En una parte de su discurso que pasó relativamente desapercibida detrás de la confirmación del pago de deuda al Fondo Monetario Internacional y de la escenificación de la unidad del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner dejó una definición central. La vicepresidenta dijo que estamos ante “la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta”. Aclaró, por si hiciera falta: “Más allá de la disputa electoral, sabemos desde el Gobierno que vamos a requerir el esfuerzo y la ayuda de todos”. Esto constituye un nuevo llamado a alguna forma de acuerdo social en el que, naturalmente, también la oposición está llamada a ser parte. En un interesante artículo publicado en Cenital el último fin de semana, Sebastián Etchemendy y Juan O’Farrell desarrollaron un trabajo muy fundado sobre las condiciones de los grandes acuerdos y su relación con el conflicto. Según los autores, los consensos no son la negación de los conflictos sino su consecuencia, cuando ninguna de las partes está en condiciones de imponerse sobre la otra y hay una disposición a ceder para obtener una mejora objetiva respecto del supuesto donde el conflicto se prolonga.
El PIB per cápita argentino no crece desde hace diez años. Ese período incluye el último mandato de CFK cuando desde el establishment económico, judicial y mediático se enfrentó en forma furiosa los planes de incremento de la injerencia estatal en cada una de sus áreas. A aquel período de estancamiento económico siguió el macrismo, un intento de transferencia brutal de recursos económicos y poder político hacia esos mismos sectores que enfrentaron al anterior gobierno peronista, cuyo resultado fue una crisis económica inédita en su velocidad, con caída del producto, endeudamiento y enorme crecimiento de la pobreza. Tras dos años de pandemia, una prolongación del péndulo argentino podría dañar transversalmente a trabajadores, empresarios y desocupados y dejar al país ahogado en impagables compromisos externos. Las líneas de cal para dibujar la cancha de los acuerdos deberían marcarlas los fracasos y los riesgos que enfrentamos.
El primero de los consensos necesarios es la gestión macroeconómica. Los principios son más o menos simples de formular y difíciles de llevar adelante, pero deberían incluir la prohibición de endeudarse en divisas para gastos ordinarios, la sustentabilidad del déficit, financiado en la propia moneda, con un camino de reducción de su monetización y la financiación de infraestructuras vitales. Otro es sobre la estructura productiva. El diputado Máximo Kirchner señaló en un discurso en la Cámara Baja que hay sectores económicos a los que hay que proteger y otros a los que hay que promover. Se refería, claro, a aquellos más dinámicos capaces de generar exportaciones incrementales y atraer inversiones extranjeras; los otros, intensivos en empleo, pero estructuralmente incapaces de competir internacionalmente. La protección de un sector a veces conspira contra la eficiencia de otro, afectando por ejemplo la posibilidad de importación de bienes de capital o insumos productivos y la apertura de este último puede ser destructora neta de empleos locales en estos rubros. La distribución entre industria, recursos naturales, agregación de valor y tecnología.
Ninguna de estas definiciones ha sido abordada en profundidad hasta el momento en un debate público en que proteccionismo y aperturismo han sido señalados desde definiciones ideológicas. Otro, central, son las regulaciones laborales. Los empresarios se quejan habitualmente del “costo argentino” que, dicen, afectaría la competitividad de contratar un trabajador en el país. Estos costos internacionales se ubican hoy en sus niveles más bajos, no por cambios en la regulación sino por la devaluación de la moneda. Para sorpresa de nadie, la caída de los salarios afectó al mercado interno en un país donde el 70% del PIB es consumo y tampoco repercutió en grandes ganancias exportadoras. Lejos de la baja de costos, es el aumento de la productividad lo que podría permitir a la vez hacer crecer los ingresos de los trabajadores y la producción de las empresas. Las reformas no deberían apuntar a bajar costos sino a remover obstáculos a la producción. Cuestiones como la “mochila austríaca”, que pueden otorgar mayor certidumbre y redistribuir, sin reducir, los costos indemnizatorios, modernizar los convenios con participación sindical -a imagen de sectores como el petrolero y el automotriz- parecen caminos dignos de ser explorados. El fortalecimiento de la vinculación entre asistencia social y mercado de trabajo debería dar oportunidades de salida a quienes hoy se han convertido necesariamente en asistidos y garantizar pisos mínimos de dignidad. “La cultura del plan no va más en la Argentina”, dijo hace un mes y medio el ministro bonaerense y camporista Andrés Larroque.
Por último, los ejemplos regionales y las tensiones hasta ahora contenidas deberían dar lugar a un consenso sobre el campo de juego del debate democrático e institucional. La judicialización de la política, las acusaciones sin fundamentos fácticos y hasta las puertas abiertas, en los márgenes a quienes quieren excluir de la democracia al adversario son tendencias preocupantes que deben ser eliminadas de manera contundente. La reciente relativización del número de desaparecidos como tema de campaña por parte de algunos referentes de Juntos es, en ese sentido, una pésima señal.
Es en ese marco que la embajada de Estados Unidos en nuestro país informó que esta semana el asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, viajará a Brasil y Argentina. Lo hará acompañado de dos interlocutores habituales del gobierno argentino: su alter ego regional, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, el colombiano – estadounidense Juan González y el director de la Oficina para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga. También formarán parte del encuentro el director de Tecnología y Seguridad Nacional Tarun Chhabra y el director de Cibernética Amit Mital. La de Sullivan es, por lejos, la visita más importante de un funcionario estadounidense desde la asunción tanto de Alberto Fernández como de su homólogo estadounidense, y su cargo rivaliza con el del Secretario de Estado, Anthony Blinken, en la relevancia para la formulación de la política exterior presidencial.
La agenda será diversa y aún está “in the making”, según dijeron fuentes a cargo de la coordinación a #OffTheRecord, pero es casi un hecho que Sullivan se reunirá con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Canciller Felipe Solá y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, en un almuerzo previsto para el viernes junto al Presidente Alberto Fernández. En un signo de la importancia que han cobrado para la nueva administración las cuestiones ambientales, es posible que la comitiva también se reúna con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y es previsible que Sergio Massa tenga un lugar en la estadía de Sullivan. Argentina intentará ocupar un lugar positivo y propositivo en una agenda latinoamericana respetuosa de la soberanía. Además del habitual temario económico, vinculado a la deuda y la renegociación con el Fondo, las autoridades locales tratarán la situación de Cuba, donde a pesar de las promesas, Biden no ha retomado la agenda de deshielo y relajamiento del embargo de Barack Obama, y donde creen que las carencias materiales y no la sed de democracia, motivaron las recientes protestas. Sin altisonancias, probablemente el gobierno argentino espera reproducir, al menos en parte, el lugar de Lula da Silva en la primera década del 2000, cuando se convirtió en un interlocutor amable y confiable de los norteamericanos, encargado muchas veces del contrapunto y la contradicción constructiva ante los movimientos percibidos como de excesiva injerencia. Las victorias de la izquierda en Bolivia, Perú y la constituyente chilena alimentan la necesidad de un interlocutor de ese estilo en tiempos del post grupo de Lima.
Fue desde el lugar que hoy ocupa Sullivan que Henry Kissinger diseñó y luego ejecutó el acercamiento entre los Estados Unidos y China durante la presidencia de Richard Nixon. Con toda probabilidad, el país asiático será uno de los principales asuntos que presentará el asesor presidencial. La inclusión de los principales expertos en ciberseguridad no es casual. Biden declaró públicamente que los ataques cibernéticos pueden derivar en “una guerra de verdad”. Si bien Biden gusta de antagonizar con su par ruso, cuya operación de ciberespionaje es señalada a menudo como responsable operativa de la victoria presidencial de Donald Trump en 2016, las preocupaciones más serias del gobierno norteamericano apuntan a China, a quien las autoridades acusan por un ataque reciente a servidores de Microsoft que afectó a miles de dependencias públicas y privadas estadounidenses, y que llamó la atención tanto por su enorme extensión como por su carácter indiscriminado. El mencionado Mital, parte de la comitiva, es, casualmente, un ex Microsoft. A diferencia de Rusia, además, las empresas chinas cuentan con una presencia transversal en las redes de comunicación global, a través de aplicaciones como la exitosísima TikTok y, más importante, en la infraestructura de internet. Las redes de 5G de Brasil y Argentina, y la presencia de la china Huawei seguramente sean tema de conversación.
También preocupa a los estadounidenses la posible instalación de lo que perciben como “bases” chinas en la Patagonia, repitiendo el procedimiento del observatorio espacial en Neuquén. La principal inquietud gira en torno a la posible instalación de una base logística en Tierra del Fuego destinada a abastecer las exploraciones y operaciones antárticas. Con o sin razón, los norteamericanos desconfían de cualquier reaseguro sobre la utilización civil de una instalación de esas características debido a la organización política del país asiático. Las fuerzas armadas, las autoridades civiles, las grandes empresas estatales y hasta las privadas, están constitucionalmente subordinadas al Partido Comunista Chino. Una certeza que hasta hace poco esperaban convertir, a base de lucro, en el vehículo de una occidentalización pero que hoy se percibe como una amenaza existencial en casi cualquier frente estratégico. En lo que quizás sea una buena noticia, sin embargo, la visita pareciera confirmar que las principales preocupaciones sobre China son de índole militar y que la intensa relación económica del país con Brasil y Argentina es, al menos, ligeramente tolerada.
Mientras tanto, el ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Gamaleya están llevando adelante un estudio colaborativo de intercambiabilidad de vacunas con seis provincias: Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes, San Luis y CABA. En esta investigación -donde se evalúan todas las posibles combinaciones para chequear su seguridad e inmunogenicidad con un corte a los 14 días y otro a los 28-, tanto PBA como la Ciudad empezaron antes y, por lo tanto, las conclusiones van a estar esta semana. Según pudo saber #OffTheRecord, los datos preliminares arrojan resultados auspiciosos en la intercambiabilidad entre las vacunas Sputnik y Moderna.
El Gobierno espera, en palabras de Carla Vizzotti, que agosto sea “el mes de las vacunas”. En el calendario que manejan las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en las próximas semanas llegarían tres millones de AstraZeneca, ocho millones de Sinopharm, tres millones de Rusia -1.5 de producción local que verá la luz el 9 de agosto y el resto que arribaría a la Argentina la cuarta semana del mes- y las mencionadas 1.5 millones de Moderna que son las que sobran de la vacunación a adolescentes.
A hoy, el 77% de los mayores de 18 está vacunado con al menos una dosis. Sin embargo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones determinó que una cobertura satisfactoria para reducir la mortalidad en mayores de 50 a pesar de la variante Delta es un 60% de ese grupo etario con las dos dosis. Hoy, de ese convoy, está 89.2% con una y el 40% con dos. Para llegar al número que definió la CoNaIn faltan 2.3 millones de personas que el gobierno confía en alcanzar antes de septiembre.
Bonus track
- Los comentarios violentos de Fernando Iglesias fueron agenda durante esta semana porque impactaron sobre una figura muy popular de nuestro país. Al margen de su contenido, que elegimos no reproducir, es importante recordar que Iglesias es nuevamente candidato por expreso pedido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la lista de María Eugenia Vidal en el territorio que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. No es un marginal aunque eso sugieran la rusticidad de su comentarios y su oratoria pendenciera.
Ivan Schargrodsky – Cenital.com
