La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acatarán el pedido del Juzgado Federal 2 de Paraná para que se abstengan de nombrar integrantes para el órgano encargado de seleccionar y remover jueces.
Con un fallo judicial, el oficialismo consiguió poner en suspenso la designación de los dos representantes parlamentarios para conformar el Consejo de la Magistratura, el cuál deberá estar integrado por 20 miembros a partir del 15 de abril, tal como lo solicitó la Corte Suprema de Justicia. La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decidieron atender el requerimiento del juez de Paraná Daniel Edgardo Alonso. Por el contrario, Juntos por el Cambio criticó la resolución y nominó a dos legisladores de ese espacio para ocupar más lugares en el órgano encargado de seleccionar y remover magistrados.
Hasta hace unas horas, en el Frente de Todos se analizaba la posibilidad de solicitar una prórroga al Máximo Tribunal, desde donde rápidamente hicieron saber que no le darían un tiempo extra al Congreso para debatir una nueva ley. El mensaje de los cortesanos fue idéntico al volcado en el fallo que emitieron en diciembre pasado: si antes del 15 de abril no hay una norma que reemplace a la sancionada en 2006, el Consejo deberá volver a su antigua composición. Ante ese escenario, en el oficialismo optaron por otra táctica, que puso en marcha el diputado entrerriano Marcelo Casaretto, quien presentó un amparo para evitar que se avance con el nombramiento de un senador y un diputado de la oposición en el organismo.
“El objetivo es que el Congreso vote una nueva ley”, dijo a BAE Negocios Casaretto, en referencia a la presentación que realizó días atrás. Finalmente, el Juzgado Federal 2 de Paraná hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a los presidentes de ambas cámaras que se abstengan de designar nuevos integrantes para el Consejo de la Magistratura. La noticia fue celebrada en el oficialismo, en especial en Diputados, donde está pendiente el debate del proyecto que tiene media sanción del Senado.
Uno de los primeros en festejar fue el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, que a través de su cuenta de Twitter planteó que con el fallo de Alonso se “genera una ventana de oportunidad para encauzar institucionalmente el tema” y pidió a la oposición “trazar juntos un camino para que podamos dar el debate en Diputados de la 1/2 sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones”.
“La pre cautelar lo dice con claridad. Las autoridades del Senado y Diputados se tienen que abstener de designar nuevos integrantes del Consejo. Son funcionarios públicos. Deben cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná. O quieren que desobedezcan una orden judicial?”, agregó el diputado santafecino, adelantándose a los reclamos que desde Juntos por el Cambio puedan llegar a hacer en la Justicia en los próximos días. En la coalición opositora, incluso, no descartan realizar un pedido de juicio político a Alonso. Por lo pronto, desde el Colegio de Abogados de la CABA presentaron ante la Corte Suprema un pedido para que se anule la resolución adoptada por el juez federal de Paraná.
“Germán, estás pidiendo que Sergio Massa y Cristina Kirchner desobedezcan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No te parece demasiado? Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano (menos el juez de Paraná)”, respondió con un tuit el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, quien un rato antes se cruzó por casualidad con la titular del Senado en la sala VIP de Aeroparque, mientras cada uno esperaba para abordar el avión rumbo a sus respectivas provincias.
Para ese momento, la vicepresidenta ya había tomado la decisión de atender el requerimiento del Juzgado Federal 2 de Paraná. “El fallo se respeta”, dijeron a este diario desde el entorno de Cristina Kirchner. Massa también seguirá el mismo camino, a la vez que planea convocar a la oposición para el lunes próximo con el objetivo analizar los pasos a seguir.
Sin embargo, las chances de llegar a un acuerdo para sancionar una nueva ley son bajas. Tanto Juntos por el Cambio como el interbloque Federal, que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez, rechazan el texto aprobado en el Senado. Por el momento, los únicos dispuestos a acompañar al oficialismo son los 4 diputados del interbloque Provincias Unidas, que encabeza Luis Di Giacomo.
Desde la principal fuerza opositora no sólo criticaron la medida judicial que contradice lo resuelto por el Alto Tribunal, sino que además propusieron a la diputada radical Roxana Reyes y al senador del PRO Luis Juez para integrar el Consejo a partir del 15 de abril, cuando deberá pasar de 13 miembros a 20.
En representación de los abogados ya fueron electas la semana pasada dos consejeras, Jimena de la Torre, ligada a Juntos por el Cambio; y María Fernanda Vázquez, cercana al Frente de Todos. También se seleccionó a la representante de los magistrados, la jueza Agustina Díaz Cordero. Falta que elijan a los dos académicos, algo que se llevaría adelante el lunes próximo.
BAE Negocios
