La comisión de juicio político comenzará a recoger pruebas y testimonios para el juicio político a los jueces de la Corte. Será un gran debate sobre la Justicia que existe y la que necesita el país en este tiempo. Las imágenes de la persecución judicial y los testimonios están en la sociedad
La aceptación por la Cámara de Diputados de las causales del pedido de juicio político a los miembros de la Corte no dispara una crisis en el Poder Judicial ni un “conflicto de poderes”, sino que es la consecuencia de una crisis que arrastra varios años y que en las últimas semanas alcanzó su punto más álgido. Los diputados de Juntos por el Cambio sobreactuaron el rechazo a la iniciativa como si no respondiera a una realidad, como si hubiera una Corte y jueces respetados y creíbles, cuando se trata de la institución peor considerada por la sociedad.
El pedido de juicio político y su aceptación por la comisión encargada en Diputados se proyecta hacia la sociedad como la primera acción defensiva de una fuerza política que ha sido víctima de una persecución judicial manifiesta durante más de diez años. La única reacción de los perseguidos, hasta ahora, había sido aceptar las reglas de juego, –aunque denunciaran los procedimientos como viciados–, y legitimar de hecho a los tribunales que los perseguían.
El intento frustrado de plantear una autodepuración y las propuestas rechazadas de reforma judicial fueron percibidas como sugerencias sin la energía de la convicción, porque era demasiado evidente que su destino sería el rechazo. Aunque no fuera así, el leve impulso para solucionar un problema profundo y muy dañino, sugerían más el aspecto de propuestas formales “pour la galerie” que un intento real de abordar el desquicio en el Poder Judicial.
Tras la aceptación, la comisión comenzará ahora con la recolección de pruebas y testimonios, lo que debería convertirse en un gran debate sobre la justicia que existe y la que requiere el país en este tiempo. No solamente los jueces de la Corte estarán en la mira, sino una práctica judicial. Los jueces y funcionarios judiciales estarán en el banquillo de acusados, aunque el responsable de extender la práctica del lawfare o guerra judicial contra sus adversarios políticos haya sido el macrismo.
Esa responsabilidad es lo que motoriza el rechazo militante del macrismo al debate. Al poner en el banquillo de los acusados a los jueces de la Corte, también se descubre la relación servil de algunos jueces con el poder económico, y finalmente queda al descubierto la principal herramienta politica del macrismo.
Por internas en los servicios de espionaje se abrieron varias causas contra el gobierno de Mauricio Macri. Desde ex funcionarios, hasta dirigentes del PRO, Cristina Kirchner y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan denunciaron que habían sido espiados por el gobierno macrista. Los jueces dictaminaron que los familiares del ARA San Juan fueron espiados por una cuestión de seguridad presidencial y que los demás espionajes fueron realizados por espías oficiales, pero que espiaban por su cuenta.
Y al parecer, de los espías macristas oficiales que quedaron desprotegidos, despedidos y enjuiciados surgieron las grabaciones hackeadas del celular del ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, que pusieron en evidencia la complicidad mercantil de algunos jueces con el poder económico y mediático. Esas mismas grabaciones desnudaron la complicidad de la Corte con el gobierno macrista de CABA para favorecer a ese distrito en detrimento de las provincias. Y por supuesto otros mensajes comprometedores con contratistas del Estado.
El contenido del celular de un solo funcionario reveló el dispositivo político del macrismo conformado por esa relación perversa entre funcionarios, jueces, espías y medios de comunicación. Todos esos niveles oficiales y extraoficiales funcionando de manera alterada y clandestina: los funcionarios haciendo arreglos con los jueces; los jueces arreglando con las corporaciones económicas y con los funcionarios y dirigentes del macrismo; los espías haciendo espionaje interno prohibido, y las corporaciones de medios ocultando esta realidad y difundiendo falsas noticias –o fake news— en un relato construido en esos intestinos antidemocráticos.
El macrismo asegura que como los mensajes provienen del hackeo ilegal al celular de D’Alessandro, esa prueba no puede ser usada aunque los mensajes reveladores sean verdaderos. Y también afirman que los jueces no pueden ser acusados por sus fallos, como si la corrupción judicial no se expresara a través de los fallos. El control que plantea un juicio político realizado por el Poder Legislativo, es justamente para evitar esos bolsones de impunidad como los que defiende el macrismo.
Las encuestas muestran que la crisis en el Poder Judicial, las denuncias de lawfare o persecución judicial y hasta de corrupción judicial no figuran entre las principales preocupaciones de la sociedad. Algunos deducen también que esto sucede porque, al no estar interesada, la mayoría de la sociedad desconoce lo que sucede en relación con la Justicia.
Son consideraciones lógicas, pero equivocadas. Porque esto sería así como lo que algunos deducen de las encuestas, si las grandes corporaciones mediáticas no hubieran contribuido con fuertes campañas, grandes titulares, día tras día, imágenes, denuncias y así terminaron por instalar un tema que, efectivamente, antes no estaba en el centro de la atención.
Esa campaña fue tan fuerte que dejó impronta en el tiempo y no tanto con el sentido que le daban esos medios engolosinados hasta el exceso. Y es eso lo que queda: la marca del exceso, pero ya sin el contexto prefabricado por esos medios que mostraba como natural un acto de brutalidad.
La mayoría de la sociedad puede recordar la fotografía miserable de Amado Boudou, esposado, descalzo y en pijamas cuando fue detenido. La mayoría de la sociedad fue testigo de la saña con que se persiguió a la hija de Cristina Kirchner hasta poner en peligro su salud. La mayoría de la sociedad fue testigo cuando se le negó a Héctor Timerman viajar a Nueva York para tratarse el cáncer que lo estaba matando. La mayoría de la sociedad fue testigo cuando un Timerman atormentado por el dolor debió declarar en una causa que no tenía sentido. Nadie puede justificar honestamente por cuestiones meramente judiciales a ninguna de esas situaciones. Son imágenes de una persecución. No son imágenes de Justicia.
Es una lista corta de algunas de las situaciones más brutales de esa campaña. Cada una de esas salvajadas fueron hechas a conciencia y con la complicidad de los sectores judiciales involucrados. Esa mayoría de la sociedad tiene esas imágenes y sabe que el Poder Judicial no es confiable. Ha habido grandes manifestaciones multitudinarias como la que rechazó el 2×1 o la que se realizó en Comodoro Py cuando convocaron a declarar a Cristina Kirchner en ocho causas diferentes.
Por supuesto que las prioridades que se muestran en las encuestas están relacionadas con los problemas que afectan directamente a las personas, como son la carestía de la vida o la seguridad. Pero la preocupación sobre la desnaturalización del sistema judicial está allí. Está latente. Y expectante por señales que muestren un camino de solución.
Por esa razón, es equivocado pensar que el pedido de juicio político sería como el aterrizaje de un marciano, ya que el pueblo no conocería el problema o no le interesaría. Por el contrario, el pedido de juicio político muestra el camino para resolver un problema que es conocido y que es visto con preocupación.
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