El oficialismo dio media sanción al proyecto con 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. Juntos por el Cambio optó por el rechazo. Por la tarde, convirtieron en ley el Presupuesto 2021.
En una sesión maratónica y ante el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto de Aporte Solidario de las grandes fortunas por 133 votos afirmativos, 115 negativos y 2 abstenciones. Más temprano, con apoyo de un sector de la oposición, convirtió en ley el Presupuesto 2021.
Por primera vez desde que comenzaron las sesiones telemáticas, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, participó de manera remota, debido a que estaba cumpliendo el aislamiento preventivo por haber estado reunido con el integrante de la misión del FMI Luis Cubbedu, a quien en un primer test se le detectó Covid-19. En su lugar, quedó el vicepresidente primero, Álvaro González. Sin embargo, sólo por un rato. En cuanto el diputado del Frente de Todos recibió la información de que el tercer hisopado del representante del organismo internacional dio negativo y las autoridades sanitarias se lo permitieron, Massa viajó de inmediato desde su casa al Congreso para presidir la sesión especial.
Apenas Álvaro González anunció la noticia, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se quejó. “Esperemos que si Massa se hace presente no haya ningún caso de Covid porque lo vamos a hacer responsable a él”, dijo la legisladora, que en varias oportunidades solicitó que el Gobierno permita el uso del dióxido de cloro -desaconsejado por el ANMAT- para combatir el coronavirus. “Creo en la responsabilidad del presidente de la Cámara”, la cortó en seco el diputado de PRO.
Al inicio del debate, cuando todavía el vicepresidente primero estaba a cargo, un puñado de legisladores de Juntos por el Cambio aprovechó para plantear una serie de cuestiones de privilegio contra Massa.
El primero en ir contra el diputado oficialista fue el legislador radical Álvaro De Lamadrid, quién criticó la modalidad de funcionamiento remoto del Congreso y subrayó que “hay una nula predisposición para que la Cámara funcione en su plenitud“. “Exigimos el funcionamiento normal del Parlamento, sino iremos a la Justicia”, apuntó el diputado opositor. El macrista Waldo Wolff fue por el mismo sentido, al sostener que es preciso “volver a las sesiones presenciales”.
“Quieren generar un clima en una sesión donde vamos a intentar avanzar en un tema muy importante para los argentinos“, respondió el diputado del Frente de Todos Germán Martínez, en alusión al proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas, que establece una contribución obligatoria de quienes poseen un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos. También, defendió a Massa e interpeló a los legisladores de Juntos por el Cambio: “¿Cómo participarían los diputados que tienen Covid?”.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, negó que detrás de la seguidilla de pedidos de cuestiones de privilegio hubiera alguna “treta”. “Nosotros no armamos, no planificamos ni damos golpes por atrás”, remarcó el diputado radical.
Visiblemente molesto, Álvaro González solicitó que “no se demore la sesión”, que para ese momento ya prometía durar entre 22 y 24 horas. “Al que no respeta el tiempo le corto la palabra”, dijo el diputado opositor. Sin embargo, los legisladores de la coalición opositora Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez y Fernando Iglesias continuaron pidiendo mociones de apartamiento del reglamento.
Finalmente, cerca de las 14.30, se votó la “Ley de leyes”, que días atrás fue devuelta por el Senado a Diputados debido a que en la aprobación original no se incorporaron 33 planillas con las obras públicas para las provincias, por un error administrativo. Con apoyo de un sector de la oposición, el oficialismo logró sancionar su primer Presupuesto por 139 votos positivos, 20 negativos y 83 abstenciones.
Aporte Solidario y Extraordinario
En el contexto del Día de la Militancia, en el bloque oficialista primaba el entusiasmo por partida doble. No sólo comenzaba el debate del Aporte Solidario y Extraordinario, que tantos reclamaban dentro del Frente de Todos, sino que además celebraban por adelantado el envío al Congreso del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue anunciado dos horas después por el presidente Alberto Fernández.
“Este proyecto no va contra nadie. No está pensado para ir en contra de determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen”, señaló el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, al inicio del tratamiento del proyecto.
El aporte solidario lo pagarán 9 mil personas que poseen fortunas por encima de los 200 millones de pesos. Es obligatorio y por única vez. La mitad de quienes lo abonarán tienen entre 200 y 400 millones de pesos. Se estima que en total se recaudarán 300 mil millones de pesos, que se destinarán al equipamiento de salud, créditos y subsidios a las Pymes, la urbanización de barrios populares, el relanzamiento del plan PROGRESAR y para la realización de obras en YPF para la producción de Gas Natural.
“Se pretende alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas de manera que la solidaridad se expresa en la cantidad de personas que en el otro extremo serán las beneficiarias y que podrán morigerar los efectos de la pandemia”, enfatizó Heller, sobre el proyecto impulsado por el titular de la bancada oficialista, Máximo Kirchner.
“Lo que les duele es el ejemplo, no el importe. El importe es si alguien tiene 200 y pasa a tener 196, no les va a cambiar la vida”, concluyó el diputado oficialista, al sostener que “lo que no quieren es tener el precedente de que el Estado legisle y esté estableciendo que es legítimo en una situación de emergencia solicitar un aporte extraordinario para atender a los que menos tienen”.
El diputado de PRO Luciano Laspina fue uno de los primeros de Juntos por el Cambio en criticar la iniciativa: “No se trata de defender a los ricos sino a todos los argentinos, que necesitan que el empresariado invierta y cree empleos y que no quieren vivir de la dádiva del Estado”. Y continuó: “Vamos a votar en contra a pesar del costo político”.
“Este proyecto es uno de los tantos agravios con sesgo claramente antiempresa y antiinversiones. Estamos en presencia de un nuevo impuesto y es coactivo. Si pretendemos engañar desde el título estamos ante un actuar malicioso y tramposo”, remarcó el diputado radical Luis Pastori.
A su turno, el oficialista Itai Hagman planteó que “mientras se discute si los 10 mil millonarios más ricos de la Argentina tienen que hacer un aporte extraordinario tenemos 5 millones de niños y niñas bajo la linea de pobreza”. Y agregó:”¿Cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a tolerar?”.
“Acá se ha evidenciado que uno puede ser votado por el 40% pero elegir representar al 0,02%”, continuó Hagman. Y concluyó: “Hay momentos en donde hay que elegir entre la patria y el patrimonio“.
Luego de una encendida intervención del legislador oficialista Leopoldo Moreau, para sorpresa de los radicales de Juntos por el Cambio, el jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo, soltó: “Espero que con este Gobierno termine mejor que en el 83″.
La vuelta de Massa
Mientras en el recinto los legisladores trataban el Aporte Solidario, Massa mantenía una reunión en su despacho con el ministro de Economía, Martín Guzmán -que hasta hace unas horas también permanecía en aislamiento preventivo-, y sus pares Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo; y Daniel Arroyo, de Desarrollo Social; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la directora del PAMI, Luana Volnovich. También se encontró con intendentas e intendentes oficialistas.
A las 21, todos los funcionarios nacionales ingresaron al recinto apenas el presidente de la Cámara de Diputados se sentó en su sillón. El objetivo era dar una muestra de apoyo al proyecto y dejar atrás cualquier diferencia interna respecto a este tema.
Antes de los cierres, Heller anunció un cambio en el dictamen del proyecto de Aporte Solidario en el artículo 7, inciso 5. En lo referido al destino de lo recaudado se agregarán “los programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación”, tal como señaló el miembro informante.
Cuando le tocó realizar su intervención, Máximo Kirchner ya estaba en su casa. Participó de manera remota porque -según explicó- le avisaron que a un contacto estrecho suyo le detectaron Covid-19. Unas horas antes, había estado reunido con Massa, los ministros y jefes comunales.
“Como se estima este Aporte Solidario puede recaudar 300 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto destinó el Estado en ATP? 213 mil millones de pesos“, dijo el presidente de la bancada oficialista, en un mensaje que tuvo como destinatarios a los legisladores de Juntos por el Cambio, pero también al sector empresario. Y continuó: “Este aporte tiene que ser un puente para la reforma tributaria”.
“No se trata de estigmatizar a nadie, pero los que dicen que queremos estigmatizar son los mismos que estigmatizan a las trabajadoras y los trabajadores”, agregó Máximo Kirchner. Y aclaró: “No tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado junto al Estado”.
Pasadas las 3.30 de la mañana, el Aporte Solidario de las grandes fortunas fue aprobado por 133 votos afirmativos, 115 negativos y 2 abstenciones. La bancada oficialista aplaudió de pie y hasta se animó a una estrofa de la marcha peronista.
El oficialismo contó con el apoyo de los legisladores del interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali Bucca”, a excepción de Graciela Camaño; del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que encabeza José Luis Ramón, y del nuevo bloque Acción Federal, que preside Felipe Álvarez.
El interbloque de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto, menos los legisladores radicales María Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti, que responden al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La diputada Alma Sapag, del Movimieno Popular Neuquino, tampoco acompañó la iniciativa. Mientras que Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, se abstuvieron.
El Frente de Todos también se encaminaba a dar media sanción a la Ley de Fuego, prohíbe por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sufrido incendios con el objetivo de evitar la especulación financiera e inmobiliaria; y aprobar la denominada “Ley Yolanda”, que plantea una capacitación obligatoria en temáticas medioambientales para funcionarios del Estado nacional.
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