La dirección general de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura se vio obligada a extender las exposiciones “debido a la gran cantidad de inscriptos”. ¿Qué tipo de demandas se están escuchando por estos días?
Jorge Macri tiene prisa. Su propuesta de reformar el Código Urbanístico vino acompañada por una suspensión de los permisos para construcciones de hasta cuatro pisos, lo que desató el enojo de desarrolladores pequeños y medianos. La promesa del jefe de Gobierno porteño es que la suspensión no se va a prorrogar y que el nuevo CUR –sigla con la que circula desde hace tiempo entre legisladores, desarrolladores y asociaciones vecinales– se va a aprobar antes de fin de año.
Pero falta cada vez menos. Y las audiencias públicas, algo que parecía una mera formalidad entre la primera y la segunda votación, parecen haber despertado un gran interés en la ciudadanía. Así, la idea original del Gobierno –celebrar la audiencia el 6 de noviembre a la tarde y convocar lo antes posible a la Legislatura para terminar de aprobar los cambios– se encontró con un pequeño escollo: hubo 1.740 anotados.
La dirección general de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura se vio obligada a extender las audiencias públicas durante ocho días “debido a la gran cantidad de inscriptos”, comunicó. Comenzaron este miércoles y terminarán recién el 15 de noviembre.
¿Qué tipo de demandas se están escuchando por estos días? Falta de espacios de esparcimiento, problemas con la infraestructura existente, escasa presencia de equipamientos en áreas “a densificar” y desatención de zonas prioritarias.
Alguna vez, durante los debates en torno al futuro de Costa Salguero, me preguntaron jocosamente quién habrá escuchado a las miles de personas que se inscribieron para hablar. Respondí lo mismo que ahora: que en las audiencias –tanto virtuales como presenciales– se ven arquitectos, urbanistas, maestros, sociólogas, comerciantes, jubilados, gente joven, vecinos de Lugano o de Villa Crespo.
No siempre el discurso que uno escucha es el más articulado y algunas voces son contradictorias, pero en general se habla con conocimiento de causa (muchos al menos leyeron el proyecto) y suelen aparecer buenos argumentos, producto –entre otras cosas– de la riqueza de miradas.
Simulacro de participación
Jorge Macri hizo campaña criticando el Código Urbanístico vigente, sancionado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
“Nos guía un objetivo muy claro: respetar la identidad de cada barrio. No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada”, dijo el jefe de Gobierno en una nota enviada a la Legislatura.
Si nos guiamos por lo discursivo, podemos llegar a creer que estamos frente a un líder local alineado con las demandas de los grupos organizados de vecinos. Pero un somero repaso por los hechos de los últimos meses alcanza para relativizar esta idea.
En febrero, las cuentas oficiales de Jorge Macri lo mostraron en un café junto a un puñado de representantes vecinales en un encuentro controlado. Por el mismo momento, la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad decía que estaba “recopilando consideraciones de los vecinos” (incluyendo 30 reuniones) para tener “un proceso lo más abierto posible”.
Pero el proyecto que ingresó en la Legislatura a finales de julio –que baja las alturas máximas permitidas en ciertas áreas de barrios específicos a cambio de habilitar torres de hasta 30 pisos en numerosas avenidas– no parece haber reflejado estas inquietudes.
“En lugar de proteger la identidad barrial y garantizar un desarrollo equilibrado, este plan parece orientado a beneficiar intereses inmobiliarios a costa de nuestra calidad de vida. Se incrementan las alturas permitidas en zonas residenciales, se fomenta la densificación sin la infraestructura necesaria y se minimiza la protección del patrimonio histórico”, dijeron instituciones del barrio de Saavedra en una nota dirigida al alcalde.
“A lo largo de este proceso, el Gobierno ha ignorado las voces de los vecinos, realizando reuniones que no fueron abiertas ni inclusivas. Como resultado, muchas de las preocupaciones legítimas de quienes vivimos en estos barrios no han sido consideradas”, aseguraron.
Se podrá argumentar que no es posible escuchar todos los reclamos, mucho menos incorporarlos a un proyecto con algún grado de complejidad técnica como un Código Urbanístico. Por eso mismo es importante la opinión de los especialistas… y éstos tampoco fueron escuchados.
“A pesar de los reiterados pedidos cursados al Sr. secretario de Desarrollo Urbano, el CPAU, institución que administra la matrícula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudo acceder a una versión escrita, ni siquiera en borrador, ni mucho menos definitiva, antes de su presentación”, dijo el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
El sur también existe
Recién en septiembre, con el proyecto del oficialismo aprobado en primera lectura, las autoridades del CPAU pudieron acudir a la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura para presentar sus reparos sobre la iniciativa.
“Nos preocupa el tema de la transferencia de la capacidad constructiva y el declamado interés de desarrollar la zona sur porque, en verdad, no hay una idea de desarrollo urbano para ese territorio”, sostuvo Rosa Aboy, que hace poco finalizó su mandato como presidenta del organismo. “Queremos saber cuál es el plan de reactivación allí más allá de transferir aquellos metros que se construyen en el norte”.
La Capacidad Constructiva Adicional (CAC) es una herramienta central del nuevo CUR, que le permite a aquellos que desarrollen vivienda en la zona sur de la ciudad, ganar cuadrados adicionales para construir en las áreas del norte que ya le interesan al mercado inmobiliario –y que hace años concentran el grueso de los nuevos desarrollos–.
El gobierno porteño justifica esta herramienta a partir de una brecha norte-sur que ilustra mediante un “Índice de cobertura de las necesidades de la vida cotidiana” y que evalúa la proximidad a la infraestructura de servicios en toda la ciudad.
Para los especialistas Luciana Antelo y Agustín Mango, de FADU-UBA, “lo que deja en evidencia el resultado de este diagnóstico es la falencia en términos de infraestructura que tiene gran parte de la Ciudad (las áreas en rojo) y que el mismo Gobierno propone solucionar sólo con incentivos al desarrollo privado en las áreas donde las necesidades están resueltas”.
En este contexto, sostienen, “la posibilidad de encarnar el rol de Estado no aparece y las grandes decisiones urbanísticas siguen subordinadas a los intereses económicos”.
Cabe recordar que el código vigente también premiaba la inversión en el sur, pero el mecanismo “no funcionó”, según admitieron semanas atrás en el Gobierno. ¿No será precisamente por falta de infraestructura o de inversión estatal que vuelvan más vivibles estas áreas?
Los funcionarios competentes parecen estar al tanto de este desafío. Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano desde la época de Larreta, ofreció una explicación parecida para vender el proceso de renovación urbana que atravesó el barrio de Parque Patricios con la creación del Distrito Tecnológico y la instalación de la sede del gobierno porteño.
“Fue una política pública que transformó al barrio, acompañada de la estimulación para que fueran a vivir más personas a la zona. A partir de eso, se empezó a reconfigurar la oferta comercial”, le dijo al diario La Nación. Se le podría sumar la inauguración de línea H de subtes, la última desarrollada hasta el momento, que ayudó a que miles de personas puedan llegar rápidamente a sus lugares de empleo y funcionó como dealbreaker para muchas personas que decidieron comprar o alquilar por la zona.
¿Qué es eso sino una clara decisión política de invertir recursos del Estado para mejorar un área de la ciudad? Ahora bien, ¿cuál sería la política actual de desarrollo para el sur de esta gestión, más allá del enésino incentivo a privados y un paso bajo nivel en Villa Lugano?
La pregunta cobra relevancia mientras crece el número de voces que piden que barrios como Constitución sean designados áreas de desarrollo prioritario. Hacia el oeste de la estación sigue siendo tierra de nadie, como puede atestiguar cualquiera que haya caminado por la calle Pedro Echagüe.
Juntos pero no amontonados
Otro punto de debate tiene que ver con la mixtura de usos, algo que comentamos brevemente antes de la primera votación.
Dicho en sencillo, un título entero del CUR está dedicado a definir los usos permitidos para cada sector de la ciudad y el de 2018 había propuesto avanzar en una mayor mezcla de usos, en especial comerciales y residenciales. Esta mayor porosidad –que encontraba un razonable justificativo en la idea de avanzar hacia una ciudad más policéntrica, con servicios de cercanía– fue resistida por algunos grupos de vecinos.
El arquitecto Mariano Orlando, asesor de la legisladora Claudia Neira (Unión por la Patria), dio el ejemplo de ViaViva, un nuevo centro comercial a cielo abierto desarrollado en el bajo viaducto Mitre en Belgrano. “La lógica de los shoppings se compone de un tercio de locales, un tercio de estacionamientos y un tercio de circulación de personas. En este caso, las circulaciones y estacionamientos los absorbe el espacio público y los sufre el barrio”, sostiene.
Orlando cita también los casos de las “expansiones gastronómicas” en Belgrano, el enclave de locales bailables en Liniers y el polo “camino a la turistificación” en Villa Devoto, donde el gobierno porteño busca hacer funcionar un Distrito del Vino.
Acaso con el espíritu “protector” hacia determinados barrios residenciales que baja por orden de Jorge Macri, el CUR buscó regular la “saturación de usos” mediante la clasificación de cada sector de la ciudad en cuatro categorías, siendo 1 una baja mixtura de usos (en “áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas”) y 4 una alta, destinada a grandes corredores, áreas residenciales densas, zonas de depósitos y espacios comerciales de afluencia metropolitana.
“La saturación de usos es una propuesta de herramienta que aún no está definida. Quien promueve mucho su existencia es Claudia Neira. Yo estoy algo de acuerdo en encontrar una herramienta, aunque no me parece fácil que haya una que no sea discrecional,” dijo García Resta cuando le consulté por este tema. “Una cosa es querer que algo así exista y otra es tener parámetros objetivos, medibles y dónde aplicarlo. ¿Un barrio residencial es saturación de usos residenciales?”
Neira dice que el gobierno porteño es el que debió haber tenido un diagnóstico que acompañara la presentación del nuevo código. “Por lo menos ahora ya aceptan que hay un problema con la saturación de algunos usos”, me dijo cuando la consulté por este tema.
Desde su equipo indican que ante la ausencia de un modelo productivo o una visión que guíe el desarrollo de actividades urbanas complejas lo mejor que tienen a mano es un “menú de herramientas” que ofrecen las asociaciones vecinales, como una restricción a las actividades comerciales, evaluaciones de impacto ambiental y un límite a la creación de nuevos distritos económicos.
Está claro que a un Código Urbanístico no lo arman los vecinos. Pero la combinación de un gobierno sin mayoría propia en la Legislatura –Jorge Macri tiene apenas ocho legisladores propios– con un proyecto poco discutido antes de su presentación oficial hacen que hoy tengamos una iniciativa que se presentó sin esperar la actualización del Plan Urbano Ambiental y a la que, además, le empiezan a caer parches parciales, que es lo peor que le puede pasar.
Cenital
