Aseguran que no pueden sostener la actividad dado que las financiadoras reintegran el monto de las ventas entre 60 y 90 días después de concretadas, algo muy costoso en este contexto inflacionario. Se suma a la generalización de los copagos
Cientos de farmacias de la provincia de Buenos Aires comenzaron a limitar la venta de medicamentos a los afiliados de obras sociales y prepagas debido a problemas financieros de larga data que se ven exacerbados por una tasa de inflación que se mueve bien por encima de los dos dígitos al mes. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) aseguran que la inflación y la volatilidad de precios complicaron sus ventas con descuento porque reciben el pago por parte de las financiadoras 60 y 90 días más tarde, un plazo que los comercios del sector buscan reducir mediante negociaciones.
En los hechos, las farmacias que se adhieren al llamado de las organizaciones que las nuclean están vendiendo medicamentos en forma particular, pero en muchos casos se niegan a hacerlo con el descuento o cobertura que corresponde a algunas obras sociales y prepagas.
“Desde el mes de agosto el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ha enviado varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis que podría sufrir la atención de los farmacéuticos en todo el territorio bonaerense. Ese momento ya llegó”, explica un comunicado del colegio bonaerense distribuido en redes sociales.
“Hay cientos de farmacias comunitarias que suspendieron la dispensa de medicamentos por los descuentos (bonificaciones) que imponen las obras sociales y prepagas, y sus extensos plazos de pago” (Colfarma)
“Hay cientos de farmacias comunitarias que suspendieron la dispensa de medicamentos por los descuentos (bonificaciones) que imponen las obras sociales y prepagas, y sus extensos plazos de pago. No se trata de una maniobra comercial, política, ni especulativa”, agregaron.
Los afiliados de PAMI y de la obra social provincial IOMA, que se estima representan el 70% de las ventas en farmacias de la provincia, son los más afectados por estas restricciones. Las farmacias empezaron a restringir la venta de medicamentos con descuento de obras sociales o a negarse a vender a quienes no son clientes habituales. Esta situación se suma a la práctica creciente entre los médicos de cobrar un copago adicional para compensar los honorarios que consideran insuficientes.
“Las farmacias están evitando vender con algunos de los planes de obras sociales y prepagas. Por ejemplo, Ioma accesorios que cubre al 100% todo tipo de accesorios para post operatorio y enfermedades graves, sólo se encuentra en farmacias grandes. Es muy difícil para el resto. Lo que es Ioma ambulatorio es más común que se acepte, aunque algunas farmacias lo estén intentando pasar por reintegro”, dijo a Infobae Héctor Milanesi del colegio bonaerense.
“Tradicionalmente el sector tiene que pagar a las droguerías en 15 días, cuando el plazo en el que cobra una venta es mucho más largo que eso. Es muy difícil de manejar para farmacias chicas y con menos espalda”, agregó.
Este intento por paliar la caída en los ingresos de profesionales y otros prestadores se está extendiendo a casi todas las especialidades médicas, incluyendo odontología, cardiología y pediatría, entre otras. El lunes, una asociación de bioquímicos decidió recomendar un cobro adicional, de unos $3.000 a $5.000 a los beneficiarios de obras sociales y prepagas, según la Confederación Unificada Bioquímica de la Argentina (Cubra).
En medio del problema hay un conflicto entre las empresas financiadoras de los servicios de salud privada -prepagas y obras sociales-, los prestadores -médicos, profesionales, centros de diagnóstico, sanatorios, etc.- y el Gobierno que regula las tarifas que pueden pagar las financiadoras. En un intento por moderar los aumentos, el Gobierno dosifica las subas que pueden aplicar a sus beneficiarios prepagas y obras sociales. A su vez, las financiadoras congelan las tarifas que pagan a las prestadoras ante la imposibilidad de subir sus ingresos y, por último, los prestadores buscan vías de ingresos extra para morigerar ese retraso en los ingresos. Todo esto se traduce en la proliferación de “copagos”, montos extra que cobran los prestadores a los afiliados, que las prepagas no reconocen (y buscan evitar reembolsar).
En Buenos Aires, donde hay aproximadamente 4.500 farmacias autorizadas, las entidades nacionales aseguran haber intentado sin éxito negociar con PAMI la reducción de los plazos de pago. Aunque PAMI está al día con los pagos, el desfase en los plazos continúa afectando la rentabilidad de las farmacias. Por su parte, IOMA no tiene deudas pendientes, pero según afirman los profesionales del sector realiza los pagos a 75 días de la liquidación, lo que puede resultar en un lapso de hasta tres meses desde la dispensación del medicamento hasta la recepción del pago. Y todo eso con 12 puntos porcentuales de inflación mensual, trabas a las importaciones y movimientos abruptos del dólar.
Las farmacias advierten que si no se resuelve la situación, podrían suspender el crédito a las obras sociales que mantengan deudas pendientes, lo que implicaría no entregar medicamentos a los afiliados de dichas entidades. “Como agentes sanitarios no dejaremos de prestar el servicio a los pacientes, pero ya no podemos brindarles los descuentos o la cobertura al 100% que ofrecen las prepagas y obras sociales”, agregó el comunicado del colegio de farmacéuticos.
Infobae
