La imputación de la vicepresidenta respecto de la existencia de un festival de importaciones -que se verificará nuevamente en la cifra récord histórica del último mes cuando los valores alcanzarán los 8.900 millones de dólares- debe ser observada con una mirada matizada. Un informe al que CFK tuvo acceso antes de hablar en Avellaneda da cuenta de que las cantidades de bienes finales y de consumo se han mantenido constantes durante el último año, con las importaciones de bienes sensibles como vehículos, calzado y electrodomésticos terminados en mínimos históricos. Los aumentos corresponden en cambio a importaciones indispensables de energía -que explican casi un cuarto de las del último mes- e insumos para la industria y el agro como fertilizantes y partes electrónicas, a las que hay que sumar un importante aumento de las importaciones correspondientes a la industria farmacéutica. Los problemas en los valores importados dan cuenta del shock de precios internacionales, aunque posiblemente una revisión más detenida de las importaciones permita detectar algunas maniobras de sobrefacturación que validen a empresas y empresarios hacer diferencias accediendo al dólar oficial. A las imputaciones sobre la falta de coordinación en los organismos que controlan habría que sumar la imposibilidad del equipo económico de avanzar en reducir la brecha entre el oficial y el paralelo a niveles que no premien las maniobras ilegales.
El llamado de atención de la vicepresidenta sobre el modo en que las organizaciones sociales administran la política social es pertinente. Al final de su gobierno, el número de beneficiarios de planes de cooperativas rondaba los 250 mil, una cifra que se había casi triplicado al final de la administración de Mauricio Macri y que hoy supera el millón trescientos mil. Según el informe de Fundar sobre políticas sociales, entre 2011 y 2019, la inversión social destinada a la llamada economía popular triplicó la cuantía de las intervenciones dirigidas a promover el empleo formal. Durante el gobierno de Cambiemos, por cada peso de aumento de gasto en asignaciones familiares no contributivas -básicamente, la AUH, la principal herramienta de lucha contra la pobreza infantil-, se aumentó en 86,23 pesos el gasto dirigido a cooperativas. Un esquema que permite ofrecer algún grado de paz social a cambio de una tercerización de la asistencia que, a diferencia de las transferencias directas, desempodera y aumenta la dependencia de quien la recibe.
“El Evita pone diputados solo cuando va en la lista con nosotros”, recordaban en el entorno de la vice ante #OffTheRecord. El problema de la organización que comandan Emilio Pérsico y Fernando Navarro ya fue dicho: sus dirigentes son antikirchneristas mientras que sus bases tienen tatuada a CFK o Néstor Kirchner en el cuerpo. La ruptura del bloque del FpV inmediatamente después de la derrota de 2015 o la camaradería con el ala social del macrismo son algunos de los aspectos que el kirchnerismo les imputa a los jefes del Evita.
Una declaración de Pérsico durante la pandemia sirve para entender el prisma desde el ángulo de la organización. “(Durante el gobierno de Macri) todas las organizaciones crecieron, salimos con mucho más poder popular que con el que entramos. Le pusimos una conducción al proceso de las organizaciones populares, cosa que es difícil. Construimos una hegemonía dentro de ese espacio, porque crecieron todas, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Eso nos dio la posibilidad de entrar a esta nueva etapa. Encontrarle la vuelta a este gobierno es más difícil, porque en los gobiernos reformistas siempre hay una desacumulación de organización popular. Porque el reformismo es en lo económico derrame inducido, pero en lo político es una hegemonía de los sectores medios que creen saber cómo resolver los problemas de los trabajadores. Cristina me lo dice constantemente: yo sé resolver los problemas de los trabajadores, ustedes no saben. ¿Qué quiero decir? Estos gobiernos no creen en el protagonismo popular”.
Esto tiene un aspecto siempre presente, pero nunca explicitado: las elecciones del año que viene. El reclamo de unas PASO en el peronismo que resuelva la conducción del dispositivo es un tema recurrente. A CFK, sin hacerlo, sus retadores le piden algo al menos novedoso: “Dame tus votos en la PBA así yo intento ganarte”. Difícil que ocurra, a menos que la primaria se constituya por fórmulas bendecidas por ella. Si no, una alternativa: Cristina acepta una PASO, pero en todas las categorías. Presidente, senadores, gobernador. Sin sus votos en el Conurbano bonaerense, el NOA y el NEA, ¿quién se expondría a esa masacre?
El foco económico de las últimas presentaciones de la presidenta del Senado -comprensible en un contexto en que la inflación y el poder adquisitivo encabezan las preocupaciones ciudadanas- viene chocando, sin embargo, contra algunas inconsistencias. Los desarrollos sobre la relación entre evasión e inflación, así como entre inflación y concentración, impactan en forma evidente con la realidad de los comportamientos, la composición y concentración de la estructura económica y los comportamientos empresarios en países vecinos. Una alta concentración podría derivar en problemas de nivel pero no de variación de precios, lo mismo en relación a los efectos de la evasión y la fuga en el déficit o en las posibilidades de defender el tipo de cambio, especialmente en una economía con los controles más astringentes que se recuerden. En un país como la Argentina, con enormes dificultades para encontrar demanda para su moneda y endeudarse a tasa fijas mínimamente razonables, tampoco es posible minimizar los efectos del déficit fiscal y la emisión monetaria de los efectos inflacionarios. La línea propuesta en ese sentido por quienes hoy asesoran a CFK es inquietante porque es la vice la que se mantiene como la figura con mayor capacidad para marcar un rumbo en el peronismo que puedan contener a la mayor cantidad de actores.
La mención sin nombre de CFK al nuevo responsable de la Aduana, Guillermo Michel, no debería sorprender: a pesar de que no integra su espacio dentro de la coalición, su nombramiento lo conversaron Sergio Massa y Máximo Kirchner hace más de diez días. Michel ya ocupó la titularidad de la Aduana y otros puestos claves de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante su último gobierno. Quienes lo trataron en aquel entonces le reconocen la firmeza en el ejercicio del cargo y la hiperactividad que contrasta con el ritmo que le imputan a su antecesora, Silvia Traverso, al frente del organismo. Contador y abogado, con estudios de posgrado en finanzas y derecho tributario, Michel representó al país en las negociaciones con la OCDE y en las negociaciones o renegociaciones de varios convenios bilaterales de doble imposición que resultan de altísima sensibilidad tanto para controlar como para regular las prácticas fiscales de las grandes empresas.
El nuevo director de Aduana fue el encargado de negociar personalmente la entrega de los datos de la lista de 4040 grandes evasores ligados al banco HSBC con un Hervé Falciani que llegó a la reunión en monopatín y con cinco custodios. También la renegociación del acuerdo de doble imposición con España que permitió recuperar al país la potestad tributaria en materia de bienes personales sobre una de las principales empresas del grupo Techint. A Michel le sindican demasiadas relaciones con Comodoro Py, el fuero penal económico o contencioso administrativo. Probablemente no sea casual esa mención de Cristina a los juzgados 6, 8 y 9 donde caen las cautelares de las importaciones con un resultado impactante de 90% de efectividad. Michel llegó a suspender las CUIT que permiten operar a empresas como Nidera y Despegar en el marco de disputas por exportaciones realizadas por encima de los cupos autorizados y una salida de dólares no suficientemente respaldada.
La llegada de Michel a la Aduana tiene varios motivos, pero uno de ellos hay que encontrarlo en la renuncia de Matías Kulfas y la posterior llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo. Para morigerar el fastidio de Sergio Massa, Alberto le ofreció la Secretaría de Industria. El trámite estaba tan avanzado que hasta recibió una felicitación de Vilma Ibarra luego de completar los legajos a cargo de su segundo Emiliano Suaya. “Los fierros están en Aduana”, le recomendó Michel a su momentáneo jefe político. El resto es historia conocida.
Además de la mención sin nombre al nuevo funcionario, CFK apuntó contra la conducción de la AFIP. “Si quieren el lugar de Mercedes, ella no tiene problema”, decían anoche en el entorno de Marcó del Pont. La reacción en AFIP tiene sentido: hasta anoche, el comentario en todas las tribus del gobierno era que el nombramiento de Michel era un medio para un fin y no un fin en sí mismo. El fastidio de la vice con la administradora, según pudo saber #OffTheRecord, tiene dos motivos centrales. Uno, de gestión: “Tiene que estar más encima de los temas”. Otro, menos mencionado, algo que fue agenda de este newsletter hace algunas semanas. Un dictamen de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del 6 de mayo que determinó que el hecho de que Gianfranco Macri haya incluido en su declaración jurada bienes que en realidad eran de su madre no acarreaba “per se el decaimiento de los beneficios previstos en la Ley de Sinceramiento Fiscal respecto de los restantes activos incorporados”. La traducción era clara: para el fisco no era posible avanzar para ir por la caída total del blanqueo que hizo Gianfranco y daba pie a la extinción de la acción penal para el hermano del ex Presidente. Esto generó especial malestar en la vicepresidenta que luego intentó ser corregido.
Durante las horas anteriores a su discurso, CFK recibió con satisfacción las noticias que llegaban desde Bogotá, donde Gustavo Petro se consagró presidente de Colombia con una cifra récord de más de 11 millones de votos, en una elección donde la participación superó en más de cuatro puntos porcentuales la de la primera vuelta. Hay otras buenas noticias que la elección de Petro aportó a la vicepresidenta. El Pacto Histórico -el espacio que lo llevó como candidato- recuerda a la creación de Unidad Ciudadana, el espacio que inventó Cristina en 2017 y, si bien perdió con Esteban Bullrich en provincia de Buenos Aires, ofició de la interna que el peronismo no tuvo en 2019. Francia Márquez, vicepresidenta electa, fue rival de Petro en las primarias del Pacto, donde mostró un importante caudal de votos propios. Su procedencia no es la política partidaria sino el activismo ambiental.
No es lo único que habrá rimado con la Cristina que se escuchó ayer en Avellaneda. Petro, a diferencia de otros candidatos latinoamericanos electos o con buenas chances -como Gabriel Boric, Luis Arce, Pedro Castillo o el propio Lula da Silva-, no moderó su discurso ni en materia institucional, donde no dejó en ningún momento de llamar a juntar los votos necesarios para “vencer al fraude”, ni en materia de propuestas económicas, donde ha insistido en prohibir nuevas exploraciones petroleras y de minería a cielo abierto, mientras cuestionó la ortodoxia del Banco Central. Quedará ver cómo enfrentará ambas cuestiones una vez electo, que es el momento en que la realidad modera los entusiasmos progresistas.
La inflación colombiana supera el 9% y se ubica en los niveles más altos en dos décadas. En cuanto a las actividades extractivas, el petróleo y la minería representan más del 50% de las exportaciones colombianas legalmente contabilizadas. Como Boric, Petro deberá también enfrentar problemas heredados que le dificultarán cumplir con sus promesas de campaña. Las ambiciosas propuestas de expansión de derechos y las promesas de priorizar la justicia social y la justicia ambiental deberán conciliarse con ordenar los números que deja la presidencia del derechista Iván Duque, que en los últimos años mantuvo el déficit fiscal encima del 7% anual -no bajaría del 6% en 2022- y una pobreza que había vuelto a crecer ya en 2019 y que sigue sin recuperar siquiera los niveles prepandemia. Deberá llevar adelante su programa de reforma controlando apenas la quinta parte de los diputados y senadores, debiendo recurrir a decretos que suelen ser celosamente revisados por una poderosa Corte Constitucional.
El mayor desafío y la mayor fuente de acumulación potencial del flamante Presidente podría venir desde la consolidación de la paz y la profundización de los acuerdos que derivaron en la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -que el uribismo no pudo revertir pero que torpedeó enérgicamente lo que derivó en una implementación deficiente y muy mejorable. La profundización de los acuerdos, un enfoque racional que deje aunque sea gradualmente atrás el de la “guerra contra las drogas” y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano -una medida pragmática que permitirá mejorar mucho el control estatal de la frontera común- son la apuesta más fuerte para reducir la violencia endémica y permitir a Colombia disfrutar de un dividendo de la paz que ayude también a un desarrollo territorial que es irritantemente desparejo. La relativa debilidad regional de los Estados Unidos y la orientación de laissez faire del gobierno de Joe Biden en relación a la región hacen que esta orientación, opuesta al enfoque del antiguo Plan Colombia, resulte cuanto menos plausible.
La de Petro es la decimoquinta victoria opositora consecutiva en elecciones presidenciales en los países democráticos de América Latina desde 2018. El dato no debería opacar que la amplísima mayoría de estas victorias consagraron gobiernos a la izquierda del centro. Las dificultades que enfrentan Alberto Fernández, Gabriel Boric o Pedro Castillo, sin embargo, dan testimonio de las dificultades para las aspiraciones hegemónicas al modo del neoliberalismo en los noventa o la llamada ola rosada de principios de siglo.
Mientras tanto, y tal como se adelantó en este espacio el último martes, el episodio del avión venezolano-iraní motivó pronunciamientos oficiales de los gobiernos estadounidense e israelí. En un marco en que el titular de Inteligencia de Paraguay -país donde el avión aterrizó y despegó libremente luego de permanecer en Ciudad del Este- cuestionó a las autoridades argentinas y los voceros de las miradas más extremas de la coalición opositora -el diputado Waldo Wolff y la mediática ex-678 Florencia Arietto- esparcieron teorías conspirativas que incluían absurdos ostensibles que alcanzaron la versión “A1” de un “chip con tecnología nuclear”, ambas embajadas dieron su apoyo a lo actuado por las autoridades argentinas, lo que evitó que el asunto escalara a conflicto, mientras dejaron claro lo que esperan en relación a los iraníes.
La controversia sobre la identidad de Gholamreza Ghasemi fue parcialmente saldada. A esta altura hay indicios de que no se trata de un oficial de alto rango de la Guardia Revolucionaria Islámica y sí de un accionista de Qeshm Fars Air, una división de Mahan Air. La Guardia Revolucionaria Islámica es, además de una fuerza armada oficial, responsable de varias de las principales empresas y motores de la economía de Irán. La aviación civil iraní ha sido señalada -y sancionada por el Departamento de Estado- por su rol en operaciones duales, en que la actividad normal de las aerolíneas se conecta con otras como el movimiento de armamentos, la logística y la conexión con los grupos o gobiernos asociados a las fuerzas armadas iraníes. La sensibilidad respecto del país se encuentra además en aumento en los últimos días luego del asesinato en marzo de Hassan Sayyad Khodaei en Teherán. Khodaei era el segundo de la Unidad 840 de la fuerza Quds -una unidad de élite dedicada a secuestros y asesinatos en el extranjero- y fue ultimado a balazos en la capital persa. De acuerdo a información difundida por el New York Times, Israel habría informado a la inteligencia estadounidense sobre la autoría del hecho. El gobierno israelí teme una represalia sobre civiles de su país, que podría tomar la forma de ataques contra turistas. Estambul, la principal ciudad de Turquía, fue puesta en alerta máxima y se reportó una supuesta operación desarticulada en Colombia la última semana.
Ese es el contexto en el que ocurre el episodio en Argentina. No todos están preocupados. Designado por CFK como juez federal de Moreno en 2015 y trasladado a Lomas de Zamora en 2018, Federico Villena tiene a su cargo la causa del avión. De formación peronista y una relación cercanísima con Silvia Majdalani, en la causa del espionaje ilegal el magistrado mostró sus aptitudes físicas: saltó de los Mario Bross a Susana Martinengo y de ahí a Darío Nieto. Esa demostración de destreza le permitió eximir de responsabilidades a Majdalani y Gustavo Arribas como beneficio colateral. Nadie le puede negar audacia a Villena: en esa causa comenzó la investigación obviando que fue él quien habilitó la pinchadura al teléfono del penal de Ezeiza.
Como en tantos otros episodios, el juez aprovecha el antón pirulero en el que se transformó la (no) gestión judicial del gobierno. Villena tiene en sus manos la posibilidad de lesionar al oficialismo, si elige direccionar el caso contra el gobierno, o a la oposición si se metiera con la conexión Macri-Cartes. Esto lleva a otra situación mucho más sospechosa que las motivaciones de Villena. Macri, que al igual que los dirigentes del Frente de Todos no pierde oportunidad para lesionar la imagen del gobierno; que luego de muchos años se alineó a la política contra el terrorismo de Donald Trump; que declaró a Hezbollah como organización terrorista, advierte que un avión venezolano-iraní con un presunto integrante de la Quds aterriza en Argentina, esto genera un escándalo de alcance global, ¿y el ex Presidente no se expresa? ¿Por qué?
Iván Schargrodsky | Cenital
