Aunque Javier Milei y todo su gobierno no dejan de achacar culpas a la herencia recibida, ese argumento no dura para siempre. Es cierto que hace poco más de un mes que comenzó la nueva gestión, y que tanto los precios reprimidos a lo largo del segundo semestre de 2023 como el enorme desvío fiscal acumulado en el final de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa fueron decisivos. Pero la política no es una actividad generosa. El 211% de inflación anual fue leído como el final del ciclo K, y eso es correcto. Pero enero será todo de Luis Caputo. Los analistas esperan que haya una convergencia de velocidades: aceleración en la aprobación de las normas enviadas al Congreso, y desaceleración en el ritmo de aumento de los precios. Son palancas duras, y moverlas en la dirección deseada exige algo más que pericia técnica. Esa será una de las pruebas de las próximas dos semanas. Veamos el semáforo.
La rehabilitación del acuerdo con el FMI es sin duda la mejor noticia que logró el Gobierno en la semana. Si bien se esperaba que se llegara a un entendimiento, hay que reconocer que la negociación fue bastante rápida. Considerando que Javier Milei ya se había impuesto una meta fiscal mucho más exigente que la que esperaba el Fondo hasta el año pasado, el foco pasó a ser qué otras condiciones ponían la misión para darle el visto bueno a la renegociación. Por el momento, hay pocos números a la vista: meta de acumulación de reservas de u$s 10.000 millones, pero contabilizando u$s 2700 millones obtenidos en diciembre, y 2% de superávit primario.
El objetivo fiscal suena exigente, pero hay algunos datos que todavía no están sobre la mesa. El día que anunció sus primeras medidas, Luis Caputo estimó que 2023 cerraba con un déficit primario de 3% y un rojo financiero de 2,2%. Milei prometió poner el déficit en cero y no tomar deuda, con lo cual la meta anotada en el acuerdo con el Fondo empata ese propósito. Eso significa que en teoría hay que lograr un ajuste de 5 puntos del PBI, pero antes hay que conocer el cierre de 2023. La recaudación fiscal de diciembre, con el impacto de la devaluación de 54% y la disparada de precios, tuvo un salto nominal considerable. Y el Ejecutivo cerró desde el vamos la canilla de transferencia de fondos a las provincias y a muchos organismos del sector público. Caputo tiene la chance de “recargar” el cierre fiscal de 2023, para poner más piedras de la herencia en la mochila, o mostrarlo menos duro si es que finalmente resultó así, lo que generaría menor presión sobre su objetivo 2024.
Lo que el Fondo no dejó de anotar en su comunicado es que espera que se aprueben las medidas con las que el Gobierno tiene que conseguir sus compromisos. O sea, tiene que mostrar “apoyo político” que se traduzca en gobernabilidad, y una gestión razonable del conflicto social, que llegará al primer plano del escenario con el paro de la CGT del 24 de enero, pero seguirá escalando si no logran aminorar el ritmo de la inflación y de pérdida del poder adquisitivo del salario. De todos modos, el staff aceptó dar una señal extra (para no quedar tan amarrete frente a las promesas de Milei), que es adelantar el desembolso de marzo, un movimiento que permitió engordar la cifra de fondos disponibles a corto plazo a u$s 4700 millones.
Hubo otra noticia que le vino bien al equipo económico esta semana. La subasta del Bopreal, el bono destinado a saldar la deuda comercial de los importadores, tuvo esta vez un resultado “exitoso”. Frente a la exigua adhesión de las primeras dos licitaciones, hubo una demanda de casi u$s 1200 millones. Ayer trascendió un dato que le da otra perspectiva a la cifra: la automotriz Toyota decidió entrar fuerte y llevarse una buena cantidad de títulos. Fue parte de una decisión estratégica de la terminal, que estaba ajustada al máximo en su producción y necesitaba oxigenar el flujo de pago a sus proveedores. Le vino bien de todos modos a Caputo, que ahora necesita “multiplicar” a los Toyota para las próximas liquidaciones. El lado positivo es que con esta operación empieza a crecer el mercado segundario de Bopreal, clave para que los privados se animen y hagan que funcione el circuito.
Por último, un anticipo positivo del frente externo: el lunes el presidente y varios de sus ministros viajarán a Davos, a donde tratarán de satisfacer la curiosidad de grandes empresarios e inversores, que no saben si el fenómeno libertario es una anomalía política más de la Argentina o es un proyecto que puede tener futuro.
El Presidente no podrá improvisar: sus interlocutores leen los diarios y saben que la negociación legislativa para aprobar sus reformas aún está llena de incógnitas. Le servirá de todos modos para reforzar el atractivo cíclico que genera nuestro país al capital extranjero. Se traerá también una buena cantidad de selfies y fotos oficiales con Kristalina Georgieva y Emmanuel Macron. Todavía es temprano para hablar de los vínculos externos, pero hay una figura ascendente en este panorama, que es Ian Sielecki, propuesto para dirigir la representación diplomática en Paris. El contacto que desarrolló este cientista político de 33 años con las jóvenes figuras de la política francesa (como Gabriel Attal, flamente primer ministro) y con el propio presidente, pueden darle un renovado oxígeno a la relación con el Viejo Continente, habitualmente apalancada en el gobierno español.
Hay un factor que empieza a crear preocupación en las filas aliadas al Gobierno, en particular en aquellos que tienen la necesidad de negociar algunas de las medidas propuestas por Javier Milei en el DNU 70/2023 o en la ley ómnibus: la existencia de un gabinete sin poder.
Guillermo Francos, el ministro del Interior, recibió gestos de ratificación después de haber acompañado al Presidente a la Antártida. Es el hombre que habla con los gobernadores y el que escucha los reclamos de los mandatarios del PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista. Ayer se entrevistó con 10 jefes provinciales, acompañado esta vez por Luis Caputo, el hombre que concentra ahora el poder sobre los giros a las provincias. Les manifestaron a ambos su apoyo a la letra gruesa de la ley ómnibus, pero esperaban garantías de que no se avanzaría sobre las economías regionales. El reclamo acá no iba solo sobre la industria pesquera o los biocombustibles, sino sobre el aumento de las retenciones. Se sintieron escuchados y comprendidos. Pidieron garantías. ¿Respuesta? No las recibieron.
El triángulo de poder de la nueva administración lo conforman el Presidente, su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Todavía no se percibe en qué momento ministros y jefes ejecutivos hablan y toman decisiones. Milei insiste en que tienen el número para votar la ley, y en todo caso solo acepta que se introduzcan “sugerencias” o correcciones, como si el problema fuera la ortografía. La única palabra ajena que usó en una de sus últimas entrevistas radiales fue que en el sendero de la aprobación puede haber “secuencias”. O sea, una parte del paquete primero, otra después.
Esa vía es la que propone, por ejemplo, el bloque que lidera Miguel Angel Pichetto. También están de acuerdo con ese modus operandi los diputados del PRO. Esa es la propuesta que hicieron llegar a la Casa Rosada, pero nadie les firmó el remito.
Posse, según lo definen quienes lo empiezan a ver en acción, encarna la línea dura. En términos políticos, sería un halcón. Pero otros interlocutores aseguran que más que duro es “firme”. No le interesan las grandes charlas y puede tener una decena de reuniones en dos horas, pero si puede ninguna durará más de diez minutos. Es un ingeniero industrial egresado del ITBA, y además de su conocida trayectoria en el grupo Eurnekian, operó el desembarco de Red Bull en la Argentina y Uruguay, veinte años atrás.
Karina Milei tampoco va a resolver cuestiones técnicas de la gestión. ¿Su rol principal? La contención emocional del Presidente, un hombre con una gran capacidad de trabajo pero que escucha a su hermana y a Posse cuando tiene que decidir si confía en el juicio de uno de sus colaboradores o no.
Milei quiere que se vote la ley en Diputados el 25 de enero. Tiene que haber dictamen de comisión, y alguien que baje el martillo de la negociación. Los libertarios aún están esperando alguna señal de las “fuerzas del cielo”.
PD: El Presidente compartirá horas en Davos con Posse, Caputo y Diana Mondino. ¿Habrá alguna fumata?
Es la inflación, sin duda. El dólar perdió peso como termómetro, porque el esquema de liquidación de exportaciones todavía tiene parte de la fórmula que usaba Sergio Massa (no es el dólar Fernet 70/30, sino un blend 80/20), y la oferta que se cursa a través del CCL nivela al resto del mercado. Hoy tanto el blue, como las cotizaciones financieras se mueven en torno a los $ 1100.
Como señalamos al comienzo, el 25,5% de diciembre tiene mucho de la gestión anterior, que había reprimido todos los precios de la economía. Milei sacó el tapón y el resultado está a la vista. El Presidente exageró un poco cuando dijo que 30% era un “numerazo”, porque ya sabía que el número venía más bajo. Si la sociedad todavía lo tolera es porque prolongó durante enero el efecto aguinaldo. Pero esa sensación no va a durar mucho más. Si bien las consultoras privadas anticipan que la retracción en el consumo desaceleró el ritmo de los aumentos, el Gobierno necesita que el IPC de enero quede por debajo de 20%. El argumento es que si repite la cifra del último mes, hará desaparecer la ganancia de competitividad de la devaluación. Y un nuevo ajuste cambiario en marzo extenderá no solo el panorama recesivo sino también la conflictividad ante paritarias que no tendrán margen de empatar semejante aumento de precios.
El dato que refleja este temor son los precios del dólar futuro. Aunque los contratos a enero y febrero mostraron bajas semanales del 0,6% y 2,4%, a partir del mes siguiente el mercado desconfía del crawling peg de 2% y empieza a apostar a una devaluación de 4,2% en el caso del segundo mes, de 10,9% en marzo y 11,4% en abril.
Los desafíos están a la orden del día.
El Cronista
