El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, comenzó su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad y remarcó que demostrará “con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos”.
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, comenzó esta mañana su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad. En ese marco, sostuvo que los responsables de Vialidad Nacional y autores de la denuncia por la obra pública en Santa Cruz fueron “por lana y volvieron esquilados” porque en la investigación, entre otras empresas, apareció Iecsa, “de la familia del entonces presidente de la Nación” Mauricio Macri.
“Fueron por lana y volvieron esquilados”, graficó el abogado Carlos Beraldi al recordar que el entonces titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel presentó una denuncia en 2016 tras una auditoría y luego en la investigación apareció Iecsa, además de Austral Construcciones de Lázaro Báez y otras empresas de obra pública.
Los datos “ilustran con gran precisión los desatinos y desajustes que se hicieron”, agregó Beraldi en uno de los tramos de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en el que se refirió a la gestión de Iguacel en Vialidad y las denuncias presentadas.
En base a un informe definitivo hecho en 2016 sobre el distrito 23 de Vialidad en Santa Cruz “los auditores puestos por Iguacel” determinaron que no hubo “deficiencias constructivas de relevancia ni tareas certificadas sin ejecutarse”, recordó.
“Pero eso no desalentó a este funcionario que, de todas maneras, sin pruebas o con pruebas que controvertían lo que se pensaba afirmar se presentó ante la Justicia e hizo la misma denuncia hecha en 2008 (por la diputada Elisa Carrió, entre otros legisladores)., 2013 y otra vez volvía a aparecer”, agregó.
Y señaló que en el Gobierno de Macri “las obras terminaron abandonadas. No se hizo nada”.
Beraldi recordó que en la investigación apareció un correo electrónico con una planilla de empresas contratistas y entre las diez primeras estaba Iecsa, “la empresa de la familia del por entonces presidente de la Nación. El curso natural que había tomado la investigación le preocupó a la gente de Iguacel”.
En el margen derecho había escrita una leyenda “hay que pagarle a los diez primeros si o sí”, repasó.
“Fue otra nueva paradoja, habían ido a investigar a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez y la investigación tomaba un curso indeseable para ellos”, apuntó.
Beraldi recordó que entonces el equipo jurídico de Vialidad optó por presentar otra vez la misma denuncia pero ante una fiscalía diferente, en la que sólo se investigó lo ocurrido en Santa Cruz y no en otras regiones del país.
En la noche del domingo, Cristina Fernández de Kirchner convocó a presenciar a través de las redes sociales, especialmente Youtube, el alegato de la defensa, el sexto de los 13 imputados que tiene el juicio.
“Comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ´Vialidad´. Escuchá atentamente cómo (el abogado Beraldi) desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, desafió la vicepresidenta en un posteo en la red social Twitter.
La fiscalía pidió para Cristina Kirchner la pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación en perjuicio del Estado y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Hasta ahora refutaron la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola las defensas del ex titular de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro (a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías); la de los ex titulares del Distrito 23 de Vialidad Nacional – Santa Cruz Osvaldo Daruich (a cargo de Mario Ganora) y Mauricio Collareda (por Luis Alonso Martínez); la de Julio De Vido (a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro) y la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala (a cargo de Lucio Simonetti).
Todos apuntaron a los supuestos errores y contradicciones en que incurrieron los fiscales y pidieron la absolución de sus defendidos por inexistencia de delito.
Todavía está pendiente una recusación que efectuó la defensa de De Vido contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien durante el alegato de la defensa interrumpió al abogado Maximiliano Rusconi para responderle una alusión que había hecho sobre los partidos de fútbol que el magistrado disputaba en la quinta privada del ex presidente Mauricio Macri.
La defensa de De Vido pidió que la recusación sea resuelta por otros jueces, diferentes a los compañeros de tribunal de Giménez Uriburu.
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