Sus abogados pidieron que se libre oficio al Colegio de Escribanos para que informe si los “arrepentidos” presuntamente presionados a declarar en su contra dejaron escritos en sobres cerrados para dar cuenta de esa situación. En caso afirmativo, los abogados de la vicepresidenta solicitaron que se remitan copias autenticadas.
Cristina Fernández de Kirchner puso nuevamente en jaque a la Causa Cuadernos. Lo hizo en la antesala del llamado a juicio oral y público, y en respuesta al Tribunal Oral Federal número siete, que tiene asignada la realización del debate aunque todavía no está clara la fecha.
Los abogados de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, plantearon por primera vez, de manera formal, algo que está instalado en el imaginario popular de la investigación prácticamente desde sus inicios: que los “arrepentidos” pudieron haber sido presionados para declarar en contra de ella para obtener la libertad. Y que, tras ceder a esas presiones, fueron corriendo a una escribanía a dejar por escrito y en sobres cerrados la realidad de la situación.
Por eso, la defensa de la ex presidenta pidió hoy que “se libre oficio al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que por su intermedio se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como “arrepentidos” en el marco del presente proceso (ley 27.304), cuyos datos personales están consignados en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal, requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones. En caso afirmativo deberán remitir copias autenticadas de los instrumentos notariales que se hubiere labrado a efectos de documentar las manifestaciones de dichos arrepentidos”.
Los pedidos de prueba formulados como “parte acusada” en el juicio son un paso ineludible antes de que el tribunal convoque al debate. Sin embargo, la defensa de la vicepresidenta insistió en que el expediente “se encuentra viciado por gravísimas irregularidades que fulminan absolutamente su validez”.
Si ello fuera receptado por el tribunal oral, el juicio no se haría. Difícilmente vaya a ocurrir algo así. Por eso los abogados hicieron “reservas” para acudir a todas las instancias posibles, locales e internacionales, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación a “los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías correspondientes”.
Previendo que habrá juicio y que probablemente su fecha esté signada por los tiempos políticos y las “necesidades” que suele acompañar el Poder Judicial, Beraldi y Llernovoy apuntaron al corazón de la prueba. Pidieron que “se practique un estudio pericial de caligrafía y scopometría sobre todos los cuadernos originales supuestamente manuscritos por Oscar Centeno”.
¿El objetivo? “Determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras. En caso afirmativo, se deberán estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”.
Algo así como preguntar de qué color era el caballo blanco de San Martín. En una causa judicial que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi ya está probado, mediante un examen realizado por la División Scopometría de la Policía Federal, que los cuadernos, al menos en lo que se refiere a uno de los empresarios imputados, Armando Loson, tienen unas 1.600 irregularidades como las que ahora pregunta la vicepresidenta.
“Además, los expertos intervinientes deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes. Finalmente, los peritos deberán establecer la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.
Las medidas apuntan a consolidar un criterio sobre el que el Poder Judicial se ha empinado en las últimas semanas para cerrar todas las denuncias derivadas de la filtración de los chats que desnudaron las relaciones de jueces y fiscales con funcionarios porteños. Si ninguna causa pudo prosperar porque ese elemento de prueba había sido obtenido de manera ilegal, ¿por qué cuadernos adulterados sí podrían ser utilizados como elementos de prueba?
El escrito también propone que “se libre oficio a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del ex Juez Federal Claudio Bonadío y del Fiscal Federal interviniente en la etapa de instrucción, Dr. Carlos Stornelli, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019”.
Con ese dato, “se le deberá requerir a la DAJUDECO que elabore un informe detallado en el que consten todos los registros de comunicaciones e impactos de celdas que los mismos hubiesen tenido lugar en el referido período (1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019), individualizándose a todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)”.
“Reviste una importancia dirimente para establecer la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados arrepentidos”.
Por último, la defensa de CFK recamó los expedientes administrativos de todas las obras públicas incluidas en la elevación a juicio oral que, según la acusación, formaron parte del supuesto entramado de pagos ilegales.
“Una vez que sean remitidos a la sede de este Tribunal los expedientes administrativos requeridos, nuestra parte habrá de identificar y solicitar que sean convocados al debate en calidad de testigos todos los funcionarios que intervinieron en su desarrollo, a efectos de que indiquen si recibieron indicaciones desde la Presidencia de la Nación vinculadas al trámite que debía imprimirse a las actuaciones”.
El Poder Judicial ha sostenido que la cabeza de la estructura de gobierno (Carlos Menem en la Causa Armas, Mauricio Macri en las escuchas ilegales del gobierno porteño, Fernando De la Rúa en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el propio Macri con los “cuentapropistas” de la AFI) no tenían por qué conocer al detalle lo que hacían sus subalternos.
En el caso de Cristina Kirchner cambiaron esa mirada y la condenaron por la Causa Vialidad, pese a la prueba de descargo presentada por las defensas.
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