El congreso provincial debe tratar el Presupuesto 2025 y otras iniciativas del gobernador Kicillof. Qué piden los intendentes de la oposición para respaldar el proyecto.
Arrancó diciembre y el oficialismo bonaerense acelera las negociaciones en la Legislatura en busca de aprobar el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y otros proyectos claves para el gobernador Axel Kicillof como la reforma jubilatoria del BAPRO y la creación de un laboratorio público de medicamentos. La oposición ya adelantó que no aprobará el esquema impositivo a menos que haya cambios y los intendentes reclaman un nuevo fondo con recursos de libre disponibilidad para el año electoral. La pulseada recién comienza.
El paquete legislativo será tratado en sesiones extraordinarias y hay dos fechas que maneja el oficialismo, todavía sin confirmación: 12 y 19 de diciembre. Tanto la ley de leyes como el proyecto impositivo ingresaron por la Cámara de Diputados que, además, debe renovar sus autoridades por el acuerdo interno de presidencia rotativa que había sellado Unión por la Patria hace un año. Esto le suma complejidad a una negociación en la que la oposición, además, intentará avanzar con ítems de la reforma electoral, como la eliminación de las PASO y la Boleta Única de Papel (BUP).
El peronismo no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras por lo que necesita de la oposición –cada vez más atomizada– para poder aprobar ambas iniciativas: tanto el endeudamiento como el esquema tributario necesitan de mayoría especial. Además de buscar los consensos con otras fuerzas, el oficialismo pondrá a prueba su propia cohesión para sacar las leyes tras el quiebre de la relación entre Kicillof, La Cámpora y la expresidenta Cristina Kirchner.
El presupuesto girado por el Ejecutivo prevé un cálculo de gastos por 34,3 billones de pesos. Incluye una autorización de endeudamiento de 1,1 billones. También renueva las emergencias administrativas, económicas, en seguridad e infraestructura con las que viene gestionando Kicillof desde que asumió. La Ley Fiscal prevé topes de aumento del 28% en el impuesto inmobiliario y del 20% en el caso del Automotor, mientras que Ingresos Brutos y Sellos se mantendrán igual.
Los bloques del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y también los libertarios exigen cambios en la Ley Fiscal para acompañar: piden eliminar el artículo 163 que le otorga facultades a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) para actualizar las cuotas de los impuestos a lo largo del año. Quieren evitar el escenario de este año que terminó con duros reclamos, en especial del campo, por los reajustes habilitados por la ley vigente. También reclaman cambios al artículo 158, que tiene que ver con las tasas de carga y descarga que se pagan en los puertos.
A esto se suma el pedido que impulsan los intendentes de la oposición para que el Ejecutivo renueve el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), que distribuye recursos de libre disponibilidad a los municipios y que este año fue de más de 125 mil millones. Este programa es clave para los distritos, más aún en medio del recorte de obra pública que sigue sosteniendo la Nación. La última cuota del FFFM fue girada por el Ejecutivo a las comunas el martes último, en respuesta a la oposición que amenazaba con no sentarse a negociar nada.
El Fondo no fue incluido en la letra del Presupuesto 2025 y es una de las cartas que se guarda el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para la discusión; en 2023 adoptó la misma estrategia. Todavía no se abordó el tema pero los jefes comunales se muestran confiados. «Creemos que va a haber Fondo», afirmó un intendente radical a Tiempo y consideró que debería incrementarse «entre 130 y 150%» respecto del actual.
La negociación no se limita al Presupuesto y los impuestos 2025. El oficialismo quiere incluir en la discusión otros proyectos como la reforma jubilatoria del Banco Provincia, que ya tuvo media sanción en el Senado en una sesión especial, y la creación del Laboratorio Público de Medicamentos, que logró despacho de comisión el viernes, último día hábil del período ordinario.
Se trata de dos expedientes a priori complicados. El primero porque el PRO, la UCR y LLA aseguran que la sanción en la Cámara Alta no es válida porque requería mayoría especial y salió por mayoría simple. El segundo porque hasta los diputados libertarios dialoguistas de Unión, Renovación y Fe, que vienen votando junto a UP, se oponen a acompañarlo.
Discusión por los cargos
A todo esto se suma la renovación de autoridades en la Cámara de Diputados, un trámite que puede trabar la discusión legislativa. En diciembre de 2023, Unión por la Patria acordó un esquema de presidencia rotativa que implicaba que Alejandro Dichiara –ligado al diputado Máximo Kirchner y al exjefe de Gabinete, Martín Insaurralde- conduciría la Cámara en 2024 y el massista Alexis Guerrera en 2025. Guerrera hoy es el vice primero y Dichiara pasará a ocupar ese lugar a partir de ahora.
Este enroque, sin embargo, habilita a la oposición a pedir rediscutir el resto de las vicepresidencias, ya que la composición de los bloques fue variando este año. Por caso, los libertarios «puros» sumaron a los diputados bullrichistas y se convirtieron también en segunda minoría con 13 escaños, el mismo número que ostenta el PRO, pero no tienen ninguna vice. Por esto, no dejarán pasar la oportunidad para reclamar ese lugar entre las autoridades de cámara.
Si de cargos se trata, otro tema que se pondrá en discusión en esta recta final del año son las sillas vacías en el directorio del Banco Provincia y en las empresas del Grupo BAPRO. En enero de este año, Kicillof prorrogó por decreto los mandatos de cuatro directores por este año y los restantes cuatro vencen en 2025. A esto hay que sumarle los cuatro cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que hoy cuenta sólo con tres ministros de los siete que debería tener. Este último tema, sin embargo, requiere un acuerdo político que no está hoy entre las prioridades del Ejecutivo. «
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