El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, en el escrito de apelación de 394 carillas. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que la vicepresidenta también sea condenada por “asociación ilícita”. Cómo sigue ahora el proceso judicial.
“Ya en las primeras páginas de la sentencia quedó de manifiesto que la condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas, sino con circunstancias que los magistrados calificaron de indicios. Pero el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino sólo en consideraciones arbitrarias sin el más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”. Con ese arranque, la defensa de la expresidenta, a cargo de Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, desarrolló la apelación en el caso de la construcción de rutas en Santa Cruz, expediente conocido como Vialidad. El recurso, que reclama la absolución de CFK, debe ser tratado ahora por el propio tribunal que produjo la sentencia –Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini, Andrés Basso-, que seguramente admitirá el recurso y lo enviará a la Sala IV de la Cámara de Casación. Allí conviven dos jueces que fueron visitantes asiduso de Mauricio Macri durante su presidencia –Mariano Borinsky y Gustavo Hornos– y un tercero, Javier Carbajo, que ya emitió opinión. Como es obvio, los tres serán recusados, algo que tendrá que resolver otra sala de Casación o la Corte Suprema. En expedientes anteriores -Memorándum con Irán; Oil Combustibles- el proceso duró más de un año. Los fiscales también apelaron, pero en el caso de CFK su recurso debería ser rechazado de acuerdo a lo que prescribe el Código Procesal. La defensa de la expresidenta volvió a exponer la persecución política: fiscales y jueces que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, magistrados que estuvieron en Lago Escondido y hasta la mano del prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
“El juicio demostró la inocencia”
Beraldi-Llernovoy señalan lo que Página/12 presenció a lo largo de tres años: que las audiencias fueron catastróficas para los fiscales y que no hubo ni un solo testigo que mencionara que Cristina Kirchner tuviera alguna intervención en las obras de Santa Cruz. No existió ni una orden ni un correo electrónico sugiriendo alguna medida o un favoritismo en las licitaciones. Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Pero, además, los testigos -empresarios, incluyendo al primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra– sostuvieron que era lógico que Lázaro Báez ganara 52 de las 81 licitaciones porque era la constructora radicada en la provincia con más personal y maquinaria. El mismo fenómeno se repetía en otros distritos.
“Tanto fue así -señala la defensa de CFK- que el tribunal no tuvo más remedio que descartar las tres toneladas de pruebas que la fiscalía decía tener en contra de nuestra representada, fundando la sentencia en simples indicios y algunos papeles que a lo sumo deben pesar unos pocos gramos”.
Las “pruebas” sacadas de la manga
“Los jueces se valieron de tres circunstancias que no validan las conclusiones a las que llegaron -señalan Beraldi-Llernovoy-. Primero, un decreto que actualmente sigue vigente y cuya licitud ni siquiera fue objetada en la sentencia. Segundo, relaciones comerciales con Báez, que no forman parte de este juicio y que tampoco fueron cuestionadas por el tribunal. Tercero, mensajes de texto extraídos del celular del exsecretario José López, que no fueron enviados ni recibidos por nuestra representada y de los cuales tampoco se deriva, ni remotamente, una conducta delictiva atribuida a la nombrada”.
Ninguna de esas supuestas evidencias se trataron en el juicio.
El decreto 54/2009 en cuestión nunca estuvo en el centro de la acusación a lo largo de los tres años de audiencias ni fue clave en la imputación. Los fiscales y los jueces lo sacaron de la galera a raíz de que naufragaron en todas las imputaciones. Lo más grosero es que ese decreto sigue vigente hasta hoy y los jueces tampoco es que decretaron la nulidad de lo hecho en ese marco. Según los magistrados, la norma se firmó para beneficiar a Báez, pero el 54/2009 no cambió la forma de pago y benefició a todos los contratistas y todos los distritos. Finalmente, la defensa sostiene que el decreto fue publicado en el Boletín Oficial y todas las obras figuraron en los presupuestos de cada año.
La relación con Báez y el supuesto plan para limpiar todo fueron respondidos por la defensa de CFK con un simple argumento. Los fiscales sostuvieron que la expresidenta pactó con Báez, en una reunión en Río Gallegos, que cerrara Austral Construcciones, que se despidiera a todo el personal, llevándose 500 millones de pesos que se pagarían en los últimos días del gobierno de Cristina. Tal pago no existió, Cristina no estaba en la supuesta sede del encuentro -en ese momento participaba de una inauguración en Río Negro- y resultaba incongruente que la expresidenta armara una crisis social cuando quien asumía como gobernadora de la provincia era su cuñada, Alicia Kirchner.
La relación comercial con Báez
Fue la defensa de CFK la que propuso unificar los dos juicios, el de Vialidad y el de los alquileres de Hotesur-Los Sauces. Fiscales y jueces dijeron que eran cosas distintas. Pero, después, en el alegato final y en la sentencia, sostuvieron que CFK benefició a Báez por su interés en los alquileres. Contesta la defensa que se trató de “una actividad comercial lícita -los alquileres-, debidamente documentada, bancarizada y trazable” cuyo producto fue “una ganancia legítima, no un lucro indebido, sino un lucro debido. ¿Las relaciones comerciales son lícitas? Pues si lo son, entonces la imputación formulada cae por su propio peso”. En Hotesur-Los Sauces los abogados de CFK ya demostraron que los alquileres fueron siempre a precios de mercado, en blanco y declarados a la AFIP.
El recurso de los fiscales
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también presentaron su recurso este lunes. Según sostiene la defensa de CFK, en el caso de la vicepresidenta el recurso debe ser rechazado porque la fiscalía sólo puede recurrir cuando el tribunal haya dictado una pena menor a la mitad de la pedida por la fiscalía. En este caso, Luciani-Mola pidieron 12 años de prisión para la vicepresidenta; la sentencia fue por seis, o sea la mitad, no menos de la mitad.
De todas maneras en el escrito de 528 páginas Luciani-Mola insisten en que Cristina debe ser condenada por asociación ilícita -cargo que desestimaron dos de los tres jueces- y los fiscales apelaron también las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, René Garro y Carlos Kirchner. Según Luciani-Mola “la sentencia expuso el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia, por lo que no comprendemos los motivos por los cuales la mayoría del tribunal no acompañó subsumir la conducta de los acusados en el delito de asociación ilícita”.
Próximos pasos
Los recursos se presentan ante el propio tribunal que dictó la sentencia -Giménez Uriburu, Gorini y Basso- que deben considerar la admisibilidad. En el caso de las defensas, es casi automático. Habrá que ver si objetan o no el recurso de la fiscalía, al menos en lo que respecta a CFK.
El siguiente paso es que el expediente se eleva a la Cámara de Casación, seguramente a la Sala IV, Hornos, Borinsky y Carbajo. Allí vendrá la recusación de las defensas, por el vínculo entre los magistrados y Macri -el paddle, las visitas a Casa Rosada- y, en el caso de Carbajo, porque en la causa sobre lavado de dinero contra Lázaro Báez sostuvo que el delito del que venía la plata fue la obra pública de Santa Cruz. O sea, ya se expidió.
Esta recusación podría ser resuelta por otra sala de Casación o por la Corte Suprema, pero tardará varios meses. Y luego vendrá el debate sobre la sentencia, con la convocatoria a una audiencia donde las partes tienen la oportunidad de mejorar su fundamentos. En el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán o en Oil Combustibles la resolución tardó más de un año.
Un punto clave planteado nuevamente por Beraldi-Llernovoy destaca toda la persecución política detrás del caso Vialidad. Denuncia de dirigentes opositores, jueces y fiscales que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, un fiscal que iba a la Casa Rosada, un perito que tuiteaba contra CFK, la intervención del prófugo Pepín Rodríguez Simon y, como si fuera poco, la trama que quedó expuesta con el viaje a Lago Escondido, pagado por el Grupo Clarín, con un vuelo privado que llevó al juez de la causa y también al hermano y el padre del fiscal del expediente. Cartón lleno.
Página/12
