Maqueda y Rosatti ya presentaron un voto común. Se espera que los supremos hagan foco en reivindicar la autonomía del Gobierno porteño. El fallo, aseguran, está “muy fundamentado”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se prepara para dar a conocer en las próximas horas su fallo sobre la presencialidad en las escuelas de la Ciudad, que sería favorable a la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti presentaron este lunes ante la Secretaría de Juicios Originarios del Tribunal un voto común sobre el reclamo de la administración de la Ciudad por las clases presenciales. Si bien el contenido del voto permanece en reserva, desde el Tribunal dejaron trascender que la resolución sería a favor de la Ciudad y adelantaron que el fallo está “muy fundamentado” con citas de la propia Corte sobre el estatus jurídico de la Capital Federal y las facultades que se desprenden tanto de la Constitución Nacional cuanto de la del propio estado local.
En el fallo, se espera que los supremos harán foco en reivindicar la autonomía de la Ciudad -que ya fue reconocida por el Alto Tribunal desde 2019- y en ese escenario el distrito porteño se arrogaría la facultad de decidir la modalidad de las clases. Sin embargo, como antecedente, la Corte no suele fallar dándole la totalidad de la razón a una de las partes y nada a la otra.
Del resto de los jueces que componen el tribunal, la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, ya se había inclinado por rechazar la “competencia originaria” porque entiende que la Ciudad no tiene la misma situación que las provincias y, en consecuencia, no corresponde que la Corte sea la única instancia para entender en este u otros reclamos contra la Nación.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, suele votar en sintonía con los planteos que realizan los gobernantes y los dirigentes de Juntos por el Cambio, en tanto que Ricardo Lorenzetti fluctúa en sus decisiones según el caso del que se trate.
Todos los magistrados se pronunciarían de manera similar, aunque cada uno planteará sus propios fundamentos sobre la autonomía porteña y la gestión de la pandemia.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, -que cuenta con el total respaldo de la coalición opositora y el rechazo del Frente de Todos- ya se pronunció por la “inconstitucionalidad” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA). Ese dictamen no sólo reivindicó la autonomía porteña, sino que además sostuvo que no está probado, con rigor científico, que las clases presenciales sean un vector que potencie los contagios masivos de coronavirus.
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