Las dos CTA, excombatientes, movimientos sociales, partidos de izquierda y organismos de Derechos Humanos se sumaron a la marcha en repudio a la extranjerización de las tierras.
Suma adhesiones la marcha del próximo martes 6 a Tribunales en rechazo al fallo de la Corte Suprema que permitió la derogación de la Ley de Tierras.
Las dos CTAs, excombatientes de Malvinas, movimientos sociales, partidos de izquierda y organismos de Derechos Humanos ya confirmaron su asistencia a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales.
Es que el reciente fallo de los supremos, que rehabilitó la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, derogando la Ley de Tierras, desató un profundo sismo político y social en Argentina. Frente a lo que consideran una seria amenaza al patrimonio nacional, estas organizaciones sociales, sindicales y políticas han definido acciones en tres frentes: la movilización popular en las calles, la vía judicial y la batalla en el Congreso, que ahora apunta a la derogación del DNU 70/2023.
El detonante fue la sentencia dictada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la cual revocó una decisión previa de la Cámara Federal de La Plata. Mediante un argumento procesal, el máximo tribunal sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata carecía de «legitimación activa» para promover una acción colectiva, dictaminando que la defensa de la soberanía territorial es una facultad exclusiva del Estado y no un bien colectivo litigable por la ciudadanía.
Esta fundamentación provocó un enérgico repudio generalizado. Desde el CECIM La Plata, su secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, denunció que la resolución deslegitima tanto a los excombatientes como a todo el pueblo argentino, dejando vía libre a un «plan sistemático de entrega». Alonso advirtió que el fallo busca dejar a la ciudadanía «con la ñata contra el vidrio» mientras corporaciones transnacionales y magnates tecnológicos se apoderan de los recursos estratégicos. En la misma línea, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, lideradas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, acusaron a los magistrados de «complicidad cipaya» y de firmar un «cheque en blanco» al gobierno de Javier Milei. Las centrales alertaron que eliminar las restricciones de la Ley 26.737 de 2011 —que fijaba un máximo del 15% a la propiedad extranjera, límites por nacionalidad del 30% del cupo, un tope de 1000 hectáreas en zona núcleo y la prohibición sobre cuerpos de agua— habilita la compra ilimitada de suelos, fuentes de agua dulce y zonas de frontera por parte de fondos especulativos.
Congreso y tribunales
En el ámbito legislativo y judicial, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar urgente para suspender el artículo 154 del DNU y preservar el Registro Nacional de Tierras, buscando evitar que las compras actuales generen «derechos adquiridos» irreversibles antes de la intervención del Congreso.
Sin embargo, esta jugada —que busca evitar la caída total del DNU para mantener vigentes normas como la de alquileres— fue duramente cuestionada desde la izquierda. En una asamblea en Parque Lezama, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, reclamó «voltear todo el DNU 70/2023» señalando que la norma desregula también prepagas, alquileres y tasas financieras.
En tanto, las fuerzas en presencia en el Congreso tratan de fortalecer su posición de cara a la sesión especial del próximo jueves 15. Mientras el abigarrado bloque opositor busca ampliar su alcance y así asegurar el quorum -está a siete bancas de alcanzarlo- la oposición también trata de lograr el mismo efecto en sentido contrario.
Se dice que con su sentencia, la Corte Suprema «abrió una caja de Pandora» por las consecuencias incalculables que podría generar, incluida la derogación total del DNU 70/23, lo que significaría un golpe demoledor a la gobernabilidad del presidente Javier Milei.
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