Con la firma de sus 14 diputados, el bloque pidió juzgar a la vicepresidenta en el Congreso por una serie de acciones que implicarían un avance sobre el Poder Judicial.
Por impulso de la dirigente Elisa Carrió, el bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó este jueves, tal como había anunciado, el pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
El proyecto fue encabezado por Juan Manuel López y acompañado todos los integrantes del bloque, Maximiliano Ferraro (jefe), Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Carolina Castets, Héctor “Toty” Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Alicia Terada.
En los fundamentos, los legisladores consideran que Cristina es “responsable de desplegar conductas de enorme gravedad institucional, alterando el orden institucional y el sistema democrático consagrado en la Constitución Nacional”.
En particular, sostienen que la titular del Senado “ha desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”.
“Estamos frente a un plan orquestado por Cristina Kirchner y ejecutado por funcionarios vinculados a ella, que tiene por finalidad garantizar su impunidad y la de aquellos funcionarios que formaron parte de su gobierno, investigados por presuntos hechos de corrupción”, denunciaron los diputados.
En ese contexto, mencionaron diferentes acciones, como la “desarticulación” del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores; el proyecto de reforma judicial aprobado en el Senado; la suspensión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli; y el intento de desplazar al procurador general interino Eduardo Casal.
El texto también refiere a la reforma de la Ley del Ministerio Público -pendiente de tratamiento en Diputados- y la última carta difundida por la vicepresidenta, donde sugirió un intento de impulsar el juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia, así como la ampliación del máximo tribunal y la elección de jueces por voto popular.
“Es evidente que Cristina Fernández de Kirchner debe rendir cuentas sobre su irregular proceder. Ningún poder del Estado puede obstruir esta herramienta de excepción que constituye el juicio parlamentario. No existen privilegios, sus actos deben ser controlados y sus incumplimientos sancionados”, sentenciaron los diputados de la Coalición Cívica.
El procedimiento del juicio político está regulado en la Constitución Nacional y requiere una mayoría de dos tercios de los votos en ambas Cámaras para la destitución del funcionario: Diputados actúa como Cámara acusadora y al Senado le corresponde juzgar.
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