- Se desarrollarán desde este lunes y hasta el 27 de febrero de 2026, con un temario que incluye 5 expedientes.
- Durante la convocatoria el oficialismo buscará aprobar el proyecto de reforma laboral, que promueve cambios en las relaciones de trabajo, el vínculo con los sindicatos y un blanqueo laboral. También figura en la convocatoria la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
- Por otro lado, el Ejecutivo impulsa el tratamiento de cambios en la Ley de Glaciares, que define la protección de aquellos glaciares y zonas periglaciares que tengan una función hídrica verificable y le otorga a las provincias la competencia para definir estas zonas. Además, debatirá una iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
Desde este lunes y hasta el 27 de febrero, arrancan las sesiones extraordinarias del Congreso para debatir 4 proyecto de leyes: la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la baja de la edad de imputabilidad. Además, se tratará la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.
¿Qué son las sesiones extraordinarias?
Las sesiones extraordinarias se llevan a cabo por fuera del período ordinario de funcionamiento del Congreso -entre el 1º de marzo y el 30 de noviembre de cada año- y deben ser convocadas por el Poder Ejecutivo.
La Constitución nacional, en su artículo 63, establece: “Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones”.
El artículo 99, inciso 9, que refiere a las facultades del Presidente, le atribuye al Jefe de Estado la siguiente función: “Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.
Es decir que entre marzo y noviembre, el Congreso tiene absoluto control sobre su funcionamiento y su agenda, mientras que en el período extraordinario los temas a tratar son definidos por el Ejecutivo.
El abogado Juan Luis Amestoy, en un texto publicado en la web de la Cámara de Diputados, explica: “El juego de ambas normas constitucionales expresa que la convocatoria es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, el cual además determina cuales son los asuntos ‘de grave interés de orden o progreso’ que hacen necesaria la convocatoria. Esta facultad implica que las Cámaras sólo pueden tratar durante ese período los temas ya determinados”. Y agrega que en la convocatoria, además de los temas, “debe fijarse el plazo”.
La reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en sesiones extraordinarias
El proyecto de reforma laboral ingresó por el Senado de la Nación y promueve cambios en las relaciones de trabajo, el vínculo con los sindicatos y un blanqueo laboral.
Entre los puntos más importantes de la iniciativa se destacan los cambios en el cálculo de las indemnizaciones, con la exclusión del aguinaldo, las vacaciones y los premios en su cálculo, el establecimiento de un criterio único de actualización por inflación y la creación de un fondo especial con aportes del 3% del salario (que se compensará con descuentos en el pago de cargas sociales, lo cual impactará en el sistema de previsión social).
Además, el proyecto oficial permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días, permite que los salarios puedan ser abonados en moneda extranjera de manera opcional, y habilita a los trabajadores a recibir el pago en billeteras virtuales, algo que hasta ahora no está permitido.
También cambia el régimen de horas extra, reemplazando el pago adicional por un “banco de horas”, que permite que se acumulen como un saldo a favor del trabajador para ser compensadas con días libres o jornadas de trabajo reducidas.
Por otro lado, amplía el número de trabajos que pueden ser considerados “servicios esenciales” o “de importancia trascendental”, lo que limita las posibilidades de huelga; elimina el concepto de “ultraactividad” (que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo); y habilita un régimen de incentivos para quienes contraten a trabajadores en blanco, que incluye un blanque de empleados.
Los cambios que se impulsan en la Ley de Glaciares
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo redefine el concepto de “ambiente periglacial” incluido en la norma original: se trata de áreas donde no necesariamente hay glaciares y que se caracterizan por la presencia de suelo congelado y ciclos de congelación y descongelación del terreno.
La propuesta define la protección de aquellos glaciares y zonas periglaciares que tengan una función hídrica verificable (como reserva o proveedor de agua) y le otorga a las provincias la competencia exclusiva para definir estas zonas.
Además, se promueve la creación de un inventario nacional de glaciares para identificar las zonas protegidas.
En Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie, cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, equivale a 41 veces a la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.
El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea
El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó el viernes 9 de enero tras 25 años de negociaciones.
El tratado de libre comercio establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones de ambos bloques, con períodos de transición de hasta 15 años para productos sensibles.
Para el Mercosur, esto significa mayores cuotas de exportación de productos agropecuarios hacia Europa. Para la Unión Europea, implica mejor acceso al mercado sudamericano para automóviles, autopartes, maquinaria, productos químicos, vinos y quesos.
Según el último informe de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), entre enero y noviembre de 2025, el comercio entre Argentina y la Unión Europea fue el tercero en importancia luego de los registrados con China y Mercosur.
El proyecto de baja de la edad de imputabilidad
El proyecto de Ley Penal Juvenil presentado por el Gobierno nacional en julio de 2024 propone una reforma integral del régimen vigente. El eje más trascendente es la edad de imputabilidad, que baja a los 13 años.
Entre los puntos centrales, se establece un sistema de sanciones orientado a la educación y resocialización y se redefinen las penas posibles, priorizando las medidas no privativas de la libertad y fijando un máximo de 20 años para las condenas para determinados delitos.
Por último, Diputados debatirán sobre el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.
Última actualización 2/02/2026: Se actualizó con los últimos datos disponibles.
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