De las cinco iniciativas que ingresaron al régimen, la petrolera nacional protagoniza el más importante e insiste con la planta de GNL.
En la Argentina libertaria, la petrolera de control estatal YPF capitanea los proyectos de inversión más grandes del país. La compañía que preside el ex Tecpetrol Horacio Marín y que tiene en su directorio al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a su vicejefe, José Rolandi, es la que da impulso a los proyectos estratégicos para ampliar la capacidad de exportación del petróleo y gas de Vaca Muerta y la que inauguró las inscripciones en el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) con una iniciativa para ampliar la generación de energía renovable. Irónicamente, a Javier Milei lo salva el Estado.
De los cinco proyectos que ingresaron al RIGI hasta el momento, por casi USD 4.500 millones, YPF es protagonista en dos, que totalizan más de USD 2.700 millones: el ambicioso gasoducto Vaca Muerta Sur (al menos USD 2.500 millones de inversión) y el parque fotovoltaico “El quemado”, en Mendoza (USD 220 millones). Los otros tres proyectos son de minería de litio y cobre.
YPF anunció esta semana la inversión más grande del sector privado en las últimas dos décadas: el gasoducto Vaca Muerta Sur. El proyecto conectará el yacimiento con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro –el mismo en el que planea instalar la planta de licuefacción de gas– y permitirá más que duplicar la capacidad de ampliar la exportación de petróleo hacia 2029.
Si todo marcha acorde a las expectativas, podrían exportarse USD 20.000 millones adicionales de crudo. Para tener una idea de la dimensión del proyecto, la cifra representa dos tercios de todas las exportaciones del agro previstas para la campaña actual.
El oleoducto Vaca Muerta Sur entró al RIGI la semana pasada con el acrónimo VMOS. Es un proyecto privado capitaneado por la petrolera de control estatal. Además de YPF, participarán Pluspetrol, Pampa Energía, PAE y Vista, y las fuentes esperan que Chevron y Shell obtengan el aval de sus casas matrices para incorporarse como accionistas. El pool de empresas pondrá USD 1.000 millones (YPF hará el desembolso más grande, por algo más de USD 300 millones). Otras firmas del sector privado consultadas se mostraron entusiasmadas con el proyecto. Toda la industria apuesta al boom exportador de los próximos años.
Con la aprobación del RIGI en mano, Marín espera conseguir préstamos sindicados (garantizados contra la obra) de bancos internacionales por otros USD 1.500 millones. Los beneficios tributarios, de exportación y judiciales (la posibilidad de litigar en el exterior) serían aval suficiente para conseguir financiamiento blando para el proyecto. Vale aclarar: la deuda no la asumiría YPF, sino el VMOS.
Las licitaciones en marcha para iniciar el tendido de ductos tienen a Techint como principal aspirante a la provisión de caños. Las obras iniciarían a comienzos de 2025. Un año después comenzarían las exportaciones, incrementales hasta lograr la capacidad máxima prevista.
La industria petrolera espera que el VMOS y la ampliación del oleoducto Oldelval, que conecta los yacimientos con Puerto Rosales, en Buenos Aires, permitan triplicar la capacidad de evacuación, actualmente en 510.000 barriles diarios.
En paralelo, YPF busca un socio importante que reemplace a Petronas en la planta de GNL, la que mudó de Bahía Blanca a Punta Colorada hace unos meses. Fuentes cercanas indicaron que se negocia con Shell y también están en carpeta Chevron y Exxon, que acaba de vender sus yacimientos a Pluspetrol. En Gobierno esperan un anuncio antes de fin de año para encarar la obra valuada en 30.000 millones de dólares que permitirá licuar el gas y exportarlo en un mediano plazo.
Una vez definido el o los nuevos socios –que también garantizarían cierto volumen de compra de gas–, Marín buscará compromisos de futuros compradores (se mencionan a India, Turquía, Hungría e Italia) que permitan vislumbrar que habrá mercado para la capacidad de 120 millones de metros cúbicos. Recién entonces se presentaría el proyecto en el RIGI y, luego, se iniciaría la búsqueda de financiamiento en grandes bancos.
Que YPF sea el que tracciona las inversiones no significa que las empresas privadas no se muevan. Al contrario: Pluspetrol, que controla Edith Rodríguez, firma los papeles para adquirir los activos de Exxon en Vaca Muerta por USD 1.700 millones. Cuando esos activos estén operativos, se convertirá en el segundo productor de crudo del país. Para eso, deberá duplicar sus inversiones, actualmente en USD 700 millones anuales.
Y mientras la planta de GNL busca socios y financiamiento, PAE y Golar aceleraron para amarrar en Río Negro un buque licuefactor, que comenzaría a exportar en 2027 y que también tendrá a YPF y a otras empresas con participaciones minoritarias. PAE anunció una inversión de USD 300 millones anuales que espera por el RIGI. Al cierre de esta nota, PAE y Golar confirmaron que Southern Energy, la firma que con la que piensan exportar GNL, pidió ingresar al régimen, con una inversión estimada de USD 2.900 millones en diez años.
El rol de YPF decanta por su peso. La principal productora de crudo del país –además de la mayor expendedora de combustibles– inició las exploraciones en Vaca Muerta y abrió el camino al resto de las empresas. Su privatización nunca entró siquiera en discusión: el Estado controla el 51% de la compañía y todo hace pensar que seguirá así. Aunque su conducción repite que la empresa actúa bajo la lógica del mercado y que, por ejemplo, decidió mudar el proyecto de GNL a Río Negro porque esa provincia adhirió al RIGI y eso facilitó el esquema impositivo y la posibilidad de resolver litigios directamente en el exterior.
Lo de YPF no es un caso aislado. “En los últimos años, la importancia de las empresas públicas en la economía mundial aumentó”, detalló Fundar en un informe reciente sobre Aerolíneas Argentinas. “Mientras que en el 2000-2002 representaban el 5% del total de ingresos de las dos mil empresas más grandes del mundo, esta participación aumentó a un 17% en el 2016-2018. En 2018, el total de activos de las empresas públicas alcanzó un equivalente al 50% del PBI mundial”, añadió. Además de la internacionalización de firmas chinas, se destacan casos como el de la petrolera noruega Equinor, Petrobras y la Saudi Arabian Oil Company en el sector energético.
Aunque llama la atención la contradicción entre el rol activo de YPF y la liquidación o desinterés en el resto de las firmas estatales, incluso las que dan ganancias (Arsat) o tienen alto potencial (IMPSA). “La presencia estatal en las grandes obras de infraestructura se evidencia por partida doble”, dijo Juan José Carbajales, especialista de la consultora Paspartú. “Por un lado, promoviendo un régimen muy generoso de incentivos fiscales, lo que denota –a pesar de la prédica oficial– una presencia (¿intervención?) del Estado en la economía guiando el proceso de inversión”, añadió. “Por otro lado, mediante la actuación de YPF y sus subsidiarias (YPF Luz), que concentran la inversión dentro del RIGI”.
Carbajales agregó que “una empresa mixta, mayoritariamente estatal, lidera el impulso inversor, se hace acreedora de los beneficios y la estabilidad fiscal, mientras tracciona al resto de la industria para que sea parte de algunos de los segmentos de esos proyectos”. Para Nicolás Arceo, de Economía & Energía, “YPF canalizó en los últimos años los mayores niveles de inversión en el sector y seguramente esto se mantendrá en los próximos años”. Pero añadió: “En los próximos meses y en el marco del RIGI, van a aparecer varios proyectos de inversión privados en el sector de petróleo y gas natural”.
La gran mayoría de estos proyectos están destinados a la exportación de la materia prima. Economía & Energía detalló, en un informe reciente, el potencial para expandir la industria petroquímica gracias al recurso barato, como hizo Estados Unidos. Aunque los costos del gas argentino son “estructuralmente más elevados” y el costo del financiamiento es más caro. Los incentivos estatales, sin embargo, están puestos en la explotación del recurso natural y no en su manufactura.
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