Casi tres años después del escándalo, un fiscal porteño sostuvo que no hubo delito y que los funcionarios se vieron “sobrepasados” por “un contexto de emergencia sanitaria mundial”. De los $170 millones pagados por la Ciudad, apenas se recuperaron unos $80 millones.
Casi tres años después del escándalo, un fiscal porteño decidió archivar la causa judicial contra los ex funcionarios de la Ciudad y los empresarios involucrados en la fallida compra de 5 millones de barbijos, un caso revelado por Infobae en mayo de 2020. Pese a que hubo una compra directa y que desapareció gran parte del dinero, el fiscal sostuvo que no hubo delito y que los ex funcionarios se vieron “sobrepasados” por “un contexto de emergencia sanitaria mundial”.
En dos resoluciones, el fiscal cerró la investigación contra todos los implicados y les devolvió todas sus pertenencias. Primero, el fiscal archivó la causa contra Nicolás Montovio (ex Subsecretario de Administración del Ministerio de Salud), Santiago Costabel (ex director general de Abastecimiento), Sandra Varela (Gerenta Operativa de Soporte de Compras de Salud), Leonardo Morbelli y Eduardo Kaplan. Y apenas diez días después hizo lo mismo en la causa contra Damián Nevi, el empresario que estuvo detenido más de un año, y otras dos intermediarias.
La trama arrancó el 30 de marzo de 2020, en plena pandemia. A través de la resolución N° 87/2020, el gobierno porteño le compró 5 millones de barbijos a la empresa E-ZAY SRL, que no tenía antecedentes en el rubro. Fue una contratación directa basada en la emergencia sanitaria.
Tres días después de esa contratación, sin consultar los antecedentes de la empresa ni recibir un solo barbijo, el Gobierno de la Ciudad pagó por adelantado el 50 por ciento de los $340 millones previstos en el contrato. En realidad se transfirieron $162.350.000 (eran 170 millones menos los impuestos). Ese mismo día, el dueño de E-ZAY le transfirió $60.500.000 a Damián Nevi y luego hizo decenas de transferencias a otras empresas que no tenían nada que ver con los insumos médicos. La firma aseguró ante la Justicia que fue un “intercambio” porque necesitaba efectivo para comprar barbijos.
De eso dinero, la Justicia apenas pudo recuperar unos $80 millones.
Entre las transferencias sospechosas de la cuenta de E-ZAY aparecía una por $100 mil dirigida a Susana Inés Saadi, titular de Registro del Automotor 16 de la Capital Federal y esposa de Juan Ignacio Barreiro, uno de los intermediarios del negociado.
Los funcionarios nunca detectaron que la empresa E-ZAY no tenía antecedentes en el rubro de los insumos médicos, tampoco contaba con habilitación como fabricante o distribuidor, y encima no tenía producción propia de barbijos.
Pese a todo eso, el fiscal decidió archivar la causa argumentando que los funcionarios involucrados (Montovio, Costabel y Varela) no cometieron ningún delito. “Luego de producidas todas las medidas de prueba que hacen a la presente investigación es posible afirmar que existió una conjunción de factores sin duda peculiares, mas no delictivos”, sostuvo el fiscal en una extensa resolución de 40 carillas a la que tuvo acceso Infobae.
Sobre los funcionarios, el fiscal dijo que se vieron “sobrepasados” por la situación de emergencia. “Ello los llevó a acelerar procesos y asumir riesgos al contratar con ciertos proveedores no habituales de este tipo de productos y a un precio mayor al de referencia en tiempos de pre-pandemia consecuencia como se dijo de la alta volatibilidad del mercado”, explicó.
También consideró que no hubo un acuerdo previo entre los funcionarios, al menos de lo que surgía en los celulares analizados: “La compulsa de los equipos celulares secuestrados a las personas investigadas permite concluir que no hay conversaciones o comunicaciones que permitan aseverar que existía una connivencia previa entre los funcionarios y los privados para favorecer a la contratación de EZAY SRL”.
En la misma resolución, el fiscal ordenó dejar sin efecto los embargos y el congelamiento de las cuentas bancarias ordenados durante la investigación. Las empresas involucradas son Auto Leasing SA, Kimberly Clark Argentina CTA, Fundadores SA, Insight Group SA, Procter & Gamble SRL, Scapuccio Food Group SRL, Suvalle SRL, Alfarma SRL, Agropecuaria Celta SA, Master Leader Mundial SA, Agro Bertero SA, Derechos Patrimoniales y Societarios SRL, Por los Palos SAS, Stella Maris Montivero, Edgardo Echeverría y Flexfintech SAS. Todas esas firmas recibieron transferencias por parte de E-ZAY.
El archivo, notificado pocos días antes de la feria judicial, no fue apelado por los implicados. Al no haber querella, salvo que aparezca un hecho nuevo, quedará firme.
Diez días después de resolver la situación de los ex funcionarios, el fiscal también archivó la causa contra Damián Nevi, el intermediario que estuvo detenido más de un año. En esa resolución, el fiscal habló de una “simple estafa entre privados”, ya que Nevi fue denunciado por el dueño de E-ZAY. “Habiéndose dispuesto el archivo respecto de la contratación gubernamental (fue diez días antes) el objeto procesal residual es una estafa simple entre particulares, por lo que adquiere una relevancia central el papel de la víctima en relación con el norte a seguir”, sostuvo el fiscal.
Nevi estuvo detenido por orden de la jueza criminal y correccional Paula González, que también lo mandó a juicio oral por la venta de respiradores a la provincia de Buenos Aires. Pero la causa de los barbijos pasó a la justicia de la Ciudad, que ahora ordenó el archivo. “Me tuvieron preso un año y dos días. La Justicia además me robó $2.4000.000 y ahora voy a reclamar todo. En mi cuenta entraron 58 millones por los descuentos, pero me sacaron más de 60 millones”, se quejó el empresario.
Al momento de archivar la causa, el fiscal también tuvo en cuenta que el dinero secuestrado a Nevi ya fue devuelto a la Ciudad. “El desistimiento de la persecución penal contra los imputados Damián Andrés Nevi, Paula Edith Fernández y María Elena Canali a partir de lo sostenido por la parte damnificada, es la solución más acertada para la situación planteada en autos; máxime cuando el monto de $60.500.000 habría sido recuperado a los pocos días de iniciado el expediente con la medida cautelar dispuesta por el Juzgado PCyF N° 20 y posteriormente devuelto al Gobierno local quien lo había girado inicialmente a la empresa Ezay SRL”, justificó.
El escándalo de los barbijos tuvo dos causas penales. En abril del año pasado, el mismo fiscal ya había cerrado la investigación por la fallida compra a la empresa Green Salud de 15 mil barbijos que estaban vencidos. El fiscal determinó que no hubo perjuicio económico para la Ciudad y que los empresarios vendieron los barbijos sin saber que estaban vencidos.
Esa licitación también fue adjudicada por el entonces subsecretario de Administración del Sistema de Salud, Nicolás Montovio bajo la modalidad de una contratación directa. De los 15 mil barbijos comprometidos, apenas se entregaron 1600.
Infobae
