El nuevo incremento en el transporte del AMBA no solo impacta los bolsillos, sino que reabre viejas tensiones políticas entre Nación, Ciudad y Provincia por la distribución de subsidios y la apertura del sistema de pagos.
Todo en todas partes al mismo tiempo fue LA película de los Oscar 2022 y la Secretaría de Transporte inició la semana pasada una remake bien argentina, con rosca política, más rosca empresaria y una importante suba de precios para los usuarios del transporte público del área metropolitana. Por un lado, anunció la apertura del sistema de pagos del transporte a la competencia de bancos y billeteras, aunque con asteriscos. Pero también oficializó que sube el boleto de colectivo desde hoy. E inició un nuevo frente de conflicto con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires al poner fecha límite para transferirles una parte de los subsidios que hoy se solventan con recursos de la Nación.
Todo
Lo importante para el bolsillo es que, desde hoy, los colectivos del área metropolitana son 37,5% más caros. Existen tres precios para el mismo viaje. El usuario con tarifa social (jubilados, trabajadoras y trabajadores de casas particulares, estudiantes con becas Progresar, entre otros) paga, desde el 12 de agosto, un boleto mínimo de $166,46. El usuario con SUBE nominalizada (es decir, que la registró) abona $371,13. Quien viaje con una SUBE sin registrar pagará, desde hoy, $590,10 por un viaje de hasta 3 kilómetros en el Área Metropolitana.
Se trata del cuarto incremento de la administración de Javier Milei. La Secretaría de Transporte, al mando de Franco Mogetta, llevó el mínimo con subsidio (sin tarifa social) de $52,96 en diciembre a $76,92 en enero, lo elevó hasta $270 en febrero y ahora lo sube otros $100. Es un incremento del 600% que también rige para quienes tengan el subsidio de la tarifa social. Para quienes no hayan registrado la SUBE, el aumento fue todavía mayor.
La resolución deja en claro que todavía quedan más aumentos, que el Ministerio de Economía de Luis Caputo irá dosificando para no impactar de lleno en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“A la fecha, el índice representativo del aumento de precios de la región (IPC Región GBA) registró una variación acumulada del 82,2%” para el periodo de enero a junio de 2024, se lee en la Resolución 25/2024 de la Secretaría de Transporte. “Este aumento en el IPC Región GBA se explica por las variaciones mensuales de 19,6% en enero, 15% en febrero, 11,5% en marzo, 9,2% en abril, 4,3% en mayo y 4,4% en junio”, continúa. “Se considera oportuno actualizar las tarifas aplicando la variación acumulada para los primeros dos meses del período bajo análisis, lo que representa un 37,5% (meses de enero y febrero), quedando pendiente o a consideración de futuras actualizaciones un 32,5% correspondiente al periodo comprendido por los meses de marzo, abril, mayo y junio”, se justifica en la normativa.
Con estos precios, el boleto con subsidio del AMBA sigue penúltimo en el “ranking” que elaboran, cada mes, las empresas de colectivos nucleadas en Aaeta. La tarifa mínima es de $1591 en Pinamar y de $300 en La Rioja. En Rosario y Córdoba Capital, el viaje mínimo sin tarifa social vale $940. Según Aaeta, la tarifa técnica sin subsidios supera los $1500.
En todas partes
En paralelo, la Secretaría de Transporte anunció que, desde septiembre, dejará de pagar los subsidios para las 31 líneas de colectivos que funcionan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires y que también discontinuará lo que abona tanto en Ciudad como en la provincia de Buenos Aires para bonificar el boleto integrado de dos y hasta tres tramos.
Son dos peleas mitad técnicas y mitad políticas. Por un lado, Nación busca que Ciudad se haga cargo del transporte no interjurisdiccional, algo que ya hace la gobernación bonaerense con las líneas que no cruzan la Avenida General Paz. La Nación cuantificó esa cuenta en $14.500 millones por mes.
La Ciudad respondió que las líneas de colectivos en disputa “dependen directamente del Gobierno Nacional”, que fija las tarifas y regula el servicio, las frecuencias y los subsidios. Dio a entender que la quita de subsidios repercutirá en el precio del boleto, pero que será responsabilidad de la gestión de Javier Milei.
La transferencia de los subsidios a la Ciudad comenzó en 2019, con Mauricio Macri en la Presidencia y Horacio Rodríguez Larreta en Jefatura de Gobierno. El acuerdo político de aquel entonces se desvirtuó durante la pandemia y se renegoció a los ponchazos con Alberto Fernández, en medio de la disputa por la coparticipación. Aquel entendimiento suponía que CABA debía pagar el 55% de los subsidios por las líneas que no cruzaran a la provincia.
“La quita de subsidios a CABA nivelaría su situación con Provincia de Buenos Aires, que abona el 100% de los subsidios que le corresponden a las líneas de colectivo provinciales y municipales, aunque es verdad que los contratos de las 31 líneas con recorrido exclusivo en la Ciudad siguen en manos de Nación”, dijo a Cenital Rafael Skiadaressis, investigador asociado del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA.
Por otro lado, Nación quiere que tanto Jorge Macri como Axel Kicillof subsidien las partes del boleto integrado que responden al transporte que no sea interjurisdiccional. La cuenta que Transporte envió a los distritos es de $ 1500 millones y $ 6500 millones por mes, respectivamente. El Gobierno quiere que La Plata pague $4100 millones de esos $6500 millones.
La gestión de Kicillof replicó que no se hará cargo de ese gasto. “En el afán de generar un déficit cero trucho, la Nación deja de pagar cosas. Es un aumento encubierto contra los bonaerenses”, dijo el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio. “En caso de discontinuar el Estado Nacional los pagos de los costos del Sistema de Boleto Integrado, los usuarios del sistema deberían afrontar la tarifa íntegra del boleto”, advirtió el ministro, en una nota que envió a Caputo. Las partidas presupuestarias para girar el dinero están disponibles, recordó.
“Cuando le planteamos esto a la provincia, se estipulaba que ellos debían solventar alrededor de $70.000 millones (por año) y estaba todo OK. Llama la atención que ahora que le pasamos el número final de $50.000 millones, la provincia diga que no”, replicaron en la Secretaría de Transporte de Nación.
Según Skiadaressis, la tarifa social (que sigue pagando la Nación, en distintas ciudades del país) y el boleto integrado (solo en AMBA) representan el 10% de los subsidios al transporte. “El boleto integrado es una herramienta fundamental en el esquema de movilidad metropolitano, pero no es un subsidio federal, como lo es la tarifa social”, dijo el especialista. “Esta puja política debería dirimirse en una instancia específica de coordinación política que es la Agencia de Transporte Metropolitana”, añadió.
Hasta el momento, los subsidios funcionan de manera coordinada. Un usuario de tarifa social también tiene el beneficio del boleto integrado, con descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero, dentro de un rango de dos horas. El golpe sería sensible en el AMBA. En la provincia de Buenos Aires, el 35% de los viajes son con tarifa social.
Al mismo tiempo
Mientras todo esto ocurre, la normativa que abrió el camino para poder pagar los viajes con tarjetas de débito y crédito y (más adelante) con código QR generó sus propias disputas.
Como contó Cenital, los bancos y fintech estaban detrás de esta jugosísima apertura, hoy monopolizada por el sistema SUBE que administra Nación Servicios con una comisión de casi 7% por operación. El transporte público canaliza unas 4200 millones de transacciones por año. Como referencia, las tarjetas de débito concentran 20.000 millones de operaciones anuales, cada una con su respectiva comisión de 0,8%.
La semana pasada, la Secretaría de Transporte inició el camino de apertura gradual. La normativa y los pasos a seguir ponen en la pole position a los bancos, relegan a Mercado Pago y otros QR a una segunda fila y dejan con gusto a muy poco a las firmas procesadoras de pago o adquirentes, como Prisma y Fiserv.
Transporte dispuso iniciar gradualmente, a partir de septiembre, el pago con medios distintos a la SUBE. En una primera instancia, el sistema se abrirá en localidades de pocos habitantes. “En primer lugar, se habilitará el uso de tarjeta de débito, que es lo más fácil y rápido de implementar. En etapas futuras se incorporarán las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales y códigos QR. Pero son instancias que se irán anunciando a medida que avance la implementación”, comunicó el Gobierno.
Aquí es clave la principalidad: convertirse en el principal y más habitual medio de pago. Para eso, llegar primero hace la diferencia. Por eso los bancos saludaron rápidamente la apertura, que inicia con la tarjeta de débito. Mercado Pago, fuerte con el QR, podrá entrar más adelante, aunque saludó que se hayan regulado “principios” y no medios de pago, lo que abre la puerta a pagar con distintas alternativas.
Pero lo que el Gobierno no abrió fue el procesamiento de esos pagos, que es lo más jugoso del negocio. El artículo 4 de la resolución dispone que seguirá en cabeza de Nación Servicios. La firma del Banco Nación terceriza en un privado, Global Processing. Empresas como Prisma, Mercado Pago o Fiserv podrían entrar ahí. La fintech de Marcos Galperin hizo saber que no está interesada. Otra grande, sin embargo, manifestó su interés.
Para una firma grande de procesamiento de pagos, la competencia en esa instancia podría hacer que las empresas peleen y bajen costos en la infraestructura necesaria para adecuar los sistemas. Por otro lado, la SUBE seguirá siendo la cabeza de los boletos subsidiados, con o sin tarifa social. Hace sentido que la administración central quiera retener esa información sensible.
Pero queda abierta la duda sobre quién hará la inversión necesaria para adecuar la tecnología. Transporte dijo que el Estado no pondrá un peso. Pero el artículo 5 de la resolución dispone que “todos los derechos de propiedad” que se incorporen al equipamiento “serán titularidad del Estado Nacional”. Si los equipos vigentes se adecuan para recibir más medios de pago y la Nación no pone plata, quien haga esa inversión debe recibir algo a cambio que la convierta en muy rentable. Por otro lado, si entran equipos nuevos, más caros por el reemplazo de la infraestructura, tendrán que repagarse con las comisiones asociadas a los viajes, que procesará Nación Servicios.
Esta película, a diferencia de la que ganó el Oscar, ya tiene material para la segunda parte.
Cenital
