Los magistrados pueden excusarse de testimoniar. El Frente de Todos tiene mayoría para abrir una investigación y emitir dictamen, aunque para aprobar ese proceso en el recinto necesita dos tercios de los miembros presentes.
Los diputados del Frente de Todos se alistan para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores. El oficialismo pedirá que los magistrados del máximo tribunal sean llamados a declarar.
Según el reglamento, una vez iniciada la investigación con mayoría simple, la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados, que pueden, sin embargo, excusarse de testimoniar y citar además a otros testigos.
El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la apertura del sumario y emitir dictamen, una vez finalizado el proceso de investigación. Luego tendrá dos meses al menos para llevar adelante el proceso y buscar posibles acuerdos parlamentarios que le permitan sumar voluntades para darle continuidad al proceso.
En ese sentido, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que se logrará “cada vez más consenso” a medida que se avance en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.
“Vamos a dar un trámite con seriedad, argumentos y sin chicanas. A medida que vayamos avanzando, te aseguro que va a haber cada vez más consenso en la decisión del presidente y los gobernadores”, señaló el legislador santafesino.
Paso a paso: cómo será el proceso para iniciar el juicio político a la Corte Suprema
La comisión de Juicio Político, presidida por la diputada oficialista Ana Carolina Gaillard, cuenta con 31 miembros: 16 del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y 1 del Interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.
La bancada oficialista aguarda que desde el Poder Ejecutivo se envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para iniciar el debate de este proceso de remoción y otros proyectos que el Gobierno proponga debatir en el Parlamento.
Tanto los diputados del interbloque opositor como el legislador bonaerense ya anticiparon que no respaldarán el texto impulsado por el presidente y los gobernadores. De hecho, entre lunes y martes próximos, el documento con los fundamentos contra los jueces de la Corte Suprema, que Alberto Fernández les entregó a Martínez y a Gaillard, tendrá que transformarse en un proyecto de resolución para poder iniciar el proceso en la cámara baja. De todos modos, y debido a que el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento, el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el debate del tema para que la comisión pueda funcionar.
Una vez ingresado el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), los integrantes de la comisión de Juicio Político deberán resolver si se abre la investigación o si la rechazan “in limine”.
Si bien el Frente de Todos tiene mayoría para abrir una investigación y emitir dictamen en la comisión de Juicio Político para aprobar ese proceso en el recinto necesita dos tercios de los miembros presentes.
Fuentes parlamentarias precisaron que la investigación se concentrará en dos aspectos fundamentales: el fallo de la Corte Suprema que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la injerencia del máximo tribunal sobre la composición del Consejo de la Magistratura. En tanto, las fuentes no descartan que el oficialismo pueda además proponer incorporar al debate de la comisión el pedido de enjuiciamiento que en 2021 formuló la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, contra Lorenzetti. En ese entonces, Carrió acusó al jurista santafesino de haber cometido graves irregularidades administrativas y presupuestarias mientras ocupó la presidencia del máximo tribunal.
Esa alternativa podría poner a Juntos por el Cambio, que ya anticipó su rechazo al planteo formulado por el Presidente y varios gobernadores, en una disyuntiva que, según advirtieron algunos legisladores opositores, buscaría dividir las posturas en el principal bloque opositor.
En el marco de ese proceso, la Comisión de Juicio Político está habilitada a realizar inspecciones; solicitar a la justicia el registro del domicilio de los investigados y secuestrar elementos que puedan servir como medios de prueba, como así también interceptar sus correspondencias y comunicaciones telefónicas, siempre y cuando no se vulnere su inmunidad.
De todos modos, los dictámenes de la Comisión de Juicio Político tienen vigencia durante tres ejercicios parlamentarios, por lo que, de avanzar, el planteo no vence con la renovación del cuerpo tras una elección legislativa y tiene tres años para poder ser tratado en el recinto.
Juicio político contra la Corte Suprema: los antecedentes
El último juicio político contra miembros de la Corte fue en 2004 al comienzo de la primera presidencia de Néstor Kirchner, que impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces de la denominada Corte de “la mayoría automática” durante el gobierno de Carlos Menem: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano.
Nazareno, López y Vázquez renunciaron antes del fin del proceso y evitaron así su remoción, en tanto que el Congreso avanzó en el proceso contra Boggiano y Moliné O’Connor, quienes fueron finalmente destituidos.
La primera vez que en la Argentina se destituyó a los integrantes de la Corte Suprema por juicio político fue en 1947, por iniciativa del Gobierno de Juan Domingo Perón, cuando se impulsó ese proceso por haber avalado mediante una acordada el golpe de Estado de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen.
C5N
