DIPUTADOS FIRMÓ LOS DICTÁMENES DE FICHA LIMPIA Y EL DEBATE SE ENCAMINA AL RECINTO

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Se firmaron cuatro dictámenes. Las iniciativas buscan impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves.

La Cámara de Diputados avanzó hoy con la firma de los dictámenes del proyecto de ley de “Ficha Limpia” para impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves.

El debate sobre la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, para limitar el derecho al sufragio pasivo, se desarrolló en el Salón Delia Parodi en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. 

El proyecto de ley que tiene como autora a Silvia Lospennato (PRO) recibió la mayor cantidad de firmas y resultó el dictamen de mayoría, ya que cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza, de la mayor parte de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Este proyecto plantea como estándar mínimo para la inhabilitación electoral el principio de doble conforme, es decir, la condena en segunda instancia.

Abarca los delitos penales de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, y fraude en perjuicio de la administración pública.

Unión por la Patria, con Mónica Litza como autora del proyecto, firmó un dictamen que impone una condena firme emitida por la Corte Suprema como condición para impedir la participación electoral.

El tercer dictamen de minoría es el impulsado por el radical formoseño Fernando Carbajal, que es similar al de Lospennato (doble conforme) pero abarca una mayor cantidad de delitos dolosos. Y por último Vanina Biasi del Frente de Izquierda firmó otro despacho de minoría.

Según la letra de los distintos proyectos, la inhabilitación temporal de quienes estén impedidos de ser candidatos se mantiene hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.

La normativa actual solamente prohíbe la participación electoral cuando hay condena firme o cuando las personas en cuestión tienen “auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal”.

El primer proyecto presentado en la materia fue en el 2016 pero recién dos años más tarde se forjaría un vigoroso movimiento ciudadano alrededor de la iniciativa de Ficha Limpia que tomó forma a través de una campaña de recolección de firmas mediante la plataforma Change.org.

La campaña, que estuvo motorizada por el ciudadano Gastón Ignacio Marra y la periodista Fanny Mandelbaum, llegó a cosechar más de 450 mil firmas.

Los discursos

La primera en tomar la palabra fue Lospennato, quien recordó que desde el 2016 el PRO viene impulsando esta iniciativa, y que en 2019 Cambiemos logró llevar el tema al recinto pero no tuvo el número necesario para obtener la media sanción en Diputados.

“Ahora con estos mismos bloques, sumado al bloque de La Libertad Avanza, somos más de los 129 diputados y diputadas necesarias para que en los próximos días tengamos media sanción de ficha limpia”, celebró.

“No queremos a más corruptos utilizando el Congreso como un lugar para evadir sus responsabilidades”, apuntó y destacó que esta iniciativa busca “concretar un sueño de los constituyentes de 1994, a 30 años de la reforma constitucional, con lo cual  les vamos a decir a esos constituyentes que estamos por fin plasmando en la letra de una ley reglamentaria lo que ellos dijeron en el artículo 36 de la Constitución”.

“En nuestro dictamen, estamos poniendo la condena confirmada porque creemos que estamos tocando un derecho político. Sabemos lo valioso que es ese derecho político y queremos darle la máxima protección, nivelando, obviamente, con el otro derecho que tenemos los ciudadanos, a ser gobernados por gente honesta y con la calidad ética necesaria para cumplir con esa manda constitucional, que equipara a los corruptos con traidores a la patria”, destacó.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto instó a “cumplir el mandato de los ciudadanos que han firmado el tratamiento de Ficha Limpia”. 

Desde Unión por la Patria, Litza apuntó que “la Ficha Limpia está prevista por nuestro sistema penal y jurídico”. 

“Existe, es respetuosa de las garantías constitucionales y los pactos internacionales con jerarquía constitucional”, agregó la dirigente del Frente Renovador, que logró el apoyo del kirchnerismo.

“Si hay una ficha limpia, tiene que haber seguramente una ficha sucia. Somos 257 diputados y diputadas, señor presidente, y 72 senadores y senadoras. Quisiera saber quién es de nosotros que estamos sentados en estas bancas, tenemos una ficha sucia”, azuzó.

Por su parte, Carbajal informó que presentaría su propio dictamen de minoría para que no solo “no puedan ser candidatos los condenados por corrupción, sino por narcotráfico, pedofilia, y asesinato”.

“El dictamen de la mayoría es insuficiente y no responde al concepto de Ficha Limpia. Mi dictamen contiene un criterio de razonabilidad para todo ciudadano condenado a una pena superior a 3 años”, agregó.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria señaló que nuevamente como en el 2019 hizo Cambiemos “vienen a generar una cortina de huma mediática” que “va ser totalmente inconstitucional debido a que vuelven a vulnerar el principio de inocencia”.

El formoseño señaló que en el proyecto deberían incorporarse los delitos de “corrupción privada, contra el orden económico, penal tributario, aduanero, y de  narcotráfico”.

A su turno, la también radical Danya Tavela dijo que le “hubiera gustado que también se incorporara, a través de la modificación de la Ley de Ética Pública, a los funcionarios”.

“La Ficha Limpia no debe ser solo para quienes son electos por el voto popular, sino también para aquellos que son electos por el dedo de quien fue alguna vez electo. En Argentina hay más de 1500 cargos del Poder Ejecutivo nacional que revisten la categoría de autoridad superior. Y esos cargos ejecutan un presupuesto tres o cuatro veces mayor que el que ejecuta este Poder Legislativo”, remató. 
 

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