo total de $ 113.838 millones.
Así, las empresas cancelaran solo el 36% del total acumulado, con una reducción sustancial de sus deudas.
La medida se instrumenta mediante dos incentivos: la quita de intereses punitorios sobre el capital adeudado y un crédito otorgado a las firmas para bonificar la deuda que generaron usuarios residenciales y comerciales durante la pandemia.
La Secretaría de Energía argumenta que esta disposición encuentra asidero en el Presupuesto 2021 (prorrogado en 2022) y en el aprobado para 2023. La referencia última es al artículo 89, donde no hay mención explícita a este mecanismo de condonación de deudas.
«Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, sentenció en 1989 el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, en el inicio de la gestión de Carlos Menem. Fue una suerte de primer mandamiento de la Ley de Reforma del Estado de ese año, que permitió, entre otras privatizaciones, la de Segba, que se transformó en Edenor y Edesur, en 1992. La concesión tiene para rato: es por 95 años, o sea, de no retirarse, estarían a cargo del servicio hasta 2087.
Telam
