El Estado controlará a la estratégica empresa energética mendocina luego de diez meses de trabajo sigiloso y un acuerdo incómodo con el gobernador Suárez.
Un proceso de diez meses que empezó con un pedido de auxilio, siguió con una reestructuración de deuda agresiva y continuó con una ampliación de acciones terminará en estos días -posiblemente este viernes- con la estatización parcial de IMPSA, la estratégica empresa mendocina que fabrica turbinas para represas y parques eólicos que navega hace casi una década al borde del hundimiento. El Estado nacional se hará con el 63% de las acciones y Mendoza tomará otro 21%, lo que reducirá el peso de bancos y grupos financieros acreedores que habían entrado al directorio y de la familia Pescarmona. El Ministerio de Desarrollo Productivo trabajó debajo del radar, extremando la cintura política, y anunciará el control de lo que espera sea un nuevo Invap, una compañía de alto vuelo tecnológico que exporte y genere divisas. O, aunque no lo quieran llamar de esa manera, el anti-Vicentin.
IMPSA nunca pudo recuperarse del fallido proceso de internacionalización que encaró poco después de 2010, con pasos en falso en Brasil y Venezuela. El ingreso de acreedores al directorio y distintas renegociaciones de deuda llevaron a los accionistas -los Pescarmona, bancos como el BID y el Banco Nación y el chileno Grupo Moneda– a ponerle el cartel de venta. Dos operaciones truncas, la última durante la pandemia, provocaron que la firma pidiera auxilio estatal en agosto de 2020. Entonces, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, comenzó a trabajar en silencio en su estatización.
Ese agosto todavía estaba muy caliente el paso en falso del Estado en Vicentin, que el presidente Alberto Fernández había anunciado, en junio, junto a Kulfas y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Con IMPSA, el proceso fue muy distinto. Kulfas siempre la vio como una empresa estratégica, no solo por los 700 empleados -contando a unos 250 ingenieros, la mayoría radicados en Mendoza-, sino también por la capacidad para exportar. En el mundo se cuentan cinco empresas capaces de fabricar turbinas. El Gobierno primero pagó salarios con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y luego obligó a la empresa a encarar una reestructuración agresiva de su deuda para ingresar al Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos (Paerp). “Los acreedores tuvieron que poner, era quiebra o reestructuración”, dijo una fuente que participó del proceso. Con ellos integrando el directorio de la empresa, la compañía debía saldar desde este año U$S500 millones de capital más otros U$S50 millones anuales de intereses. Sin quita de capital, los pagos se corrieron hasta 2028 y la tasa de interés bajó a 1,5%.
Luego, el Gobierno y la empresa empezaron a trabajar en la capitalización. Desarrollo Productivo armó un esquema de ingreso vía ampliación de acciones, que la asamblea de accionistas votó. Antes, en enero, Kulfas le presentó la propuesta al gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, con la idea de involucrar a la provincia en la que está radicada IMPSA. “Filosóficamente no nos queda cómodo desembarcar en la empresa, pero IMPSA es estratégica, era peor no participar, así que dejamos la cuestión ideológica de lado”, dijeron fuentes del gobierno provincial. Mendoza votó una ley hace un mes para capitalizar con 5 millones de dólares a la compañía, con el respaldo de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Fuentes del oficialismo nacional dicen que Fernández Sagasti estuvo al tanto desde el primer momento y habló con los legisladores mendocinos para que acompañaran.
Con la ley sancionada y el aval de la asamblea de accionistas, el Estado se prepara para capitalizar IMPSA. La Nación pondrá unos U$S15 millones y la provincia otros U$S5 millones. El Estado nacional pasará a dominar el 63% del directorio y Mendoza tendrá el 21% de los votos. Los acreedores-accionistas aceptaron bajar su participación del 65 al 11 por ciento y la familia Pescarmona pasará del 35 al 5 por ciento. Kulfas se comprometió a mantener el management, hoy a cargo de Juan Carlos Fernández. Mendoza sumó una cláusula para que la empresa no pueda mudarse. De los siete directores de la firma, cuatro responderán al Estado Nacional (incluido uno del Banco Nación por el lado de los acreedores) y uno a Mendoza, que también sumará un síndico.
Los U$S20 millones, estiman en el Gobierno, cubrirán un año de gastos operativos de la empresa. En ese lapso, IMPSA debe salir a conseguir contratos. Mientras avanza la licitación de la represa Portezuelo del Viento en Mendoza, donde corre con el caballo ganador, el Ejecutivo sostiene que IMPSA puede ganar trabajos para mantener y renovar turbinas de represas que llegan al fin de su ciclo. Y que el Estado le dará impulso para ganar peso en Yacyretá. Allí se libra una batalla binacional en la que IMPSA venía perdiendo contra el interés del gobierno paraguayo de darle el negocio a la firma alemana Voith Hydro. La compañía sostiene que la capitalización le permitirá a IMPSA ir por contratos internacionales en América y Asia a los que hoy no puede postularse por falta de espalda financiera.
Los contrastes con Vicentin quedarán plasmados la semana próxima, si se concreta una visita a Mendoza en la que Kulfas, Suárez y posiblemente Fernández Sagasti recorrerán IMPSA. Quienes trabajaron en la estatización de la empresa buscan despegar el caso del de la aceitera. “Hubiera sido imposible hacer esto con una empresa vaciada por un fraude”, sostienen. Prefieren las comparaciones con Invap y la apuesta a la generación de divisas con cabeza y mano de obra argentinas.
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