Tras la presentación de un nuevo reporte estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Marta Monclús Masó, titular del Observatorio, afirmó que las cárceles “están en un 95% de su capacidad de alojamiento” y explicó la gravedad que esto supone en tiempo de pandemia.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un nuevo reporte estadístico sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria en cárceles federales. El documento muestra una estabilidad de la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) desde hace más de 6 meses y luego del descenso producido en los primeros dos meses de la pandemia. Al mismo tiempo, también alerta sobre un nuevo récord de personas alojadas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la declaración de la emergencia sanitaria, las distintas cárceles que componen el sistema federal han sido monitoreadas por los equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Los mismos realizaron visitas periódicas, comunicaciones telefónicas, pedidos de información e intervenciones judiciales y finalmente construyeron este nuevo reporte estadístico.
“El reporte muestra que en enero de 2021 había 11.538 personas detenidas en los penales”, explicó a Tiempo Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la PPN, quien detalló que dicha cifra “se mantiene estable desde julio de 2020”. La funcionaria aseguró además que los primeros dos meses de la pandemia hubo un descenso significativo de la población encarcelada, que “luego quedó estancada”. Y agregó que en la actualidad las cárceles “están en un 95% de su capacidad de alojamiento”.
La funcionaria señaló que sin embargo “hay foco de sobrepoblación en algunas unidades, como la de Devoto, que tiene más personas alojadas de lo que permite su capacidad edilicia”. Monclús Masó agregó que tener las cárceles en un 95% es problemático “porque no permite mucho margen para distanciamiento social en caso de que suframos una nueva ola del virus en los próximos meses”. La directora enfatizó que en este caso “sería importante que el Poder Judicial y Político tengan en mente la necesidad de seguir reduciendo la población de personas privadas de libertad”.
El reporte muestra que desde el inicio del distanciamiento social se ha registrado un total de 556 personas contagiadas en cárceles federales –47 en el mes de enero de 2021— y 17 fallecimientos por Covid-19. También hubo 129 personas contagiadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 2 en centros socioeducativos del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la CABA.
Por otro lado, están los espacios de detención transitoria –comisarías y alcaidías- reservados para detenciones de no más 72 horas de encierro. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia están colmados de personas detenidas por largos períodos de tiempo y hasta con prisiones preventivas confirmadas. “Se observa como muy preocupante la cantidad de personas detenidas” en estas condiciones, puntualizó Monclús Masó, y enumeró que en enero de este año “se superaron las 500 personas y a fines del mismo mes había 537”. La funcionaria subrayó que estos lugares no están preparados para detenciones prolongadas y que solo son para las transitorias. “Deben ser usados hasta que las autoridades judiciales decidan si la persona queda presa o en libertad”, dijo la directora del Observatorio de Cárceles Federales, pero que sin embargo “en vez de disminuir la cantidad de personas en estos lugares, aumenta”.
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