Representantes del ministerio de Economía y el cuerpo de abogados porteño discutieron condiciones para resolver el financiamiento de la Policía en el distrito. Volverán a verse las caras el 12 de mayo.
La audiencia de conciliación convocada por la Corte para destrabar la pelea por más de $ 65.000 millones correspondientes a las transferencias de recursos que se giraban a la Ciudad de Buenos Aires de la coparticipación federal terminó sin acuerdo pero con el compromiso de volver a intentarlo una vez más, el próximo 12 de mayo.
La cita transcurrió con la tensión latente por la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado el pasado miércoles por el presidente Alberto Fernández y que fijó el cierre de las escuelas, pero que fue desoído en la Ciudad por Horacio Rodríguez Larreta tras presentar un escrito ante el máximo tribunal de justicia.
El procurador general del Gobierno porteño, Gabriel Astarloa;el ministro de Economía, Martín Mura,y el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, expusieron ante un mediador de la Corte los argumentos por los que defienden el 3,5% de recursos coparticipables que el Gobierno nacional, durante el cuatrienio de Mauricio Macri, giraba automáticamente para cubrir la transferencia de las competencias de seguridad en materia no federal, y el traslado de casi 20.000 agentes de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad.
Por el lado del Gobierno nacional, los letrados Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson reiteraron el planteo de incompetencia de la Ciudad para litigar contra la Nación, y la validez de los decretos presidenciales y la ley del Congreso que homologó la reducción del 3,5% al 1,4%.
El máximo tribunal requirió a las partes que lleguen a un entendimiento siguiendo los preceptos de la Ley N° 27.606, que establece en su artículo 2 la necesidad de que se acuerde de manera bilateral entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad el monto anual que demanda la transferencia de facultades y funciones de seguridad no federales al distrito porteño, como así también el mecanismo de actualización.
Fuentes judiciales confiaron aEl Cronista que las partes acordaron mantener una estricta confidencialidad sobre las condiciones discutir para hacer posible una negociación política que venía fracasando desde enero ante la negativa de la Ciudad de sentarse a la mesa debido a la existencia de un recurso en la Justicia.
Tras hora y media de discusión, los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y de la Procuración porteña levantaron al reunión con la convicción de proseguir la conversación que se había intentando en enero, a instancias del ministerio de Economía y el Interior, sin éxito. Mientras tanto, la Nación gira mes a mes una cuota del cálculo estimativo que hizo sobre el costo de la transferencia.
El Cronista
