Tras la media sanción para los cambios que bajan la carga sobre asalariados y jubilados, el bloque oficialista intentará avanzar sobre los magistrados.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado los cambios en el impuesto a las Ganancias para que no paguen los sueldos menores a $150.000 brutos mensuales lo que fue celebrado ampliamente por distintos referentes del oficialismo tanto en el Congreso como en la Casa Rosada. En la bancada del Frente de Todos consideran que torna la situación algo más progresiva, ya que paga más el que más tiene.
En ese marco, desde el bloque del Frente de Todos se apuntará a que en las próximas semanas avance el tratamiento, primero en comisión y luego en el recinto, de dos iniciativas ligadas a Ganancias y que, en su mirada, contribuyen a esa progresividad: una elevada por el Gobierno que segmenta la alícuota del gravamen sobre las empresas según la facturación. La otra es un proyecto para que todos los jueces tengan que pagar el tributo y no solo los magistrados que ingresaron al Poder Judicial después de 2017.
El proyecto para cambiar las alícuotas para las empresas, elevada por el Ministerio de Economía, plantea financiar el costo fiscal (calculado en $48,9 millones anuales tras las últimas modificaciones al proyecto) de subir el mínimo no imponible de Ganancias para los trabajadores y jubilados, a la vez que “beneficia” a las firmas de menor tamaño y facturación. Así, como informó TN.com.ar, apunta a elevar del 30% actual al 35% la alícuota para las grandes empresas.
Según el proyecto, la alícuota del 25% alcanzará a las ganancias netas acumuladas por hasta $1,3 millones; de 30% para las que se encuentren entre $1,3 millones y hasta $2,6 millones y trepará al 35% para las que superen ese importe de $2,6 millones. En tanto que todos los tributos que correspondan a los dividendos pagarán una alícuota del 7%. Los montos tope por categoría son por estas horas lo que más preocupa a las empresas ya que, aseguran los privados las pequeñas empresas lo superan con creces más en un contexto de alta inflación.
En cuanto a los jueces fue el diputado por Entre Ríos Marcelo Casaretto el que presentó hace 10 días un proyecto para eliminar la exención del pago de Ganancias para todos los magistrados. El legislador recalcó que su intención es “terminar con un privilegio inaceptable” que le hace perder millones al Fisco y contó, en declaraciones a radio Rivadavia, que la iniciativa ya cosechó la adhesión de unos cuarenta colegas de la bancada del Frente de Todos.
“Es intolerable que los jueces no paguen Ganancias, tienen que pagar como cualquiera”, remarcó Casaretto, quien en la extensa sesión especial de este sábado y domingo reemplazó en varios tramos al presidente de Diputados, Sergio Massa, al frente del debate.
La excepción que los integrantes del Poder Judicial tienen sobre el tributo representa un costo fiscal de $41.285 millones, un alza de 44,2% respecto del año previo, según se desprende del Presupuesto 2021, enfatizó Casaretto, quien consideró que el gravamen “deben pagarlo los funcionarios del Poder Ejecutivo, los legisladores, como lo estamos pagando, y los jueces”
En ese sentido, enfatizó el acuerdo, con consenso del oficialismo y la oposición, de Diputados, que eliminó la exención de Ganancias sobre las rentas vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes. “Se puedo eliminar y coincide con lo que había afirmado la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando renunció a su sueldo y dijo estar dispuesta a pagar por sus pensiones vitalicias”, remarcó el titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados.
Qué dice el proyecto para que los jueces paguen Ganancias
La propuesta de Casaretto apunta a sustituir los incisos “a” y “c” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado decreto 824/2019. Para el primer apartado, el proyecto establece que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes “del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos”.
Para el caso de los “magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
Además, en el inciso “c” se aclararía: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, aunque no hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas”.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador recordó que luego de la sanción de la Ley 27.346 en 2016, “la Asociación de Magistrados presentó una medida cautelar contra la norma, criterio que fue aceptado en dos instancias. Pero en noviembre de 2018 la Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar esa cautelar que establecía la no retención de Ganancias a los designados a partir de 2017. Por lo expuesto, se estableció que podía retenerse Ganancias a esos jueces, pero sin expedirse sobre la cuestión de fondo, que todavía se encuentra pendiente por parte de la Corte”.
Casaretto agregó que en febrero de 2019 “se aprobó un protocolo acordado por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación”, el cual establece que “se considerarán deducibles de Ganancias los rubros nominados como ‘compensación jerárquica’, ‘compensación funcional’, ‘bonificación título’, ‘bonificación por antigüedad’, ‘permanencia en la categoría’, por lo que en ningún caso se realizan retenciones por esos conceptos”.
“Desde la década de 1930 y hasta 1996, ante cualquier intento de que jueces paguen Ganancias, rápidamente se emitía una Acordada de ese Tribunal declarando la inaplicabilidad de esas leyes. Eso no ocurrió en 2016 cuando se sanciona la Ley 27.346. Y en noviembre de 2018 la Corte revocó la cautelar que impedía el descuento de Ganancias. Y desde enero de 2019 se aplica el protocolo del Consejo de la Magistratura, practicando los descuentos, lo que no mereció objeciones de la Corte. A esta altura de los acontecimientos está claro que paguen el impuesto a las Ganancias no lesiona la Constitución Nacional, y no limita la independencia del Poder Judicial, la inmovilidad en el cargo de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones”, resumió el diputado.
Y añadió que “en la actualidad resulta insostenible continuar defendiendo la postura de la exención impositiva para los integrantes del Poder Judicial. Los principios de igualdad frente a los impuestos y fundamentalmente de generalidad tributaria crean una limitación a la justificación pretendida”.
TN
