Con relación al pico de agosto de 2013 perdió un 65% de poder adquisitivo. Con el congelamiento desde diciembre el gobierno generó un ahorro que podría llegar a los mil millones de dólares anuales solo en Potenciar Trabajo. Además eludió el pago de bonos para jubilados. El jueves se reúne el Consejo y la CGT pide un 85%.
Tras idas, venidas y dilaciones el gobierno decidió convocar para el próximo jueves a la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Allí, presididos por el secretario de Trabajo, Omar Yasín, se reunirán los representantes de las cámaras empresarias con las tres centrales sindicales.
La demora no ha sido en vano para el gobierno. De sellar un acuerdo que implique una mejora a partir del mes de marzo, habrá logrado puentear dos meses con altísimos niveles de inflación como enero y febrero luego de que en diciembre el haber se actualizara apenas un 7% con una suba de precios superior al 25%. Una estrategia idéntica a la que, en su proyecto de modificación de la fórmula de actualización previsional, proponía para los jubilados en la ley ómnibus que, por el momento, quedó trunca.
Al subsuelo
De hecho, la escalada de precios llevó el salario mínimo vital y móvil a su valor más bajo en términos reales desde julio del año 2003. Hay que recalar en más de veinte años, cuando el país comenzaba a salir de la bancarrota de 2001, para encontrar un nivel salarial semejante.
Es que, acorde con lo pautado en septiembre de 2023, el haber mínimo se incrementó un 32% en tres cuotas para octubre, noviembre y diciembre que lo llevaron hasta los $156 mil, valor en el que se mantuvo para el mes de enero y, por el momento, para el mes de febrero.
De cumplirse los pronósticos del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, que marcan un 21,9% de inflación para enero y un 18% para febrero, el haber habrá resignado en apenas tres meses un 40% de su poder adquisitivo. A semejante retroceso debe añadirse el 13% que había perdido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023.
Con todo, los cálculos anteriores surgen de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2024, acumuló una suba del 1.690%. La situación resulta aún más gravosa según la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el nivel de la indigencia y que resulta más adecuada para analizar la situación de la población que se ve alcanzada por ese haber. Proyectando los valores del IPC pronosticados para enero y febrero, en el mismo período, la CBA se encarecerá un 2.121%.
De hecho, en febrero el haber mínimo alcanzará para cubrir apenas el 45% del valor de una canasta alimentaria para una familia integrada por dos adultos y dos menores. Hace apenas siete años, en enero de 2017, el haber superaba en un 46% el valor de esa CBA. Un retroceso en términos reales del 70%.
Dicho de otra forma, para equiparar la capacidad de compra de alimentos del salario mínimo de enero de 2017, durante este mes ese haber debería ubicarse en $505.447 incrementándose un 224% de una sola vez e indexándolo por inflación de allí en adelante. Si la comparación se realizara según la evolución del IPC para equipararlo con el valor de esa fecha el haber debiera ubicarse en $403.231
Pero el valor máximo del salario mínimo medido en términos reales desde 2001 a esta parte fue el de agosto de 2013, cuando se situaba en los $3300 equivalentes hoy, según la evolución del IPC en tanto no se cuenta con datos o empalmes para la CBA, a $452.498. De entonces a esta parte el retroceso acumula un 65%.
En concreto, según los relevamientos oficiales del INDEC, mientras en enero de 2017 el salario mínimo de $8.600 alcanzaba para comprar 231 kilos de pan francés, hoy apenas alcanza para hacer frente a 70. En el caso de la harina la relación pasó de 765 kilogramos en 2017 hasta 220 hoy, y para la leche mientras se podían comprar 433 litros, ahora alcanza para apenas 176.
Licuación y ajuste fiscal
La dilación del gobierno, está dicho, tiene sus motivos. Es que, si bien el Consejo del Salario es formalmente un ámbito de negociación entre cámaras empresarias y sindicatos, el principal interesado es el Estado. Es que mientras el haber mínimo en la práctica resulta una referencia simbólica para los trabajadores informales, para las cuentas del Estado tiene un impacto muy concreto. Los alrededor de 1,2 millones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo perciben el salario social complementario equivalente al 50% del SMVM.
Por eso, gracias al congelamiento del haber, sólo en el mes de febrero, el gobierno ahorró por ese ítem el equivalente a $68 mil millones con relación a lo erogado en febrero de 2023. De esta forma, si el gobierno mantuviera constante en términos reales el haber de febrero actualizándolo por inflación hacia adelante, el ahorro en gasto social sólo por planes Potenciar Trabajo, equivaldría a $884 mil millones anuales a valores actuales. Unos mil millones de dólares.
A ese ajuste corresponde sumar los $11 mil millones mensuales que surgen de las 136 mil bajas de beneficiarios que se produjeron desde la asunción de Sandra Petovello, unos U$S 150 millones anuales adicionales.
Lo mismo ocurre con relación al haber mínimo jubilatorio que, como lo dispone el artículo 5 de la ley 27.426, tiene un piso garantizado del 82% del salario mínimo para los 1,3 millones de beneficiarios que perciben la mínima y cuentan con más de 30 años de aportes. Esa cláusula ya se activó en distintas oportunidades durante 2023 e implica un bono adicional calculado sobre el básico y por fuera de otros bonos que pudieran percibir.
La caída en términos reales del SMVM entre diciembre y febrero permitió ahorrar en febrero el equivalente a $135 mil por beneficiario. Un total de poco más $176 mil millones sólo en un mes, más del doble que lo ajustado por el Potenciar Trabajo.
Pero además el salario mínimo establece, según la ley vigente, el punto de corte para la exención al pago del impuesto a las ganancias que solo alcanza a quienes perciben el equivalente a más de 15 salarios mínimos. De esa forma, congelando el haber, el gobierno logró sumar nuevos contribuyentes.
El reclamo sindical
Por ese motivo la negociación no resultará sencilla. El gobierno está especialmente interesado en mantener ese haber lo más planchado posible porque le permite generar un ahorro directo en otras erogaciones y, a la vez, porque resultará una pauta de referencia para las negociaciones salariales del sector privado y del sector público como los docentes y empleados estatales.
La CGT ya emitió un comunicado mediante el cual asegura que la suba no podrá ser menor al 85% que es lo que, aseguró a Tiempo su secretario de Prensa Jorge Sola “acumuló la inflación en esos tres meses de diciembre enero y febrero”. Pero el aumento empezaría a regir desde marzo y, por lo tanto, más temprano que tarde, hará falta una nueva actualización.
Consultado sobre si reclamarán una revisión en el mes de marzo el dirigente señaló que “estamos evaluando qué planteo de revisión haremos”. A la vez reconoció que, «por el momento, no realizaron intercambios con las CTA» con el propósito de buscar un planteo común.
Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma señaló a este diario que “no solo hay que correr detrás de la inflación sino recuperar lo perdido. Estamos en las antípodas de este gobierno que piensa bajar la inflación congelando los salarios y mandando a los compañeros a la pobreza y la indigencia. Desde 1997 venimos actualizando una canasta básica para un trabajador sin carga de familia que hoy nos da $462 mil.
Por supuesto que no podemos plantear llegar a eso de un día para otro pero, como mínimo, queremos recuperar lo perdido tanto con el gobierno macrista como con el anterior”.
A la vez, el dirigente señaló que “vamos a tratar de ir con una posición unificada con el resto de las centrales para seguir actuando en unidad de acción contra este gobierno”. Sobre el reclamo que ya hizo público la CGT señaló que “nos podemos poner o no de acuerdo pero nosotros creemos que, de acuerdo al deterioro y la recuperación que necesitamos, el piso tiene que ser mucho más alto, por encima del 100%”. «
El salario sufrió la peor caída desde la híper
Solo en el mes de diciembre los trabajadores del sector privado registrado resignaron salario por un 11,5% y los del sector público por un 15,9%.
Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre el Índice de Salarios subiera solo 8,9% contra una inflación del 25,5% lo que redundó en una pérdida del 13,2% en apenas un mes. Se trata de un retroceso para un solo mes que, según el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, no se registraba desde la hiperinflación de finales de la década del ’80.
El dato surge del Índice de Salarios del INDEC que dio como resultado una suba acumulada de 152,7% en todo el año cuando la inflación minorista ascendió a 211,4%. De esta forma la pérdida del poder adquisitivo del salario promedio durante el año llegó al 19%.
Sin embargo, el impacto resultó diferente según el segmento.
Los salarios de los trabajadores privados registrados subieron 165,8%, resignando un 14% de poder adquisitivo. Los empleados públicos tuvieron incrementos del 148,6% que redundaron en un retroceso en términos reales del 20,1%, mientras que los trabajadores no formalizados solo pudieron recomponer sus haberes en un 115,3%, lo que implicó un caída en términos reales del 30% en 2023.
La Unidad Piquetera marchará a la Secretaría de Trabajo
Un plenario realizado el pasado jueves en la sede del Sindicato del Neumático definió la continuidad del plan de lucha de trabajadores ocupados y desocupados. Allí dos centenares de delegados de organizaciones que integran la Unidad Piquetera, el sindicalismo combativo, asambleas populares, de la cultura, entre otras, definieron movilizar el próximo jueves a la Secretaría de Trabajo para reclamar un salario mínimo igual a la Canasta Familiar y la continuidad del plan de lucha a la CGT y las CTA.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, explicó a este diario que «queremos un salario mínimo de $500 mil y que no avancen con el desenganche de los Potenciar Trabajo que es algo que está en la agenda y dejaría a los trabajadores más empobrecidos a la deriva». El dirigente explicó que insistirán en su reclamo de comida para los comedores populares que, detalló, «ya venía discontinuando el gobierno anterior pero quedaron suspendidas definitivamente desde que asumió el nuevo gobierno. En los barrios la gente tiene cada vez más hambre», se lamentó.
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