El reino de la incertidumbre
“Estamos cabeceando granadas en un gasoducto.” La reflexión del dirigente oficialista contiene dos preocupaciones: la evidente y la tácita. La primera tiene que ver con el costo simbólico que acumula la Casa Rosada luego de incontables idas y vueltas de declaraciones on the record entre el Presidente y sus ministros. La segunda, como un anverso de la primera, refiere a que el gobierno, según el interlocutor, “tiene 70 noticias buenas para dar” que no son aprovechadas. En algo le asiste la razón: esta semana el plan de vacunación alcanzó a más personas con dos dosis que solo con una y los números de la economía superan a los de 2019 y, en algunos sectores, a los de 2018. Sin embargo, desde hace cinco días la agenda, aun la oficialista, es la de un video que difundió la plana mayor del espacio opositor. “En 2015 nos acusaron de matar un fiscal, de narco a nuestro candidato y ahora nos pone a la defensiva una foto, ¡porque en este caso es verdad!”, se lamentaba enfático un intendente ante #OffTheRecord.
Enredado en su propio desorden interno, en el Frente de Todos los guarismos migran desde quienes auguran un triunfo que orilla los diez puntos en PBA y otros que temen un cisne negro que alcance una derrota que ya se materializó en la gestión política de la coalición. El gobierno tiene una herramienta luminosa a la cual aferrarse: al igual que en 2019, el mercado ya descuenta un triunfo del macrismo, motivo por el cual -además de la inminencia que no es tal del acuerdo con el Fondo- volaron las acciones las últimas semanas. Esta vez, sin las encuestas de Luciano Cohan.
Si bien en todo el sistema dan por hecho un entendimiento con el organismo que preside la búlgara Kristalina Georgieva, las diferencias habitan en el revoque fino. Sin resolución hasta después de las elecciones generales, uno de los puntos sobre los cuales hay discusión aún tiene que ver con la sobretasa. El FMI determina una tasa base que tiene un sentido de cubrimiento de gastos operativos y compensación por el capital. A partir del momento en que los países miembros empezaron a pedir una cantidad de dinero exagerada en relación a su cuota, el Fondo decidió poner estos sobrecargos. El número a partir del cual se gatilla ese sobrecargo es el 187.5% de la cuota de capital. En el caso de Argentina, el préstamo de 57 mil millones de dólares representa el 1300% de esa cuota.
Para evitar estos pagos debería haber un cambio de reglamento en el Fondo. Nadie se atreve a descartar que pueda ocurrir. Esto lleva la penalidad del 1.05% al 3%. El otro punto es el sendero fiscal. Una noticia virtuosa del mundo financiero se consolidó el viernes a la tarde, pero se anunció ayer. Axel Kicillof logró la reestructuración del 98% de la deuda en moneda extranjera gracias, en parte, a dos incentivos perversos: una penalidad muy alta a quienes decidieron no ingresar y un perjuicio para los que sí lo hicieran en caso de no alcanzar las mayorías.
Sin embargo, una de las novedades más importantes de la semana llegó desde Santiago de Chile: el gobierno de Sebastián Piñera ordenó, por decreto, incorporar íntegramente a los mapas chilenos los límites reclamados por ese país, tanto en relación a la plataforma continental marítima al sur de Tierra del Fuego, como en el pequeño sector de Hielos Continentales a la altura del Monte Fitz Roy aún pendiente de demarcación limítrofe. Las autoridades argentinas protestaron enérgicamente.
La plataforma continental reclamada por Chile se superpone en buena medida con la reclamada por Argentina que, a diferencia de su vecino, obtuvo el aval de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental -un organismo creado por la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar. La obtención de aquel aval debería estar entre los logros de las mentadas políticas de Estado. La plataforma continental es la que se extiende, como prolongación geológica del continente, antes del océano profundo. Los países que tienen una plataforma continental extendida más allá del límite de 200 millas náuticas pueden hacer reclamos a partir de los diez años de ratificada la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar y la obtención del reclamo daría derecho a una explotación de recursos vivos y no vivos presentes en dicha plataforma.
Argentina presentó su reclamación de plataforma marítima en el 2009 durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. El gobierno de Chile, notificado de la presentación argentina, no protestó. El trabajo continuó durante el siguiente gobierno y durante el de Mauricio Macri; el aval de la Comisión del Límite Exterior llegó en 2017 con un reconocimiento aún mayor al presentado en 2009. La entonces canciller, Susana Malcorra, festejó aquel aval y pidió incorporarlo a la normativa interna para dar cuenta de los nuevos límites. Aquello se hizo recién en 2020 con una ley que el Congreso aprobó por unanimidad.
La respuesta chilena es tardía. El gobierno de Chile no objetó el reclamo argentino hasta el aval de la Comisión del Límite Exterior, en 2017 y, sin un pronunciamiento equivalente a la Argentina y absorbido por su dura conflictividad interna, tampoco dictó en ningún momento una norma legislativa similar a la nuestra. Piñera salteó el paso con un decreto, una medida meramente administrativa, que avanza sobre sus propias posturas nacionales y las contradice. De acuerdo a la postura chilena, no hay en el Tratado de Paz y Amistad delimitación marítima al sur de la isla de Tierra del Fuego y por ello es que objetaba la postura argentina. El decreto, lejos de limitarse a objetar la posición de nuestro país, avanza el límite chileno al sur de la isla de Tierra del Fuego hacia el este, internándose fuertemente en el Atlántico, y, quizás peor, fija límites incluso en hielos continentales a la altura de Santa Cruz, en un área que ambos países reconocen como parte de una negociación que estaba prevista continuar en octubre.
La agresividad del decreto es inexplicable desde las relaciones bilaterales. La cuestión de fondo se venía conversando en negociaciones que fueron parte de la visita de Alberto Fernández a Santiago en enero, cuando se resaltó -de ambos lados- la “hermandad” construida a lo largo de los años. La excusa chilena sobre algún fraseo poco feliz en la Directiva Para la Defensa Nacional también parece extraña: dados los años de medidas de construcción de confianza entre las Fuerzas Armadas de ambos países y las escasas capacidades ofensivas argentinas, se corporiza pobre. Aparenta ser en línea con el momento electoral que vive Chile. El 21 de noviembre, el país elegirá presidente. El candidato de Piñera, Sebastián Sichel, de perfil relativamente centrista, debe evitar la fuga de votos hacia el pinochetista José Antonio Kast si quiere tener chance de llegar a la segunda vuelta y aspirar a imponerse. Y el nacionalismo es un buen aglutinador. Con un poco de cinismo, podría pensarse que, aun perdiendo, un diferendo limítrofe de alto perfil sería un presente troyano para un futuro gobierno de izquierda o centroizquierda que busque acercarse y aumentar la cooperación con Argentina.
Las respuestas de este lado de la cordillera deberán ser calibradas de forma cuidadosa y estratégica. Se necesitará muñeca y la misma visión de Estado que orientó el reconocimiento de la Comisión de Límite. El comunicado de llamado al diálogo del PRO, firmado por Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo, que no menciona aquel reconocimiento y se para en un lugar neutral entre Argentina y otro país, es una mala señal cuando enfrente Piñera habla de una “política de Estado, acordada con Frei, Lagos y Bachelet”.
Las diferencias sobre límites son comprensibles y esperables, la importancia de las plataformas continentales, a medida que la tecnología permite la explotación de los recursos submarinos es un llamado a su crecimiento. Lo que sería incomprensible es que dicho diferendo dañara una relación que pasó de la pugnacidad a la amistad de la mano de la democracia en ambos países, un logro que tiene escasos ejemplos similares a nivel mundial fuera de la Europa de posguerra.
Dado que la Comisión de Naciones Unidas no se pronuncia sobre delimitaciones bilaterales, será responsabilidad de los gobiernos volver a encaminar las diferencias en un diálogo constructivo y aislado del resto de la relación bilateral. Alberto Fernández y Felipe Solá deberían jugar en una cancha distinta de la que marcó Piñera.
Mientras tanto, el jueves se festeja el Día de la Industria en un año muy singular. El principal motivo, político. La Unión Industrial Argentina está atravesando un momento de falta de armonía con el oficialismo. El evento se iba a desarrollar en Entre Ríos y lo iba a presidir la familia Baggio, atravesada desde hace muchos años por un conflicto familiar luego de la muerte de Rufino Pablo en una clínica en Londres por culpa de un cáncer de lengua. Tuvo que ser cancelado. ¿Los motivos? “Problemas con el BCRA”, dicen desde el gobierno. Hagamos historia. Una mala cosecha de tomate durante el año pasado obligó a Baggio -voluminoso exportador de puré de tomate a África, India, Rusia, China, Nicaragua et al– a importar el producto de Perú y Chile para poder cumplir con las exportaciones. Debido a las restricciones de la autoridad monetaria, la compañía no pudo pagarle a proveedores y fue embargada a través de seguros de caución. Tampoco puede honrar sus compromisos vía CCL porque eso implicaría que el Banco Central le restrinja las importaciones.
Ante ese escenario, la UIA recalculó, pero con el GPS descalibrado: la nueva sede será, hasta el momento, Cerámica Alberdi de Martín Rappallini, investigado en la justicia federal por María Romilda Servini de Cubría -junto a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel- por intentar apropiarse de un contrato del Grupo Indalo. Enfrentado, además, con Axel Kicillof -que no asistirá al encuentro y hará su propia celebración con Víctor Fera-, Rappallini es un collar de sandías que le pesa más de lo que está dispuesto a tolerar a un Daniel Funes de Rioja que, hasta el momento, no logró resolver el enredo.
Bonus track
- Algunos sectores del PRO enfrentados con María Eugenia Vidal cruzan los dedos por un escenario aún improbable: que Leandro Santoro sea el candidato más votado en las elecciones de septiembre.
