Los dirigentes explicaron que solo el gobierno puede dar de baja los Potenciar Trabajo y que entregan comida a granel. Denunciaron que los violentos operativos fueron ilegales y que la policía secuestró documentación que acredita ser parte de una unidad de gestión oficial.
El conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras organizaron en el Congreso de la Nación una conferencia de prensa para repudiar, en común, los más de 30 procedimientos y allanamientos sobre locales, comedores populares y viviendas particulares de dirigentes de las organizaciones que comenzaron en la madrugada del lunes y se desarrollaron durante todo el día.
Los operativos a cargo de la Policía Federal fueron dispuestos por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de una causa radicada en el juzgado de Sebastián Casanello. Las organizaciones que fueron alcanzadas por la medida judicial fueron el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Si bien se trata de agrupaciones que integran la Unidad Piquetera el conjunto de las organizaciones sociales, incluidas las que forman parte de la UTEP, coincidieron en repudiar los allanamientos por su contenido y su forma.
Los referentes piqueteros destacaron el carácter ilegal de los allanamientos que, a contramano de lo que dispone la legislación vigente fueron ejecutados en horas de la madrugada del lunes cuando se encuentra expresamente prohibido que ese tipo de procedimientos, al igual que los desalojos, se realicen a la noche. Además, denunciaron brutalidad policial, daños en las viviendas y operativos en presencia de niños y menores de edad cuando, ninguno de los afectados mostró resistencia y, por el contrario, optaron por colaborar con las fuerzas de seguridad.
A casi 48 horas de los operativos los representantes legales de los imputados no tienen acceso a la causa en una clara violación al derecho de defensa.
Clandestinos
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, además, destacó que apenas comenzado el allanamiento al local central de esa organización las fuerzas policiales interrumpieron las cámaras de seguridad del establecimiento con el propósito de “hacer un allanamiento en la clandestinidad”.
Para los dirigentes el objetivo de la embestida es el de “destruir a las organizaciones populares que enfrentan el ajuste de este gobierno”. Belliboni precisó que la causa de la que se desprenden los operativos comenzó el 20 de diciembre jornada durante la cual la Unidad Piquetera junto con otras organizaciones y partidos políticos impulsaron la primera movilización callejera contra este gobierno para repudiar el plan de ajuste anunciado horas antes por el ministro de Economía Luis Caputo. La denuncia la hizo la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
De hecho, para Belliboni, se trata de “una continuidad de la represión en la Avenida 9 de julio y en la Casa de Olivos a quienes protestaban porque el gobierno les sacó las prestaciones por esencialidad logradas durante la pandemia y que sirven para sostener actividades culturales y deportivas en los barrios populares. Estamos frente a un gobierno que quiere destruir la organización popular”.
“Este gobierno ha ido más lejos que ninguno. No solo ha querido sacarles la comida a las personas que la necesitan sino también destruir las organizaciones populares que defienden a los más vulnerables”.
Liberar los barrios para los narcos
El dirigente Charly Fernández, del FOL sufrió un allanamiento en su casa en la que se encontraban sus hijos menores y su compañera. Allí, denunciaron, los policías ingresaron acusando a los habitantes de ser “los que van a las marchas”. El mismo Fernández sostuvo que “quieren quebrar a las organizaciones populares que le ponen un freno al narcotráfico. No solo le quieren abrir el paso con el blanqueo sino que están liberando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Las organizaciones llevamos a los pibes a la escuela y a las actividades culturales para alejarlos del delito. Nos atacan porque ponemos el cuerpo donde no está la política y donde no está el Estado”, concluyó. Sin embargo, aclaró, “no tenemos nada que ocultar”.
Solidaridad
Alejandro Gramajo, titular de la UTEP que, por el momento, no fue víctima de los operativos y allanamientos sostuvo que “no nos cabe la menor duda que son compañeros honestos y sacrificados que todos los días de su vida se meten en los barrios humildes tratando de construir algo más justo. Los militantes populares actuamos en función de que nos duele el dolor ajeno y no soportamos la injusticia. A través de las organizaciones comunitarias y populares buscamos resolver problemas concretos que el Estado y la dirigencia política no sabe o no quiere resolver”.
El dirigente coincidió en que “lo que buscan es romper la organización popular y generar terror. Este modelo de empobrecimiento solo cierra con represión y persecución a los que estamos dispuestos a pelear hasta el final”.
Una de las abogadas del Polo Obrero y de otras organizaciones, Liliana Alaniz, señaló que “es una venganza de este Estado nacional contra quienes se organizan. Blanquean los capitales y allanan los barrios populares. Acá nadie allana Nordelta o Puerto Madero”. A la vez denunció los vicios de los procedimientos judiciales que “afectan el derecho de defensa”. La letrada se lamentó, “¿Cómo es posible que (Luis) Majul tenga los expedientes antes que los abogados defensores”. A la vez, informó que “el juez reconoció que estaban flojos de papeles e indico desestimar las denuncias pero el fiscal siguió adelante en una clara muestra de que se trata de una ofensiva política. Los allanamientos fueron arbitrarios y violentos y, además, duraron horas. Los allanamientos a la noche están prohibidos”, recordó.
Alaniz graficó la arbitrariedad señalando que “¿Cuál es el robo que hacen los compañeros? ¿Que uno tenía $25 mil en la casa? Dicen que hay 952 denuncias y, por lo que sabemos, solo aparecen 12 en la causa que se están investigando. Los comedores no tiene alimentos pero resulta que son ellos los ladrones”.
Argumentos
A la hora de las acusaciones, los dirigentes no eludieron las preguntas de la prensa. Por el contrario se mostraron predispuestos a dar todas las explicaciones del caso y a denunciar lo que consideran “una campaña de mentiras del fiscal”. Es que la causa investiga una supuesta extorsión de los dirigentes sobre los beneficiarios de los planes con amenazas de dar de baja el programa en caso de no participar de las movilizaciones. Belliboni explicó que “nunca pudieron probar nada de esto por dos motivos. El primero es simplemente porque no ocurre y el segundo porque el único que puede dar de baja los programas es el Estado. Es el Estado el que le saca los planes y la comida y no los dirigentes que no tenemos posibilidad de hacerlo”. El dirigente del Polo Obrero explicó que, además, “todos los gobiernos hacen auditorias. Miente en todo lo que dice Sandra Petovello. Ella tiene el nombre y apellido de cada persona que recibe alimentos que, por otro lado, son a granel. Es mentira que hay plata para alimentos. Nosotros tenemos todos los remitos de las entregas que hace el mismo Estado”.
Fernández del FOL, por su parte, denunció que “uno de los argumentos que plantea la causa es que los compañeros allanados estaban dentro de una unidad de gestión que es un organismo creado por el Estado”. La policía, explicó, ingresó a las casas a “buscar documentación que acreditara ser parte de una organización perteneciente a un programa de una política pública nacional, es absurdo. Lo que plantean de fondo es que lo que está prohibido es organizarse”. Lo que no entienden, concluyó, “es que la organización popular consiste justamente en que la gente se organiza en forma voluntaria para paliar su situación de hambre. Es todo mentira porque las cuentas son individuales desde toda la vida”. El dirigente aprovechó para reclamar a los medios que difundieron maliciosamente la noticia “nuestro derecho a réplica en los medios que están planteando infamias y mentiras. Es una campaña de difamación. Tenemos derecho a responder”.
El dirigente del FOL, por otro lado, destacó que el contenido persecutorio de los procedimientos se delata en las mismas modificaciones de las reglamentaciones que propuso el ministerio de Capital Humano. Charly Fernández denunció que “una de las modificaciones de las resolución del programa Potenciar Trabajo plantea que el titular del beneficio no puede movilizar. No hay nada más clientelar y extorsivo que prohibirle a una persona que tienen carencias que no puede movilizar. Lo que quieren prohibir es organizarse”.
Según difundió el diario La Nación en una nota con datos de la causa a la que no acceden los abogados de la defensa, el juez Casanello dispuso la inhibición de los bienes de los dirigentes allanados. Allí, en forma rimbombante, puntualizan el secuestro de celulares, notebooks, remitos y dinero en efectivo. Todos bienes que podrían encontrarse en las casas de cualquier ciudadano. Se trata de una franca y arbitraria violación a la propiedad privada y los derechos individuales de los afectados.
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