La senadora de UxP, Juliana Di Tullio, adelantó que denunciará al ministro. Dentro del Gobierno hay quienes le pasan factura por poner en agenda el artículo de los descuentos por licencias.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, está cada vez más complicado dentro y fuera del gobierno. Además de los cuestionamientos internos –y de la filtración del documento que lo dejó expuesto— el ministro ya comenzó a recibir denuncias judiciales en su contra porque, mientras despotrica contra los “ñoquis”, y justifica en los medios que a los trabajadores enfermos les descuenten la mitad del salario, se descubrió que su esposa Josefina Rouillet fue contratada por Cancillería para dar cursos de inglés por $114 millones.
El ministro, que suele ser activo y jocoso en las redes sociales, no opinó del tema. El que buscó defender la situación fue el canciller Pablo Quirno, a quien Milei le dio un simple RT.
La relación entre Sturzenegger y otros miembros del la mesa chica del Presidente transita un momento de tensión y hay quienes le pasan factura por sus dichos sobre la reforma laboral y por poner en agenda el artículo de los descuentos por licencias.
El que intentó justificar lo injustificable fue el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, que escribió: “Si después de todos los curros que cortó esta es la operación con la que lo atacan, prueban que es de los buenos. Vamos Fede, a no aflojar, todavía falta lo mejor”.
Las denuncias judiciales
Las críticas de la oposición no tardaron en llegar. La diputada Margarita Stolbizer (GEN) escribió en sus redes: “La esposa de un ministro no puede ser proveedora del Estado. No importa cuán competitivo haya sido el proceso de selección”, que, recordó: “No lo fue porque no hubo licitación”.
Además, la diputada aseguró que “el Estado ya tiene esos cursos y personal para dictarlos sin necesidad de contratar a terceros”, y reflexionó: “Ajustan universidades, jubilados y discapacidad, pero llegaron para hacer negocios con los recursos públicos”.
La senadora de UxP, Juliana Di Tullio, en tanto, adelantó que denunciará a Sturzenegger. Para ella la irregularidad legal no se encuentra dada por el vínculo que une a la Co-Contratante con la Cancillería, sino por el método de contratación empleado: se trató de una “Contratación Directa por Especialidad”.
Desde el entorno de la senadora explicaron a Página12 que –según el decreto 1023/1, artículo 25, inciso D, apartado 2– solo resulta viable desde el plano legal ese tipo de contratación cuando se trata de “la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo”.
En esa línea, agregan que el artículo 16 del Anexo I al Decreto 1030 determina que “se considerará satisfecha la condición de único proveedor cuando su especialidad e idoneidad sean características determinantes para el cumplimiento de la prestación”.
En el expediente de la adjudicación que hizo la Cancillería habían argumentado que AACI, cuya directora es la esposa de Sturzenegger, resultaba el “único prestador capaz de garantizar la continuidad del programa”. Y agregaban que la de Rouillet fue la “única oferta”.
“Una capacitación en idiomas extranjeros que solo pueda dar la esposa de Sturzenegger parece, al menos, forzada porque el objeto de contratación no constituye una obra técnica, científica o artística”, puntualizan en el entorno de Di Tullio.
Además, opinan que tampoco está claro si intervino la OA. En sus redes la senadora escribió: “Capaz la familia de Sturzenegguer es la única que tiene la ‘especialidad’ de hablar inglés, pero digamos todo: Es un choreo de acá a júpiter”.
Quirno respondió el tweet de la senadora con un meme de él haciendo con su mano la seña de cortar una discusión y escribió: “Integrante de la Fundación Banco Provincia”. Di Tullio retrucó: “Sí, ¿Por? Usted va a tener mucho para explicar. Es su ministerio el que está directamente involucrado en esta contratación escandalosa y lo va a tener que hacer en sede judicial”.
Di Tullio pidió ver la declaración jurada del art 1 del decreto 202/17 y recordó que la adjudicataria “tiene la obligación de declarar el parentesco con un ministro, aunque la contratación no sea de esa cartera”.
Quirno publicó dos documentos recortados en los que no se puede ver si se trata de un dictamen o de la unidad de contrataciones o del servicio jurídico y escribió: “Lea esto y se ahorra tiempo que puede utilizar para la Fundición a la que pertenece, o en no dar consejos que no le piden. Todos los requisitos cumplidos”.
Di Tullio marcó que el documento que publicó el Canciller estaba cortado y que, al final del mismo, la conclusión dice entre comillas que el conflicto de intereses es “aparente”.
Además, subrayó que el ministro no publicó el informe de la Sigen ni el de la OA e indicó: “Ustedes forzaron la contratación por especialidad. Y si la única que puede dar clases de inglés en su Ministerio es la esposa de otro Ministro, albricias para esa familia de empleados estatales”.
El lunes por la tarde, según la agencia Noticias Argentinas –la primera en publicar sobre el tema–, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, identificados como integrantes de “Reset Republicano”, presentaron una denuncia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra Sturzenegger.
En el escrito los abogados cuestionaron que, si bien el texto de la adjudicación directa el gobierno dice que “La propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un ‘vínculo positivo’ entre Rouillet y Sturzenegger”, y que intervinieron la OA y SIGEN, no hay constancia de ello.
Ese argumento, según opinan expertos en derecho, es más complejo que prospere porque la OA no siempre publica ese tipo de expedientes. Sea como sea, tanto Quirno como Sturzenegger deberán dar explicaciones ante la Justicia.
Una vida en el Estado
Esta no es la primera vez que la esposa del ministro “desregulador” hace negocios o vive del Estado.
Entre 2002 y 2005 Rouillet trabajó en el Banco Central como “asesora de presidencia”, y en el 2015, durante el macrismo, fue elegida por el entonces ministro de Cultura, Pablo Avelluto, para desempeñarse como gerenta general del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Así lo dejó asentado ella misma en su perfil de Linkedin.
De hecho, en marzo de 2017 el Diputado Nacional Rodolfo Tailhade solicitó incorporar a Rouillet a una denuncia en la que fue imputado Avelluto por becas que habían otorgado en el marco de una feria denominada “Arco 2017″.
Luego de ese escándalo, en 2017 ella abandonó el FNA y consiguió un puesto en el GCBA, cuando el jefe de gobierno era Horacio Rodríguez Larreta. Allí se desempeñó como Gerente de Regímenes de Promoción Cultural y estuvo a cargo de de todos los programas de subsidios del Ministerio de Cultura.
En 2019 pasó a ser directora general de la Unidad de Control de Gestión del Teatro Colón, donde trabajó hasta 2021. Ese año dejó el puesto para pasar al sector privado como Directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
La defensa de AACI
Según el propio Quirno, la AACI que conduce Rouillet cobra contratos millonarios del Estado desde 2018 para dar clases de inglés a alumnos que ya saben el idioma a la perfección.
Este lunes feriado los empleados de la asociación se despertaron con un mail en el que los directivos intentan explicar la situación. Argumentaron que brindan “servicios de clases de inglés cerradas a diversas instituciones de manera regular hace muchos años”, y agregaron que, en el caso de Cancillería, lo hacen “hace más de 30”.
También que fueron elegidos para “dar clases o emitir certificados”, por ser “una asociación civil sin fines de lucro con casi 100 años de trayectoria”, y “por la cercanía entre la sede de Suipacha y la Cancillería”.
Luego, subrayaron que “el proyecto actual”, inició en 2018, cuando la Dirección de RRHH solicitó a la directora de ese momento “un programa plurianual para capacitar a empleados de dicha institución”, y que duró hasta 2019. Añadieron: “Con el cambio de gobierno nacional se volvió a renovar la contratación y se validó con nuevos expedientes cada dos años”.
Desde la institución dijeron que “los medios sembraron dudas sobre el expediente 2024, en el que no había pacto de integridad”, pero que el primer presupuesto pedido por Cancillería para 2024 “fue enviado cuando aún no había sido electa la actual administración nacional”. Puntualizaron: “Al momento de la aprobación del contrato al comienzo del ciclo lectivo, no había vínculo PEP que debiera declararse”.
Por último, remarcaron que “la relación de un miembro de la institución con un miembro del PE se concretó recién a mediados de 2024″, y que “en agosto 2024 se informó dicha situación en el portal COMPRAR”.
Dijeron que en 2025 no hubo contrato con Cancillería, y que este año “hubo una intervención de la SIGEN y la Oficina Anticorrupción, la cual dictaminó que no había incompatibilidad”. Intentaron justificar que no hubo licitación abierta porque “los montos de los contratos siempre estuvieron en un rango que no lo requirió”.
Página/12