Los miembros del máximo tribunal aspiran a bajar el perfil antes de fijar posición en otro conflicto entre Ciudad y Nación.
El fallo que benefició a Horacio Rodríguez Larreta dejó en el Gobierno nacional la percepción de que la Corte Suprema cruzó una línea difícil de volver a correr. El presidente Alberto Fernández dijo, sin ambages, que habían usado una sentencia para favorecer a su candidato en un año electoral y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los acusó de ser parte de un golpe blando contra las autoridades elegidas democráticamente. En la Corte aspiran a bajar el perfil mientras tienen en sus manos otra papa caliente que volverá a poner frente a frente a la administración de Fernández con la de Rodríguez Larreta: la discusión por los recursos por el traspaso de la policía.
Tanto en el gobierno como en la Corte coinciden en un diagnóstico: el fallo dejó más heridos que celebraciones. Ni el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, alzó la voz para festejar que los supremos reconocieran la autonomía de la Ciudad y dijeran que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241 que estableció restricciones por la segunda ola de la pandemia –como la suspensión de la presencialidad en las clases– no había sido suficientemente fundamentado. Ese festejo quedó para el ala más dura de Juntos por el Cambio, que encarnan tanto la presidente del PRO Patricia Bullrich como el expresidente Mauricio Macri.
El enojo del Presidente, que habló de la decrepitud del derecho plasmada en una sentencia y de una Corte lanzada al ruedo político, y de la vicepresidenta, que situó a los supremos y a otros tribunales como aquellos que son parte de un golpe contra las instituciones democráticas, golpeó en el Palacio de Talcahuano, donde el viernes ya quedaban pocas almas transitando el cuarto piso. La respuesta en varias de las vocalías cuando se las consultaba por el conflicto es la falta de respuestas. “Silencio”, dicen algunos. Otros agregan: “Silenzio Stampa”.
Al menos tres de los integrantes del máximo tribunal se mueven con fluidez en el campo político: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Son los tres a quienes durante el macrismo se los había bautizado como la mayoría peronista, pero no siempre es fácil percibir cuáles serán sus movimientos. Elena Highton de Nolasco apareció muy desdibujada en esta discusión porque ella siempre sostuvo que el tema no formaba parte de la competencia originaria de la Corte y no se pronunció en el fallo que se conoció el martes antes del mediodía. El presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, no tiene canales con el oficialismo y no parece demasiado interesado en construir puente alguno. Se mueve con mayor comodidad en el campo de la oposición.
Hasta ahora, repiten en la Corte, no se vieron las caras con el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, que, desde que asumió, estuvo abocado a la agenda de la reforma del Ministerio Público con miras a nombrar a un procurador titular después del interinato de casi tres años y medio de Eduardo Casal, que también fue uno de los jugadores que más inclinaron la cancha hacia Rodríguez Larreta. En Justicia evaluaron con crudeza el fallo de los cuatro supremos: consideran que opinaron sobre un DNU que ya había caducado antes de que los cortesanos dictaran una sentencia y que contradijeron una política sanitaria en medio de una segunda ola de una pandemia feroz. La respuesta más contundente –y más trágica– a la pelea que llevó Larreta en la Corte la dieron los números de contagios y de muertes, que un día después del fallo marcaron el récord de 633 personas fallecidas por Covid.
Los tiempos de la Corte
El otro gran tema –de alto impacto político– que la Corte tiene en sus manos es la coparticipación, que llevó Larreta al máximo tribunal después de que el gobierno decidiera reducir la cuota de la coparticipación — que Macri había abultado en enero de 2016 de 1,4 a 3,75 por ciento– en septiembre del año pasado mientras una protesta policial asediaba al gobernador bonaerense Axel Kicillof. La quita quedó aprobada por ley en diciembre del año pasado, pero Larreta esquivó los mecanismos establecidos en la norma para llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y prefiere, por el momento, librar la batalla en el campo del máximo tribunal. Para este miércoles están citados los abogados del gobierno nacional y del gobierno porteño en la secretaría de Juicios Originarios de la Corte.
Sin embargo, hay versiones de que la audiencia podría postergarse o suspenderse. Por el momento no llegó ningún planteo en ese sentido a la Corte. Podría llegar el lunes o martes, explican en el tribunal. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y su par de Economía, Martín Guzmán convocaron al jefe de gobierno porteño para el viernes pasado. Sin embargo, Rodríguez Larreta contestó que podría reunirse recién el 18. Más allá del posible encuentro entre cuadros técnicos en la Corte, será en ese encuentro donde pasará la verdadera discusión política.
En el Gobierno miran con atención cuánto impulso le imprime la Corte al trámite de la coparticipación y se preguntan si prepara un fallo para antes de las primarias. En el entorno del jefe de gobierno porteño derrochan optimismo. En la Corte dicen que no está en la agenda inmediata del tribunal y que ni siquiera están avanzadas las discusiones entre los supremos que, más allá de que volvieron a frecuentar el Palacio de Justicia, continúan reuniéndose vía Zoom. Es, a las claras, una de las joyas políticas de la temporada para un tribunal que gusta de ser el árbitro político en un año clave.
El gobierno llegó a un acuerdo con la oposición para que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se hagan el 12 de septiembre. Un día antes se cumple un aniversario muy recordado en la Corte: el día del golpe palaciego que sacó a Lorenzetti de la presidencia del tribunal para entronizar a Rosenkrantz. Desde entonces, Rosenkrantz convivió con una presidencia muy recortada en sus facultades por sus colegas, que hicieron que para cada decisión trascendental se necesitaran tres votos. Éste será un año de renovación de la presidencia: aun no se sabe si Rosenkrantz buscará su reelección y asoman los santafesinos como candidatos a sucederlo, Lorenzetti y Rosatti. A su modo, la Corte también vivirá su –acotado– proceso electoral, que muchas veces sirve para entender alineamientos y agendas.
Una caravana de repudios
El fallo del 4 de mayo también recordó otra efeméride nada grata de la Corte: el 3 de mayo de 2017 fue cuando tres de los supremos habilitaron el cómputo del 2×1 para criminales de lesa humanidad. Una semana después, una multitud salió a las calles en repudio y el Congreso aprobó una ley aclaratoria que llevó a que un año después la Corte revirtiera su postura. Ésta sigue siendo la marca de fuego de la Corte que se completó durante la presidencia de Macri.
El viernes por la noche, la mesa de organismos de derechos humanos convocó a un actividad en defensa de la democracia, contra el gobierno de los jueces y contra el golpe institucional. Participaron tanto la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó como el exsupremo y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Raúl Zaffaroni, que remarcó que la Corte invadió el ámbito del Poder Ejecutivo con su decisión de la semana pasada. Referentes de los organismos como Taty Almeida, Vera Jarach y Estela de Carlotto también expresaron su preocupación. “Esto no va a quedar acá”, remarcó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que comentó que se estaba evaluando una caravana de autos para el 25 de mayo como forma de recuperar la calle durante la pandemia.
Página/12
