Así lo dispuso el juez de feria Martín Cormick, quien resolvió “desestimar el recurso de revocatoria y la apelación subsidiaria” e “intimar a la demandada a cumplir con lo ordenado el 22 de julio”. La denuncia había sido formulada por la UTEP y el CELS, ante la no entrega a comedores y merenderos desde diciembre.
Parece un cuento de nunca acabar. Mientras tanto, los comedores siguen sin recibir recursos en un contexto de hambre creciente. La Justicia rechazó una nueva apelación del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y le dio 48 horas para que restituya el servicio alimentario a comedores y merenderos, tal como fue ordenado por la medida cautelar previa.
Así lo dispuso el juez de feria Martín Cormick, quien resolvió “desestimar el recurso de revocatoria y la apelación subsidiaria” e “intimar a la demandada a cumplir con lo ordenado el 22/07/24 dentro del plazo allí dispuesto el que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución”.
Así, a partir de este viernes, Pettovello tiene dos días para restaurar la provisión de recursos a comedores, en un nuevo episodio en la causa que comenzó a partir de una denuncia que realizaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“La justicia le volvió a reclamar al Ministerio de Capital Humano que entregue alimentos a los comedores. El juez de feria no aceptó los argumentos del gobierno y le exige que el lunes ya muestre resultados”, difundió el CELS.
Sin comida desde diciembre
Antes del inicio de la feria judicial, el magistrado de la causa -Walter Lara Correa- había dispuesto el 12 de julio la distribución de los alimentos. Pero nunca se concretó. Luego, se habilitó la feria y el juez Cormick consideró que “toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”.
Según lo denunciado en su momento, “desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir mercadería mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social agudizada por el ajuste del propio gobierno. Por eso, en el mes de febrero desde la UTEP y el CELS se presentó un amparo colectivo y el reclamo de una medida cautelar para que se garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente”.
En su fallo del 12 de julio, el juez Correa consideró que “la solución cautelar alcanzada protege el interés público de las personas que asisten a los comedores y/o merenderos –y especialmente de los más vulnerables– al garantizar la prestación del servicio de calidad”.
Esta medida, aún incumplida, se dio tras el escándalo por la detección de millones de kilos de alimentos retenidos en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. En ese caso, Pettovello también se negó a dar asistencia directa a comedores. El Ministerio de Capital Humano le propuso en ese marco al Poder Judicial que las áreas de desarrollo social de todas las provincias se sumen al plan para repartir los alimentos almacenados en esos galpones, pero planteó que la comida no fuera enviada a comedores populares sino a “escuelas vulnerables”. Pero además, Capital Humano formuló un plan de reparto a la vez que se presentó ante Casación para resistirse a la entrega de la comida almacenada.
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