El Frente de Todos emitió despacho para el proyecto, pero aplazó su tratamiento para negociar más votos. El Gobierno deberá emitir un nuevo DNU para extender las restricciones que finalizan este viernes.
El oficialismo finalmente consiguió este jueves dictamen de mayoría sobre el proyecto de restricciones sanitarias elaborado por el Poder Ejecutivo, que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. Sin embargo, el Frente de Todos no logró el consenso para poder llevarla por la tarde al recinto.
Al cabo del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, el Frente de Todos cosechó 36 firmas incluyendo la del jefe del interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, que suscribió en disidencia parcial. El dictamen de minoría de Juntos por el Cambio reunió 32 rúbricas, en tanto que Graciela Camaño firmó otro dictamen en soledad.
Juntos por el Cambio ya había anticipado su rechazo al considerar que la iniciativa habilita “superpoderes” para el presidente Alberto Fernández, avasallando el federalismo y las autonomías provinciales y de la Ciudad. Pero también los diputados lavagnistas de Consenso Federal, los schiarettistas de Córdoba Federal y el Frente de Izquierda se habían manifestado en contra.
El oficialismo no pudo garantizar la presencia de un quórum de 129 para habilitar debate, y ante el riesgo de que se cayera la sesión prefirió excluir el tema de Emergencia Covid y avanzar con la agenda consensuada con la oposición. Ante este escenario, el Gobierno deberá emitir un nuevo DNU para extender las restricciones que finalizan este viernes.
La iniciativa en cuestión, que fue aprobada el mes pasado por el Senado, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, tras descartarse en la Cámara alta la frase “mientras dure la emergencia sanitaria”. El proyecto recorre los DNU pandémicos y activa criterios epidemiológicos para tomar medidas ya conocidas en cuanto a circulación, transporte, escuelas, comercios y trabajo presencial-virtual en los lugares clasificados como de “Bajo”, “Medio”, “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”, y el de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, el más grave de todos.
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, aseguró hoy que el proyecto de ley que establece parámetros de restricciones ante la pandemia de coronavirus “no delega superpoderes a nadie” sino que pone “la responsabilidad sobre la vida de los argentinos sobre gobernadores e intendentes”.
El diputado del Frente de Todos consideró que la norma “es muy respetuosa de los gobiernos locales” y aseguró que “todas las decisiones las van a tomar los gobernadores y los intendentes y no hay un intento de saltear la autoridad real sino todo lo contrario”.
“A pesar de lo que se haya dicho, es un proyecto virtuoso”, declaró ante las críticas de la oposición sobre la delegación de facultades, y añadió que la propuesta del Gobierno “busca definir un semáforo epidemiológico de gravedad creciente para que las restricciones tengan una lógica sanitaria”.
Yedlin sostuvo que la iniciativa “no delega superpoderes a nadie (sino que) pone la responsabilidad sobre la vida de los argentinos sobre gobernadores e intendentes” y explicó que “se usan indicadores sencillos utilizados en todo el mundo como la tasa de incidencia acumulada que es la suma de casos registrados en los últimos 15 días”.
En ese marco, señaló que la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y la provincia de Buenos Aires son, en ese orden, los distritos que tienen indicadores más preocupantes.
En tanto, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el radical Gustavo Menna, ratificó el rechazo de la oposición al proyecto de ley.“Este proyecto abre una puerta peligrosa, la penalización de la vida privada, y pretende legalizar dos decretos que fueron declarados inconstitucionales por el fallo de la Corte Suprema”, sostuvo el legislador al exponer esta mañana en el plenario de comisiones de Diputados que debate el proyecto oficial.
Para Menna, “no se trata de ningún proyecto virtuoso ni le devuelve al Parlamento el rol que le corresponde” sino que “es una ley delegativa” y “un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que bajo la invocación de la protección de la vida quede habilitado a adoptar cualquier tipo de medidas”.
A su turno, la diputada del bloque de Consenso Federal, Graciela Camaño, anticipó el voto negativo de su espacio por considerar que la propuesta “tiene falencias constitucionales”, subrayó que no se pueden aprobar “proyectos que confrontan con nuestra Constitución” y aseveró que los gobiernos deben “aferrarse a ella en tiempos de calma pero más aún en tiempos de pandemia”.
“La Nación es mucho más importante que el gobierno de la Ciudad. No puede la autoridad nacional transgredir la autoridad local aún en situación de pandemia”, sostuvo.
ambito.com
