En junio pasado, las negociaciones entre las dos partes estaban frenadas. La Corte señaló que dispuso esta forma de tramite para tener “mayor amplitud” en el debate.
La Corte Suprema de Justicia decidió este jueves dejar de tramitar como un amparo la causa en la que el Gobierno de la Ciudad reclama que se restituya el porcentaje de coparticipación que había recibido durante la gestión de Mauricio Macri y que le fueron quitados por el presidente Alberto Fernández, luego de una protesta de policías bonaerenses en la puerta de la Quinta de Olivos hace casi un año.
Las partes habían intentado llegar a un acuerdo, pero el intento quedó en vía muerta desde junio. Lo que el máximo tribunal resolvió fue tramitar la causa como un “proceso ordinario” ante la propia Corte. “Si bien el Tribunal ha resuelto que las acciones de amparo son procedentes -de manera general- en las causas que tramitan por vía originaria, la cuestión planteada requiere una mayor amplitud de debate y prueba que la que permite el limitado ámbito cognoscitivo de ese proceso excepcional”, dice la resolución de la Corte.
En ese sentido, el fallo subrayó que “el objeto de la pretensión exige que la tutela de las facultades constitucionales invocadas se canalice por vías que no limiten los mecanismos procesales a los previstos para la acción aquí esgrimida, por lo que cabe disponer que el presente se sustancie por el trámite previsto para el juicio ordinario”.
La decisión implicar darle participación del caso a la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, como sucede en todos los casos en donde el Estado Nacional es demandado.
En los tribunales se interpretó que la decisión podía aletargar una resolución al conflicto, pero las fuentes consultadas insistieron en que la decisión “no implica adoptar un proceso más lento que el amparo, ya que en la vía ordinaria hay disponibles varios instrumentos procesales para garantizar el dictado de una sentencia en tiempo oportuno”. En ese sentido, los voceros judiciales consultados resaltaron ademas que se buscaba garantizar “el mayor debate posible, dada la trascendencia y complejidad del tema”.
En la causa, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta demanda al Estado Nacional invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos. Puntalmente, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3.5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses.
A su criterio, el gobierno de Alberto Fernández no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.
En junio pasado fue la últimaaudiencia entre los representantes del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos convocada por la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto por los fondos de la coparticipación federal. La reunión terminó sin avances. Las dos partes firmaron un acta de una carilla en la que se ratifica la voluntad de diálogo pero se reanudaban los plazos procesales, que estaban suspendidos para tratar de llegar a un acuerdo.
La disputa surgió luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad, tras el conflicto que tuvo el Gobierno de Axel Kicillof con la policía bonaerense. A esa medida, le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo argumentó que era un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad.
El Gobierno de la Ciudad presentó un amparo para que esa decisión sea declarada inconstitucional. La Corte Suprema citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación que no lograron avanzar. En el medio hubo varias reuniones entre los equipos técnicos donde tampoco se llegó a buen puerto, dijo una fuente de la Ciudad
El recorte de fondos para la Ciudad implicó la pérdida de 40 mil millones de pesos en los últimos siete meses, según estimaciones de la administración porteña. El Ejecutivo porteño paralizó todas las obras públicas y tuvo que implementar un fuerte recorte de gastos y aumento en los ingresos para financiar a las fuerzas de seguridad, que insumen 95.000 millones de pesos.
Sin embargo, por la decisión de Nación, el monto transferido es de 24.500 millones de pesos, por lo que la diferencia debe ser cubierta por la Ciudad. Para la administración porteña, ese monto no es suficiente para que Rodríguez Larreta afronte los gastos que implica mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad.
Además de las cuestiones constitucionales, entre los puntos que Ciudad entiende prioritario discutir se encuentran el monto necesario para financiar el servicio de Seguridad transferido, el mecanismo de actualización de dicho monto -que debe ser representativo y transparente-, y el mecanismo de transferencia de los recursos, el cual debe ser automático y por fuera del Presupuesto nacional, indicó CABA mediante un comunicado. Sobre todas estas cuestiones debería alcanzarse un acuerdo razonable que no es el que está previsto en la Ley 27.606 que la Ciudad ha cuestionado por ser inconstitucional.
Infobae
