La medida surge a partir de distintos informes que detallan incumplimientos en los procedimientos normativos para contraer deuda.
Por medio del Decreto N°239/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso instruir a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) para que se constituya en querellante –en representación del Estado Nacional- en la causa judicial contra el ex presidente, Mauricio Macri, y demás ex funcionarios de la anterior gestión por “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.”
Asimismo, se indicó a la PTN iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios de los hechos denunciados. De igual modo, se instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada.
La decisión, obedece al apoyo solicitado en forma conjunta por el entonces Ministro de Hacienda y Presidente del Banco Central al Fondo Monetario Internacional, que consistió en el otorgamiento de una asistencia financiera por un monto aproximado a los USD 50.000.000.000.
Para mayor profundización, la SIGEN emitió un informe en el que concluyó que el acuerdo suscripto entre la República Argentina y el FMI en 2018 no cumplió con los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento. En particular, detalló que los funcionarios del Gobierno de Macri suscribieron la Carta de Intención y los memorándums sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la legislación vigente la firma de los acuerdos, no contó con las autorizaciones e informes exigidos por el marco normativo vigente para ese tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo.
En esa línea, el informe destaca a su vez que se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido por la legislación en la materia para determinar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento. Así también, el informe refiere que se detectaron posibles incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI.
Motiva a su vez al decreto dictado, un informe elaborado por el Banco Central en relación con la formación de activos en el exterior, del cual se desprende que los funcionarios y las funcionarias responsables de la conducción administrativa, política y económica del país, habrían desplegado una conducta que facilitó el aumento exponencial en la formación de activos externos de libre disponibilidad.
De esta forma, el presidente de la Nación en conjunto con los ministros Guzmán y Soria, instruyeron a la PTN a representar al Estado Nacional en la causa judicial que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, iniciada por una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción.
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