El fallo lo firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda; el gobierno porteño espera que ahora traten sus pedidos de embargo contra la Nación
La Corte Suprema rechazó hoy las excusaciones y recusaciones que presentó el gobierno nacional contra sus jueces y quedó en condiciones de resolver en la causa promovida por la ciudad de Buenos Aires contra el recorte de fondos de coparticipación dispuesto por Alberto Fernández en diciembre de 2020.
Los autores del fallo fueron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó la sentencia. Se trata de un caso muy sensible porque una decisión favorable a los reclamos porteños impactaría en las arcas nacionales -que están en rojo- en pleno inicio del gobierno de Javier Milei, que asume en menos de diez días.
En esta causa, el 21 de diciembre del año pasado, por unanimidad, la Corte dictó una medida cautelar a favor de la Ciudad. Dispuso que hasta tanto se resolviera la discusión de fondo, mientras durara el juicio, el Estado Nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables” (la Ciudad reclama el 3,5% y antes de la cautelar estaba cobrando 1,4% más una suma especial para solventar la policía porteña).
Fuentes que intervienen en el expediente dijeron a LA NACION que lo próximo que deberá resolver la Corte son los pedidos de embargo que viene presentando desde hace meses la Ciudad, que denuncia que el Estado Nacional no cumplió con lo dispuesto en la cautelar. Según fuentes del gobierno porteño, solo le están pagando el 1,4%. El cálculo de los abogados de la Ciudad es que lo que les deben hoy por la diferencia con el 2,95% son más de 300.000 millones de pesos.
La Corte Suprema rechazó hoy las excusaciones y recusaciones que presentó el gobierno nacional contra sus jueces y quedó en condiciones de resolver en la causa promovida por la ciudad de Buenos Aires contra el recorte de fondos de coparticipación dispuesto por Alberto Fernández en diciembre de 2020.
Los autores del fallo fueron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó la sentencia. Se trata de un caso muy sensible porque una decisión favorable a los reclamos porteños impactaría en las arcas nacionales -que están en rojo- en pleno inicio del gobierno de Javier Milei, que asume en menos de diez días.javascript:falseAds by
En esta causa, el 21 de diciembre del año pasado, por unanimidad, la Corte dictó una medida cautelar a favor de la Ciudad. Dispuso que hasta tanto se resolviera la discusión de fondo, mientras durara el juicio, el Estado Nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables” (la Ciudad reclama el 3,5% y antes de la cautelar estaba cobrando 1,4% más una suma especial para solventar la policía porteña).
Fuentes que intervienen en el expediente dijeron a LA NACION que lo próximo que deberá resolver la Corte son los pedidos de embargo que viene presentando desde hace meses la Ciudad, que denuncia que el Estado Nacional no cumplió con lo dispuesto en la cautelar. Según fuentes del gobierno porteño, solo le están pagando el 1,4%. El cálculo de los abogados de la Ciudad es que lo que les deben hoy por la diferencia con el 2,95% son más de 300.000 millones de pesos.
La semana posterior al dictado de aquella cautelar, el Estado Nacional pidió el apartamiento de los jueces de la Corte. Argumentó que cuando dictaron esa medida, los ministros del tribunal anticiparon definiciones sobre cuestiones de fondo que deberían haber quedado reservadas para la sentencia definitiva y afirmó que, por ende, ahora debían dejar el expediente. Les pidió que ellos mismos se “excusaran” y, para el caso de que no lo hicieran, los recusó. En cuanto a Rosenkrantz agregaron que él había sido abogado de la provincia de Santa Fe en un caso similar y que eso también lo obligaba a apartarse.
Pero además, el 1° de febrero de 2023 el Gobierno recusó a Rosatti. Alegó que el 30 de diciembre de 2022 habían tomado estado público mensajes intercambiados entre el entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro y un funcionario de la vocalía del presidente del tribunal (Silvio Robles, su mano derecha), que generaban un “fundado temor de parcialidad” contra el Estado Nacional porque probaban -según el planteo- que desde la vocalía de Rosatti le estaban dando información del caso y recomendaciones a una de las partes.
La Corte, en su sentencia de hoy, le advirtió al Estado Nacional que solo los jueces pueden decidir si se excusan o no. Afirmó además que las recusaciones -que la ley sí prevé que las presenten las partes- planteadas en esta causa “resultan manifiestamente improcedentes”. Con ese argumento, las rechazaron “in limine”; es decir, sin siquiera darles trámite.
En cuanto a la recusación puntual contra Rosatti, el fallo de la Corte dice: “Se funda en hechos que la propia recusante reconoce como inciertos y que, más allá de su veracidad o falsedad y del carácter lícito o ilícito de su procedencia, no se atribuyen al magistrado sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado”.
Este caso y el supuesto tráfico de información a través de Robles fue uno de los argumentos del pedido del juicio político que el kirchnerismo promovió contra los jueces de la Corte en el Congreso. Anteayer, el oficialismo aprobó un dictamen de comisión acusatorio contra los cuatro magistrados del alto tribunal.
La historia del conflicto
El conflicto se generó luego de que el expresidente Mauricio Macri dispuso, en enero de 2016, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje, también durante el macrismo, bajó luego al 3,5%.
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se los concedió. Para eso, firmó el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la Ciudad y se los dio a la provincia de Buenos Aires. Dejó la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable).
Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que incrementaba aún más la quita de coparticipación. Llevó el porcentaje para la ciudad a 1,4% -el mismo que regía antes de que lo aumentara Macri- pero agregó, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la Policía, una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional. Ese desembolso equivale aproximadamente a 0,55% de la masa coparticipable.
En diciembre pasado, ante el planteo judicial de la Ciudad, la Corte llevó transitoriamente el porcentaje a 2,95% hasta tanto se definiera la cuestión y suspendió lo dispuesto por la ley de 2020.
En la Ciudad dicen que hoy la Nación solo les paga el 1,4% y dejó de transferirles incluso los fondos para la Policía que preveía la ley. Confían en que, ahora que los jueces están en condiciones de fallar, empiecen por hacer que el Estado Nacional cumpla la cautelar dictada. En cuanto al fondo de la cuestión, la Corte no tiene un plazo fijado para dictar su sentencia definitiva. Si decidiera abrir a prueba el caso, esa decisión podría demorarse.
LA NACION
