El polémico camarista federal Martín Irurzun enfrentado al Gobierno y Mirta Sotelo de Andreu, jueza correntina, fueron sorteados hoy en este expediente para votar con los ministros de la Corte en la causa Farmacity. ¿Por qué?
La multinacional que busca hace 10 años comenzar a operar en la provincia de Buenos Aires tiene una causa judicial en la Corte Suprema que empieza a definirse. Este lunes 8 de marzo, se sortearon dos de los jueces que se sumarán al voto de Highton, Maqueda y Lorenzetti para definir el futuro del expediente que pone en jaque a farmacéuticos y a los amigos del poder.
La incógnita develada hoy por la mañana tras el sorteo en la causa Farmacity que tuvo fuego mediático en el gobierno de Cambiemos ya que Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete del presidente Macri, fue el fundador de la empresa litigante y nadie sabe bien si vendió todas sus acciones en la empresa más famosa de “farmashopping” como la apodaron sus críticos.
¿Por qué? Porque se excusaron de intervenir en el expediente dos supremos: el presidente Carlos Rosenkrantz y su par Horacio Rosatti, ambos por haber defendido o tenido vínculos con la empresa antes de ser jueces.
¿Qué planteó Farmacity S.A.?
Desde 2002 la cadena reclama ingresar a la provincia de Buenos Aires, pero este pedido fue denegado en varias instancias judiciales ya que el artículo 14 de la Ley 10.606 prohíbe el ingreso de farmacias como sociedades anónimas. Esta normativa había permitido proteger a las farmacias de barrio contra el arribo de una gran cadena comercial. El Colegio de Farmacéuticos bonaerense rechaza el ingreso de la cadena a Buenos Aires con el apoyo de un sector político afín al peronismo bonaerense.
La acción fue iniciada por Farmacity en 2010 cuando el ministerio de Salud bonaerense le negó abrir una sucursal en Pilar. El gobierno provincial de Scioli le denegó tanto la solicitud genérica para operar dentro del ámbito provincial como la habilitación de dicho local.
El reclamo del ex vicejefe de Gabinete de Macri busca que se declare la inconstitucionalidad de la normativa. En abril de 2018, la fiscal Laura Monti avaló con su dictamen la posición de la empresa para desembarcar en territorio bonaerense. En su escrito, Monti señaló que “la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley provincial 10.606 aparece indudablemente configurada, pues la provincia demandada al legislar sobre la propiedad o titularidad de los establecimientos farmacéuticos, avanzó indebidamente sobre un tema -la capacidad de las personas- cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires argumentó en el causa que en el artículo 14 de la ley provincial 10.606 al enumerar las personas que pueden ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas, en pos de contemplar a la actividad como un servicio público. Y pone en jaque a miles de farmacias “medianas y chicas” según denunciaron desde los colegio de farmacéuticos bonaerenses en la audiencia pública hace dos años en la Corte Suprema.
A principios de noviembre de 2018 se realizaron las audiencias públicas en el Palacio de Tribunales. Allí los abogados de la empresa liderada por Mario Quintana expusieron su visión antes tres de los jueces supremos: Elena Higton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda: brindaron su opinión favorable a la empresa privada el economista Marcelo Federico Celani, Sebastián Pablo Lopes Perera especialista en Investigación de Mercado; Héctor Víctor Gullco abogado especialista en derecho constitucional, Lucas Sebastián Grosman rector de la Universidad de San Andrés, Fermín Víctor Carricarte de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) y el abogado de Farmacity, Marcelo Capello.
Los expositores seleccionados que defiende el modelo Sanitario actual fueron: la Federación internacional farmacéutica (FIP);los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Alberto Bianchi, el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-; la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas (FIDAS), el Grupo argentino para el uso Racional de Medicamentos –Gapurmed, la Federación Farmacéutica Argentina y Asociación de defensa de los derechos de usuarios y Consumidores –ADDUC, y la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegio de Abogados, entre otros.
El profesor de derecho constitucional y defensa de la competencia y rector de la Universidad de San Andrés, Lucas Grosman, señaló en la audiencia que “estas regulaciones vulneran derechos constitucionales a la libre elección y a la salud. Es la competencia lo que garantiza que no haya ganancia excesiva, porque cada oferente sabe que, si sube los precios o baja la calidad, los consumidores migrarán a otras opciones”.
Por su parte, el constitucionalista Alberto Bianchi sostuvo que “las dos normas son constitucionales (artículos 3 y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires); lo que ocurre es que Farmacity tiene un concepto equivocado de qué es un farmacéutico”. Bianchi señaló que la cadena de farmacias y productos de consumo “no reconoce al farmacéutico como un profesional liberal que ofrece un servicio; para Farmacity, es un empleado a sueldo que puede ser despedido”.
¿Por qué dos jueces de otro tribunal deciden en esta causa?
En una escueta resolución a fines de febrero en el expediente “Farmacity S.A. contra el Fisco de la provincia de Buenos Aires y otros” el Máximo Tribunal de Justicia dispuso que por la “excusación” de los dos ministros de la CSJN, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, deba sortearse la intervención en esta causa particular de dos “conjueces” o jueces de otros tribunales.
Esta medida así lo estipula el artículo 22 del DECRETO-LEY N° 1285 del 4 de febrero de 1958 (actual art 1 de la ley 23.498) que explica que “en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias”.
El actual presidente de la CSJN se excusó porque antes de ser ministro de la Corte fue socio del estudio jurídico Bouzat que representa hoy en día a la empresa ante el tribunal por lo tanto se “excuso de intervenir desde el inicio del expediente”, detallaron fuentes judiciales. Rosatti también porque tuvo como asesora a la directora de Asuntos Jurídicos de la compañía. Y también se excusó de intervenir en la causa invocando normas del código de procedimientos.
Dos años después de las audiencias públicas, el 22 de febrero de 2021 en un auto publicado por los colegas de “Palabras del Derecho”, la Corte determinó realizar el sorteo de 2 jueces de 21 posibles para integrar el voto del tribunal en la causa Farmacity.
Sorteo y nuevos jueces para este expediente nomás…
Este 8 de marzo a las 11 horas era la fecha citada para la audiencia en la que se realizará el sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales porteñas y con asiento en las provincias, quienes están habilitados legalmente para intervenir cuando algún miembro de la Corte se encuentra excusado o es recusado, en caso de aceptarse su apartamiento.
Fue un sorteo en el cual entraron al bolillero magistrados y magistradas que ejercen la presidencia de cámaras de apelaciones a lo largo y ancho del país. Fueron 21 nombres de los actuales titulares de las Cámaras Federales de Apelaciones del interior y de las con sede en Capital Federal. Es decir, que hay jueces enfrentados con el Gobierno nacional que podrían decidir en este fallo de relevancia para el poder empresario y político ya que Mario Quintana fundó la empresa de farmacias y fue la mano derecha del gobierno de Cambiemos. ¿Quiénes son?
Sólo dos de estos jueces y juezas que tendrán voz y voto
- Cámara en lo Criminal y Correccional Federal: Martín Irurzun
- Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal: Jorge Morán
- Cámara Federal de la Seguridad Social: Victoria Pérez Tognola
- Cámara Civil y Comercial Federal: Guillermo Antelo
- Cámara Federal de Casación Penal: Gustavo Hornos
- Camara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal: Carolina Robiglio
- Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca: Silvia Mónica Fariña
- Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia: Javier M. Leal de Ibarra
- Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba: Ignacio María Vélez Funes
- Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes: Mirta Sotelo de Andreau
- Cámara Federal de Apelaciones de General Roca: Alejandro Silva
- Cámara Federal de Apelaciones de La Plata: Carlos Alberto Vallefín
- Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: Alejandro Tazza
- Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza: Juan Ignacio Pérez Curci
- Cámara Federal de Apelaciones de Paraná: Beatriz Estela Aranguren
- Cámara Federal de Apelaciones de Posadas: Mario Osvaldo Boldu
- Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: Rocío Alcala
- Cámara Federal de Apelaciones de Rosario: Aníbal Pineda
- Cámara Federal de Apelaciones de Salta: Alejandro Augusto Castellanos
- Cámara Federal de Apelaciones de San Martín: Marcelo Darío Fernández
- Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán : Marina Cossio
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