Con el amparo judicial que les permite elevar el costo sin ningún tipo de argumentación y el silencio cómplice de la Corte Suprema, el Gobierno no puede regular uno de los servicios esenciales para la población. Las empresas se aprovechan de los usuarios.
Las empresas que dominan el mercado de la telecomunicación volvieron a la carga para subir las tarifas de cable, internet y telefonía y empujan una inflación recalentada. Con el amparo judicial que les permite elevar el costo sin ningún tipo de argumentación y el silencio cómplice de la Corte Suprema, el Gobierno no puede regular uno de los servicios esenciales para la población.
La factura de la empresa Telecentro llegó con un incremento del 13% el último mes y el resto de las compañías líderes no se quedaron atrás en el último tramo. De acuerdo a lo que revelaron fuentes del Gobierno a El Destape, desde el último incremento autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el trío Telecentro, Telecom (Grupo Clarín) y Movistar aumentaron un 40% sus servicios, sin ningún tipo de aval oficial.
Con la cobija del Poder Judicial, el Grupo Clarín y el resto de las grandes empresas dedicadas al negocio de la telecomunicación llegaron a subir las tarifas hasta un triple del valor autorizado por el Enacom. La dinámica desregulacionista seguirá al menos 6 meses más luego de que Héctor Magnetto y sus socios obtuvieran una prórroga de la medida cautelar que suspende la aplicación del decreto del presidente Alberto Fernández que declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial, lo que habilita al Estado a fijar límites en las tarifas.
TODO PARA LOS PODEROSOS
El último nuevo favor a las empresas llegó a través de una resolución a fines del año pasado. La misma prorrogó por 6 meses la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de mayo pasado, que le otorgó una medida cautelar a Telecom -se hizo extensiva al resto de las compañías- con las firmas de los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. La jueza María Claudia Caputi votó en disidencia.
El decreto suspendido por estos jueces es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cual el Gobierno estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia, por lo que los precios son regulados por el Estado. El organismo a cargo de autorizar los aumentos de precios es el Enacom, que apeló el fallo, pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, que aún no se expidió y continúa enfriando la decisión.
Ante la impotencia de no poder aplicar la ley, la estrategia del Gobierno es la siguiente: si el Poder Judicial avala aumentos por fuera de la normativa, no tiene sentido autorizar subas futuras. De hecho, las firmas ni siquiera informan los aumentos por formalidad protocolar al Enacom. La única manera que tiene el ente de relevar los incrementos es a través del sistema de quejas por parte de los usuarios, que actualmente representa un canal de comunicación ínfimo.
De acuerdo a un informe al que accedió este medio, en 2021, las empresas se aprovecharon de la medida cautelar que otorgó el poder judicial para aplicar aumentos desmedidos. Tanto las tarifas de televisión paga, el servicio de internet y la telefonía móvil mostraron la voracidad de las compañías contra los usuarios.
Por ejemplo, para el servicio móvil postpago, el organismo autorizó incrementos del 21% el año pasado, pero Claro aumentó un 45%, Movistar un 44% y Personal un 49%. Los paquetes que representan el plan prepago son más diversos pero las subas que fijaron las firmas fueron igualmente altos y llegaron hasta un 50%. Asimismo, para el servicio móvil mixto, Claro aumentó la tarifa un 33%, Movistar un 44% y Personal un 49%.
A su vez, para el servicio básico telefónico, Enacom autorizó un incremento del 16%. Sin embargo, Telefónica subió la tarifa un 44% y Telecom un 27%. Respecto al servicio de Internet al hogar, las autoridades habían estipulado una suba anual del 19%, pero los prestadores siguieron otros planes. En detalle, Claro elevó el costo de la tarifa un 53%, Telefónica un 41% y Telecom un 43%.
Por último, el ente había autorizado un incremento del 16% para la televisión paga. Mientras Telecentro aplicó un aumento del 10%, DirecTV lo hizo en un 19% y Cablevisión fue hacia un extremo: elevó el precio un 43%.
Fuente: Eldestape.com/El Patagónico