Pese al cambio de autoridades, sigue firme la intención de privatizar Trenes Argentinos Operaciones: la empresa creó una “unidad especial” para la transferencia de los servicios al sector privado. En paralelo, el Gobierno solicitó la ayuda del BID para avanzar en el diseño de un modelo para volver a concesionar los trenes. La prórroga de la emergencia ferroviaria, en línea con el objetivo privatizador.
El objetivo de avanzar con la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) se mantiene firme pese a los cambios en Transporte y al retorno de la “línea técnica” al frente de las empresas ferroviarias.
Según pudo saber enelSubte, el directorio de la operadora ferroviaria estatal creó recientemente una “unidad especial para el proceso de transformación de operación de SOFSA al sector privado”.
La creación del organismo apunta a acelerar el proceso de privatización de la operadora ferroviaria, que enfrenta importantes contratiempos incluso en comparación con el también rezagado de Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL).
Según pudo reconstruir este medio, la citada Unidad tendrá a su cargo la elaboración de un estado de situación general de la empresa y de una propuesta de concesión integral, a fin de elevarlos posteriormente a las autoridades de la Secetaría de Transporte.
En paralelo a este movimiento interno, y tal como anticipó este medio, el Gobierno solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una asesoría para la elaboración de una hoja de ruta “técnica” destinada a “la reforma del sistema ferroviario de pasajeros del AMBA” y a definir un modelo de gestión bajo el régimen de concesión a operadores privados.
Este plan no solo abarcaría a las líneas actualmente controladas por Trenes Argentinos Operaciones (Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca y Belgrano Sur), sino también a las actualmente operadas por concesionarios privados (Urquiza y Belgrano Norte), cuyos contratos se encuentran vencidos y han sido prorrogados hasta tanto se defina una solución integral.
Por lo pronto, la reciente prórroga de la “emergencia ferroviaria” por un plazo de dos años más desde su vencimiento -estará vigente hasta mediados de 2028- está en línea con el objetivo privatizador.
La norma apunta a garantizar un horizonte de continuidad para las obras en curso y recursos para ejecutar las aún no iniciadas, aunque sin que se hayan incorporado otras nuevas en el listado de proyectos prioritarios.
Estas inversiones buscan preparar las líneas para su transferencia al sector privado, a la vez que liberar a los eventuales concesionarios de cuantiosos gastos que no están dispuestos a realizar, ya que los consideran imposibles de recuperar.
Entre estos proyectos no solo se encuentran obras de infraestructura -cuya ejecución no será obligación de los concesionarios-, sino también la incorporación de nuevo material rodante, como la recientemente relanzada compra de cochemotores para renovar la envejecida flota de los ramales diésel del AMBA, a la que se presentó en solitario la china CRRC y que correrá por cuenta del Estado.
En este sentido, no quedan claros cuáles serían los beneficios de la reconcesión del sistema ferroviario ya que, además de que todas las inversiones serán financiadas por el Estado -y de acuerdo con el modelo planteado por el BID-, los concesionarios recibirán subsidios estatales para afrontar los costos de la operación.
EnelSubte