En el camino hacia el juicio oral por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner se abrió una etapa clave. El tribunal que estará a cargo del juicio les pidió a la fiscalía, a la querella de la vicepresidenta y a las defensas de los tres acusados que ofrezcan sus pruebas y testigos, que revisen el expediente y todos los elementos secuestrados. Para eso, tienen un plazo de diez días. La fiscal Gabriela Baigún pedirá una investigación suplementaria, y es posible que otras de las partes sigan el mismo camino. Esto se hace cuando se estima que son insuficientes o deficitarias las evidencias recolectadas durante la pesquisa en primera instancia.
Como es conocido, la jueza María Eugenia Capuchetti elevó el caso a la instancia oral con la acusación limitada a Fernando Sabag Montiel -el hombre que intentó disparar pero falló-, su novia de entonces, Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, quien manejaba el negocio de los copos de azúcar que la pareja vendía y que usó para hacer inteligencia en las inmediaciones de la casa de CFK. Iban con los algodones dulces a estudiar como podían matarla en aquellos días en que una multitud de personas iba a darle respaldo a la expresidenta en medio del juicio conocido como Vialidad, en que el terminó condenada. El diario Clarín lo había anunciado así al momento del atentado: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.
El futuro juicio
El trío será juzgado por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía, por ser planificado entre dos o más personas y agravado por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa. Sabag Montiel como autor, Uliarte como coautora y Carrizo como partícipe secundario. Cuando Capuchetti y el fiscal mandaron la causa a juicio, en junio último, afirmaron que no habían encontrado ninguna conexión política con el hecho ni que haya existido financiamiento. Tal como fue descripto, el hecho quedó despojado de su dimensión de violencia política.
Si la realización de una instrucción suplementaria es aprobada por el tribunal, es posible que algunas de las partes intenten retomar aquella línea no profundizada, aunque no hay que descartar que esto desate alguna discusión porque en el juzgado y la fiscalía de primera instancia quedó abierta, por ejemplo, la parte del expediente conocida como la “pista Milman”, alusiva al diputado del PRO Gerardo Milman, exjefe de campaña de Patricia Bullrich y su número dos en el Ministerio de Seguridad del macrismo.
También tramita de manera separada la causa sobre las acciones violentas de la organización Revolución Federal, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, pese a puntos de contacto con los llamados “copitos”. Hay cuatro referentes del grupo de ultraderecha procesados por incitación a la violencia colectiva. Aunque se corroboraron sospechosos pagos del Grupo Caputo -que manejan los hermanos de Luis Caputo, el exministro de Finanzas del macrismo- a uno de sus líderes, Jonathan Morel, nadie de la familia fue citado/a a indagatoria. ¿Qué pasa si aparecen pruebas en la instancia de juicio vinculadas con estas cuestiones? Puede ser un punto de tensión.
Un ejemplo de lo que puede ser conflictivo: Uliarte entregó a través de su defensores Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla, un escrito donde pedía ampliar su indagatoria. Decía que quería contar algunas cosas que adelantaba: según ella, Milman le pagaba a gente predispuesta a ir a provocar a las manifestaciones en Recoleta y Sabag Montiel hablaba con una tal “Carolina” -se sospecha que podría ser una colaboradora del diputado, Carolina Gómez Mónaco-. También vinculó al asesino fallido con Revolución Federal. En primera instancia no la citaron. El tribunal oral solo puede escucharla cuando empiece el juicio. En la causa de Revolución Federal, la querella de CFK y la de Juan Grabois pidieron que la citen como testigo. Nada sucedió.
Hasta ahora, todo parece indicar que las audiencias orales se harán el primer semestre del año que viene. Pero esto quedará atado a la demora del trámite de las nuevas pruebas, si los jueces/zas aceptan avanzar con ellas.
El tribunal
Otro asunto a definir es cómo estará integrado el tribunal oral. El caso está asignado al Tribunal Oral Federal 6, que tiene todos sus cargos vacantes. Las subrogancias son por un año, que se puede extender por uno más. El concurso podría avanzar igual que los que corresponden a otros cargos en Comodoro Py, pero el Consejo de la Magistratura tiene todas esas vacantes en el freezer, por obvias razones políticas.
Uno de los suplentes del TOF 6, Daniel Obligado, a quien se le vence la subrogancia el 30 de noviembre, planteó un nuevo pedido de prórroga como excepción y dada la situación particular del este tribunal. Alertó sobre “un menoscabo en la calidad funcional de la prestación del servicio jurisdiccional pues somete a los justiciables, las partes y el personal del tribunal a un permanente cambio de improntas laborales y reorganización de equipos de trabajo, con el agregado de tener que seguir, los jueces que han terminado sus dos años de subrogancia, trabajando para un tribunal en el cual ya no tienen más pertenencia que las causas que todavía no hayan concluido pero que sin embargo pueden prolongarse meses”. Agregó que, con juicios complejos y largos, de por sí es difícil compatibilizar las agendas con otros juicios y eso se entorpece con cambios de jueces/zas. A eso hay que sumar que los magistrados/as que llegan deben retomar, sin conocer, un trabajo que ya inició otro.
El presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, rechazó en acuerdo con algunos de sus pares el pedido de Obligado, que en dos semanas dejará ese tribunal. Otro de los jueces, Ignacio Fornari, finaliza su subrogancia en marzo. Sabrina Namer cumplirá su primer año en agosto del año que viene. Así las cosas, no se sabe todavía cómo estará integrado el tribunal que juzgará el atentado a CFK ni si habrá demoras adicionales producto del cambio integrantes.
Página/12
