La Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad aceptó un planteo de la fiscal Daniela Dupuy y la investigación pasará a la Justicia Federal. Se suma al caso Lago Escondido y a otro expediente por el hackeo.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente para investigar el hackeo que sufrió el exministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En una resolución, la jueza María Araceli Martínez pidió que el expediente pase a los tribunales de Comodoro Py y se acumule a la investigación por el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales y empresarios (junto con D’Alessandro) que lleva adelante el juez federal Sebastián Ramos.
Así lo pudo saber PERFIL por medio de fuentes judiciales. La jueza porteña Martínez firmó el viernes 28 de abril una resolución de 16 carillas en la que afirmó que “la competencia de este fuero local, a la luz de los hechos investigados y sus implicancias, se encuentra superada”, y que corresponde el pase al Fuero Federal. Lo hizo después de un pronunciamiento de la fiscal Daniela Dupuy, que lo había peticionado anteriormente.
La magistrada sostuvo que “esta justicia local ha logrado determinar, con el grado de certeza que la etapa requiere, la identidad de algunos de los implicados en los hechos investigados”. Además, sostuvo que la solicitud de incompetencia de la fiscal “implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, de que las medidas urgentes ya se han agotado”.
La causa que estaba radicada hasta el momento en la Justicia porteña se había iniciado a partir de una denuncia de D’Alessandro, presentada en noviembre del año pasado.
La fiscal Dupuy había avanzado en el esclarecimiento del caso, con la premisa de establecerquién o quiénes fueron los responsables de la maniobra de SIM Swapping que posibilitó el acceso a la información personal del iPhone del exfuncionario, parte de ella difundida luego en internet y redes sociales.
Hasta donde llegó el caso
Así las cosas, encontró al autor material del hackeo, el joven Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, un hacker de 22 años oriundo de la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, que fue allanado e imputado. En sus dos declaraciones indagatorias en la sede judicial confesó el hecho y contó que lo contactaron por Telegram para hacer el “trabajo” a cambio de una paga.
Nuñes Pinheiro está con custodia. Su defensa, a cargo de los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, pidió que sea amparado bajo la Ley del Arrepentido, ya que “está dispuesto a seguir colaborando y a realizar cualquier tarea tendiente a esclarecer los hechos”.
Según el dictamen judicial al que accedió este medio, por medio de la pesquisa, Dupuy logró determinar que “se evidencian los distintos eslabones que componen las maniobras y los roles que cada partícipe ha desempeñado y ello funda su sospecha sobre la actuación de una organización criminal que actuó coordinadamente y que se valió de un autor material para con su objetivo delictivo”.
Allí, también se describió que por medio de un informe del Cuerpo de Investigaciones quedó desentrañada la maniobra a partir de la cual se logró el acceso a la información de D’Alessandro. También que la plataforma Nosis proveyó un listado de 16 perfiles de usuarios que se registraron a través de un mismo dispositivo móvil identificado con su correspondiente código UUID, perteneciente a Nuñes Pinheiro.
A partir de esos perfiles, el hacker consultó información comercial y personal sobre 72 personas para usarla durante la maniobra informática destinada a ingresar a los diferentes celulares.
Además de D’Alessandro, los damnificados mencionados en la resolución son los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso (del tribunal que condenó a Cristina Kirchner), Gustavo Hornos, el diputado nacional Diego Santilli y Cristina Vanesa Figueroa, Verónica Salido, Luis Esteban Barbier y María Eugenia Piperio.
Más fundamentos
En los fundamentos de su pedido, la fiscal había señalado que correspondía la declaración de incompetencia y la acumulación con la causa del viaje a Lago Escondido, ya que “entre los casos mencionados y el presente, existe identidad de objeto y sujetos en función de lo cual, mantener las dos investigaciones separadas, podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios“.
Dupuy también había estimado que en el caso concurrían los elementos típicos para enmarcar el caso como una asociación ilícita. Pero la jueza Martínez se opuso al considerar que resulta prematuro porque “aún no se ha determinado la cantidad de personas que efectivamente habrían formado parte del acuerdo orientado a cometer ilícitos indeterminados”.
Entonces, la investigación en jurisdicción porteña logró llegar hasta el autor material, pero no hasta la persona o las personas que le encargaron la maniobra por medio de la plataforma de mensajería con el usuario “Eljuanxa”.
Tras la decisión que se conoció al concluir un plazo de secreto de sumario, todo indica que la causa va a terminar en manos de Ramos, en Comodoro Py.
Si prospera la revisión del planteo de la fiscal y de la jueza, el expediente sería enviado a Retiro, para acumularse a la causa por el viaje a Lago Escondido, donde se investiga la posible aceptación por parte de magistrados y funcionarios de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios en razón de sus cargos. Ahí también se investiga, en otro expediente acumulado, el hackeo y espionaje hacia parte de los implicados.
En el expediente, D’Alessandro está constituido como querellante y viene de rechazar un pedido para apartarse de la causa por temor de parcialidad a partir de su supuesto nexo con el exfuncionario porteño. Vale recordar que a fines de febrero, al declarar ante la Comisión de Juicio político, negó tener relación con él, pero a los minutos se filtró una supuesta conversación entre ambos, obtenida mediante el hackeo.
Tras ese hecho, Ramos fue denunciado por falso testimonio, pero la Justicia federal desestimó esa presentación.
ASV/ff/Perfil
