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| Es un hecho que no hay consenso público sobre los efectos de la reforma laboral. Para el Gobierno y para el sector privado, es sin duda una noticia trascendente. Para los gremios y un sector de los empleados formales, no.Un dato que no debe estar ausente a la hora de evaluar el proyecto es la política. Hay sectores sociales que creen en otro tipo de soluciones. Por ejemplo, antes de dar beneficios para formalizar el empleo en negro, preferirían duplicar las multas y sanciones. Pero no pueden dar una respuesta al hecho de que 40% de los vínculos laborales se hacen al margen de la ley porque el consumidor argentino no tolera “pagar” en el precio final el costo real de contratar en blanco. Cuestionan que la nueva ley “atrasa” porque no habla de nuevas tecnologías, pero no se hacen cargo de que hay convenios laborales que no se tocan desde hace más de 50 años porque la vigencia de la ultraactividad (cláusula que dispone la renovación automática permanente si las dos partes no están de acuerdo en renegociar) se volvió intocable.La CGT llamó a un paro pero negoción en el Senado la reforma de varios artículos que afectaban su caja. Por empezar, subsistirán los denominados aportes solidarios que perciben grandes gremios (una suerte de contribución que pagan todos los asalariados de un determinado sector por la defensa que hace el sindicato de los derechos colectivos), aunque con un tope de 2% del salario. Seguirán vigentes dos años más, y a partir de ese momento, se volverán voluntarios. También se acordó que las empresas sean “agente de retención” de las cuotas sindicales, ya que el proyecto original disponía que cada gremio debía ocuparse de la cobranza.Los abogados laboralistas se quejan de que la reforma les pone un tope a sus honorarios, que antes estaban atados al monto reclamado. No hay empresario, del tamaño que sea, que no tenga algún caso en el que haya salido perdiendo frente a esta industria del juicio, en la que la Justicia crea su propia legislación sobre qué entiende por salario y qué por beneficio social. El proyecto no quita el derecho a la indemnización, sino que consolida su base de cálculo.Las jornadas de trabajo no se van a elevar a 12 horas, porque la semana laboral no puede superar las 48 horas. Hay asalariados que desconocen que en rubros como el gastronómico se trabaja hasta 14 horas por días y muchas veces con un solo franco semanal. Para esos trabajadores, la ley será un parapeto legal que sí dará lugar a sanciones si es incumplida. El banco de horas (que Brasil aplica desde 2017) sirve para que en los casos en los que un empleador requiere mayor esfuerzo un día, se reste de los subsiguientes.El Fondo de Asistencia Laboral crea un nuevo “inversor institucional”, porque recibirá aportes que antes iban a la Anses (el monto se redujo a un máximo de 2,5%) en cuentas que podrán ser invertidas en el mercado de capitales y que incluso pueden dar una rentabilidad a las empresas. El aporte puede ser suspendido una vez que el fondo se completa, lo que sucederá una vez que reciba todos los pesos necesarios para afrontar la eventualidad de un cierre, por ejemplo (el caso Fate aplicaría si la ley estuviese ya vigente). Si antes la quiebra de una empresa ponía a los empleados en la lista de acreedores, a cobrar con prioridad pero solo después de que un juez o un síndico ordene las acreencias, ahora ofrece una mayor garantía de pago.Seguramente cada capitulo debe ofrecer visiones similares: una blanca y otra negra. La reforma tiene implícita una apuesta: apunta a conseguir que se reduzca el empleo en negro y sumar nuevos aportantes al sistema previsional que ayuden a financiar la baja de otras contribuciones. Si lo consigue y el nuevo marco se consolida, en un año nadie recordará estas peleas.Poner sobre la mesa los casos de malos empleadores no es argumento suficiente para desconocer que hay realidades que necesitan un cambio. Como hemos señalado en envíos anteriores, la Argentina necesita varias reformas. La laboral es una de ellas, y si no es la mejor, en dos años debería ser mejorada.Un dato extra: hay un interés particular del Ejecutivo por conseguir la sanción final el 27 de febrero. Si se aplica una promulgación rápida, alguno de sus capítulos impositivos podría regir desde el mes próximo, como por ejemplo el que reduce impuestos internos a la venta de autos, seguros y servicios de telefonía celular y satelital. Los actores involucrados están comprometidos con trasladar esa baja a sus precios, que aunque sea moderada, ayudarán a contener el siempre alcista IPC de marzo.Dos datos positivos para agregar de esta semana: Luis Caputo consiguió en enero superávit fiscal primario y financiero. Fue gracias a los ingresos extraordinarios de la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue. Pero lo real es que esos dólares ayudaron a pagar el vencimiento de deuda de u$s 4300 millones y evitaron tomar nueva deuda para cubrirlos.El segundo, escondido ayer en medio del paro y la actividad legislativa, fue el dato de la balanza comercial de enero, que entregó un superávit comercial de casi u$s 2000 millones. Fue posible gracias a exportaciones por u$s 7000 millones, récord histórico para el mes, que crecieron 18% en cantidades. Las importaciones, por su lado, llegaron a u$s 5000 millones, marcando una caída anual de 11%. |
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| La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emergió ayer con un fallo que causó repercusiones políticas y económicas en todo el mundo, y no es para menos: anuló los aranceles que Donald Trump fijó a cerca de 70 países en abril pasado, por considerar que la Caas Blanca no podía ejercer las facultades de emergencia que se atribuyó en ese momento (originadas en una ley de 1977) por considerar que rigen en el país “tiempos de paz”. Para los jueces, Trump hizo un uso excesivo de facultades reservadas al Congreso (ya que los aranceles a las importaciones son considerados como un impuesto). Las tasas que había fijado EE.UU. oscilaban entre 10% y 50%, y fueron la palanca con la que el gobierno americano renegoció su política comercial con dos objetivos: neutralizar su déficit externo y bajar el rojo fiscal (los ingresos estimados por esta medida alcanzan los u$s 900.000 millones).La respuesta del presidente estadounidense no se hizo esperar: dispuso por una nueva orden ejecutiva una suba inmediata de 10%, que puede tener una vigencia máxima de 150 días. Esta decisión al menos le da tiempo para determinar en qué terreno está parado y dónde quedan los acuerdos que ya fue firmando con distintos países.En el gobierno argentino la reacción a la noticia fue cauta, ya que uno de los principales beneficios que generaba ese entendimiento era la reducción del arancel de 10% a 0 para 1675 productos. Si EE.UU. no tenía facultad para llevar esa alícuota a 10, su disminución pierde sentido. “Habrá que revisar el capítulo arancelario”, plantean. Otros especialistas, como Marcelo Elizondo, aseguran que el acuerdo directamente quedó en un limbo, ya que no hay certeza de que sus condiciones se sostengan.Para la política interna de EE.UU., ponerle límite a Trump puede darle aire a los sectores críticos de la administración y debilitar la proyección política de los republicanos. Hay que recordar que este año hay elecciones de medio término.En el plano local, un factor que el mercado financiero todavía mira con atención es el freno que tuvo la reducción del riesgo país, que por ahora sigue arriba de los 500 puntos. Hasta fin de año se aseguraba que una de las preocupaciones de los tenedores de bonos era la débil acumulación de reservas. Pero el BCRA revirtió ese temor y de hecho lleva sumadas más de u$s 2100 millones.El riesgo país le pone un piso al financiamiento en dólares de las empresas. Es clave para la colocación de deuda soberana, desde ya, pero el ministro Luis Caputo prefiere ahora usar otra estrategia: quedarse con pesos excedentes en las licitaciones de deuda doméstica, y usarlos para comprarle dólares al BCRA. Prefiere no exponerse por ahora a una tasa alta en caso de que decida emitir un título en el mercado internacional, y esperar a que las condiciones macro hagan que el mercado sea el que ofrezca dinero, y no a la inversa.Febrero viene con alimentos y algunas tarifas presionando el índice, que seguirá bien arriba de 2%. La carne y la fruta tuvieron esta semana subas mayores a 4%. La media móvil de los últimos 30 días alcanza a 2,5%, según la Fundación Innovación con Inclusión. Ayuda un dólar oficial por debajo de $ 1400, pero la realidad es que como lo demostró la inflación mayorista de enero, el impacto del tipo de cambio en los precios se volvió menos relevante que otros factores internos. |
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| El casto Fate es el reflejo de una Argentina que cruje. Preocupa porque nunca es una buena noticia el hecho de que una empresa de capitales argentinos que fue pionera y líder haya decidido poner punto final a su historia. Su realidad crea una señal de advertencia, porque las nuevas condiciones del mercado productivo van a ocasionar nuevas bajas. Lo que corresponde es reevaluar las condiciones de cada empresa y asumir que hay firmas que deberán tomar decisiones difíciles. Quedarse sentado a esperar la ayuda hoy no es una opción viable.La crisis de Fate es multicausal. Los medios -en particular El Cronista- han reflejado estos días su recorrido, con dificultades que aparecieron desde antes que la pandemia pusiera en rojo a centenares de empresas. Ya en 2019 solicitó un procedimiento preventivo de crisis, por considerar que la fijación de retenciones y el corte a los reintegros a la exportación cambiaron sus condiciones de mercado. Fate por entonces exportaba el 50% de su producción, pero cuestionaba los altos costos laborales y la precoz competencia importada. En 2022, el sindicato del sector provocó con sus reclamos un conflicto histórico que paralizó a los tres fabricantes: Fate, Pirelli y Bridgestone. Todos recuerdan los meses en la que los argentinos cruzaban la frontera con sus autos para volver con neumáticos nuevos de Chile, Uruguay o Brasil. En 2024 pidió su segundo PPC, pero el Gobierno no se lo otorgó. Inversiones que no dieron resultado, pérdida de mercados externos y nuevamente la competencia externa, asfixiaron aún más a la compañía.El actual gobierno redujo los aranceles de 35% (el máximo permitido por el Mercosur) a 16%, con el objetivo de abaratar costos al sector logístico, transversal a toda la economía. Pero esa decisión impactó en toda la industria. Los problemas de Fate tenían otro arrastre, pero en la actualidad sus competidores, pese a ser multinacionales, también están con planes de ajuste, La japonesa Bridgestone (fabricante de Firestone) y la italiana Pirelli (que se instaló en 1910 y fabrica a nivel local desde 1917) asumen que será difícil enfrentar la competencia de los productos originarios de China, de los que llegaron más de 800.000 unidades a fines de 2025. Achican su producción local y sus dotaciones, mientras traen neumáticos de otros destinos.¿Dónde termina este camino? Fate reabrirá por el acatamiento de la conciliación obligatoria, pero su plan de cierre comenzó a ejecutarse en diciembre. No parece probable que cambie su horizonte, porque para ello tendrían que cambiar algunas condiciones del mercado. Su margen para especializarse en algún segmento que crece, como las motos, ya es lejano (quien busca aprovecharlo es Pirelli). Su dueño, Javier Madanes Quintanilla, también propietario de Aluar, parece dispuesto a que el sacrificio de cerrar Fate sirva para “sacudir el árbol” y forzar un debate sobre política industrial.¿Llega tarde la reforma laboral? Es probable, aunque no seguro. La industria debería reclamarla desde 2017, año en que Brasil introdujo su cambio de régimen y facilitó la reducción de costos a sus compañías. Hoy como señal proinversión puede que tenga algún efecto en este sector, ya que algunas automotrices están repensando proyectos para darle nuevo impulso a la fabricación de pickups en la Argentina.El Gobierno insiste en que no va a defender lo que el consumidor no elige. Su problema es que a ese consumidor que no compra celulares de Tierra del Fuego, neumáticos de San Fernando, ropa de cualquier lugar del conurbano o lavarropas de Córdoba (por poner algunos casos) porque tiene opciones más baratas o de mejor calidad de otros orígenes, tampoco le gustan las reformas que pueden traer alivio a la industria. La política económica no puede satisfacer a todos, pero el Gobierno debería hacer un mejor esfuerzo por hacerla entender. El Cronista |