El histórico enfrentamiento entre los miembros recrudeció con la renovación de autoridades, de la que no participaron dos de los cinco supremos. Lorenzetti calificó a la elección como “irregular” y condenó el “autovoto”.
Cuando el 1 de octubre Horacio Rosatti desembarque en la presidencia de la Corte Suprema, deberá remontar una situación de máxima tensión interna que no colabora con la deteriorada imagen del tribunal. Los enfrentamientos no son nuevos y las grandes crisis se han relacionado con el reparto y el manejo del poder. Esta vez, el disparador fue la elección de autoridades en un acuerdo extraordinario convocado por el aún presidente Carlos Rosenkrantz del que dos de los cinco supremos, enojados, decidieron no participar. Pero el clima de descalabro institucional recrudeció con una nota que Ricardo Lorenzetti –uno de los ausentes– hizo circular por diarios y portales, con aires de ofendido, en la que decía que la consagración de Rosatti como presidente y Rosenkrantz como vice había sido “irregular” y que “repite vicios” “moral y jurídicamente descalificados” de la Corte de los años noventa, entre otras cosas porque se votaron a sí mismos para triunfar. El Gobierno observa los acontecimientos que desestabilizaron al tribunal que tanto cuestionó, como un espectáculo ajeno a capitalizar, después de su propio fracaso en lograr reformas judiciales. Ya hay funcionarios que, más allá del regodeo, imaginan que la nueva conducción permitirá resetear el vínculo con el mundo supremo. ¿Cambiará algo en la Corte? Es posible.
Tampoco es la primera vez que Lorenzetti manda una carta a los medios en busca de protagonismo con la misma analogía sobre los noventa tras una pulseada que perdió. Pasó en 2018, cuando fue derrocado. Ahí acusó a Rosenkrantz, entonces electo, de maltratar a su vocera, María Bourdin y le adjudicó actitudes de “épocas que hemos querido superar”. Fue un escándalo en medio de un evento con jueces de todo el mundo en el CCK. Ante la derrota, exhibe su queja. Busca exponer a los demás, que esta semana ciertamente realizaron una votación precaria. Lorenzetti aseguró que él había avisado que tenía un evento del Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) y que era un asunto institucional. Que no entendía por qué no posponer la votación. Dijo que la elección de autoridades por acuerdo extraordinario es “irregular” y condenó el “autovoto”, que comparó con el de Julio Nazareno en el año 2000, cuando existía la mayoría automática menemista. En el e-mail que había enviado el día del acuerdo decía que un enero Juan Carlos Maqueda había sido convocado pero estaba en Miami por asuntos personales.
La respuesta de la vereda de enfrente a Lorenzetti fue que no había pedido licencia, que tampoco había pedido permiso a sus colegas para asistir a Unidroit (como hacen otros por reglamento), que no representa a la Corte en ese organismo y que antes que nada es juez. Desempolvaron otro antecedente: en 1988 José Severo Caballero se votó a sí mismo presidente pues con el apoyo de Carlos Fayt y Augusto Belluscio no le alcanzaba. Cuando Maqueda estaba en Miami, aclararon, el acuerdo se hizo igual, sin él.
Una Corte de cinco miembros es pequeña para tanta concentración de poder. Un enfrentamiento entre dos provoca un cataclismo. El de Lorenzetti y Rosatti, quien diseñó su derrocamiento tres años atrás, genera una onda expansiva. En aquel entonces, Maqueda fue el único que respaldó al destituido. En los últimos tiempos se distanció, más aún desde que comenzó a circular una “oportuna” denuncia en su contra sobre el manejo de la obra social judicial en plenas negociaciones sobre la presidencia suprema, y cuando era cada vez más certero su acercamiento a Rosatti. Lorenzetti, ya cuando supo que a él mismo no le quedaban chances presidenciales, intentó sabotear la fórmula Rosatti-Rosenkrantz ofreciéndole a éste último su apoyo para presidente y que continuara Elena Highton de Nolasco de vice. Con el juez no tuvo suerte. La jueza faltó al acuerdo en solidaridad con él cuando supo que la elección avanzaba. Esa opción latente y la desconfianza –una marca de esta Corte– también podrían explicar el apuro.
La rivalidad entre Rosatti y Lorenzetti, que ni se hablan, marcará lo que ocurra de ahora en adelante. Es factible que la nueva gestión del primero se defina en oposición al estilo que acuñó su colega durante sus largos once años de presidente supremo. Porque algo de eso, además, viene intentando sembrar de manera discreta. En las últimas horas y pese al revuelo, Rosatti recibió una catarata de llamados, muchos de ellos de jueces y juezas de tribunales variados. La respuesta que devuelve a través de colaboradores es que planea hablar con todo el mundo, tener diálogo, pero –a veces deja entrever– que no se espere de él que aliente la utilización política de causas judiciales y mucho menos encarcelar gente con teorías como las del poder residual, que alentó Lorenzetti en la época del gobierno de Mauricio Macri. Ese ciclo terminó, aunque la Corte por sí misma nunca le puso coto. La comunidad política está atenta a nuevas posibles formas de embates judiciales. En una mesa sobre “independencia judicial” de la Federación Argentina de la Magistratura esta semana Rosatti dejó mensajes que jueces y políticos sabrán leer: “Se pide a los jueces que no jueguen a ser políticos y me parece muy bien (…) desde la judicatura, a los políticos que se respeten las decisiones judiciales”. También se mostró partidario de la “interrelación sin interferencia entre los poderes”.
Rosenkrantz y Rosatti llevan la marca indeleble de haber sido designados por Macri, a propuesta del prófugo Fabián Rodríguez Simón, un operador judicial que es amigo del primero y que entendió que el segundo era un buen candidato de consenso, en especial por su origen peronista. Ambos habían aceptado el intento fallido de ser nombrados por decreto. Rosatti y Rosenkrantz son el agua y el aceite en el plano jurídico. Pocas veces coinciden. El santafesino quedó rotulado como “anticapitalista” por Macri, quien igual que Elisa Carrió se dicen arrepentidos de haberlo designado. Es por fallos recientes en contra de empresas que obligan al pago de tasas e impuestos, y por otros previos pro derechos laborales con los que Rosatti fortaleció su alianza con Maqueda, que igual que él fue convencional constituyente y es peronista. En las antípodas, Rosenkrantz se tuvo que excusar en decenas de causas de tantos clientes empresarios que tenía en su estudio, una tradición que inclina sus sentencias a favor del sector.
Todo esto muestra que las alianzas en los fallos no son las mismas que en el plano institucional, y que nada es tan estable. Es más, algunos viejos conocedores de la Corte vaticinan que Lorenzetti y Highton podrían paralizar fallos si quisieran boicotear. Algo alarmante ya ocurrió esta semana, el jueves, el día que se firman sentencias: había 800 para firmar, pero solo salieron 21. Hay un orden para que los supremos firmen. Primero el presidente, luego el vice, luego el más antiguo y al final los más recientes en llegar a la Corte. Cuando la ronda llegó a Lorenzetti se trabó, porque no firmó nada.
La alianza que funciona entre Rosatti y Rosenkrantz, a quien impulsó en 2018 como presidente, es estratégica. A Rosatti nunca le agradó el modo de Lorenzetti de ejercer el liderazgo en el tribunal, con el acaparamiento de decisiones administrativas y el manejo personal de la relaciones con distintos estamentos del poder. Como es evidente, la presidencia de Rosenkrantz sirvió para satisfacer al macrismo y ofrecía un buen plafón para ensayar otra de las ideas que Rosatti tenía en mente: un sistema colegiado, que a los pocos meses logró que se aprobara y que vació de poder al nuevo presidente (si, ¡su aliado!). En ese caso se aprobó con los votos de Lorenzetti y Maqueda, que entendieron la jugada. Desde entonces el presidente no puede tomar decisiones administrativas por su cuenta (presupuesto, contratos, licencias, entre otras cosas) sino que hacen falta tres firmas para eso. Esto implicó un cambio rotundo y cultural en la Corte y con el que paradójicamente el presidente electo ahora deberá lidiar. Parece que va camino a profundizar ese modelo, que Rosenkrantz aborreció pero ahora elogia. Otras ideas que quedaron en el camino fueron la agenda de fallos y el tope de 90 días para fallar.
Para este año, fórmula Rosatti-Rosenkrantz era la única posible en la cabeza de “El Briga”, como le dicen al santafesino porque le atribuyen un parentesco con el brigadier Estanislao López, inspirador de la primera Constitución de Santa Fe. Maqueda nunca quiso presidir. Hubo un tiempo en que existió armonía entre Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Fueron llamados por el macrismo como “la mayoría peronista” cuando impidieron habilitar el Tribunal Oral Federal 9 que el gobierno de Cambiemos había armado a medida, convirtiendo en federal un tribunal oral ordinario amigo, para que tuviera las causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo que ocurrió esta semana hizo volar todas las previsiones por los aires. En algunos despachos del Gobierno, donde estaban acostumbrados a hablar con Lorenzetti, se abrió una curiosa expectativa, con paciencia, de nuevos canales de diálogo. Más allá del “autovoto” supremo sin el cual no había ganadores, lo que no tiene precedentes es que a un acuerdo de cinco jueces para elegir autoridades vayan solo tres y que luzca tan endeble elpoder funcionamiento de ese encumbrado tribunal que siempre tiene la última palabra.
Página/12
