JUICIO POR YPF: ARGENTINA BUSCA MANTENER LA SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE ACCIONES

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Este martes presentará un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.

En el transcurso de esta semana, el gobierno argentino realizará la presentación de un descargo argumental en la Justicia estadounidense para buscar sostener la suspensión de la entrega de acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que ordenó la jueza Loretta Preska.

Los abogados del país presentarán ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York los argumentos pertinentes en favor de que se mantenga la interrupción de la ejecución del fallo de Preska.

De esta manera, se busca que el tribunal superior extienda la decisión durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que duren las actuales presentaciones de las partes.

Está previsto que el escrito argentino se presente este martes, luego de que el ya realizado por los beneficiarios del fallo expresara a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, aunque reclaman que la Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.

Este cambio de posicionamiento de los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF, que obliga a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, se da tras el apoyo legal del gobierno estadounidense a la posición argentina mediante la figura del amicus curiae.

En medio de este mejor clima judicial, el país presentará sus consideraciones para evitar desprenderse de las acciones de la compañía en lo inmediato y poder transitar la apelación en la misma instancia bajo otro panorama.

En caso de que el pedido judicial sea rechazadola orden de Preska se reactivará, obligando a la Argentina a cumplir para no enfrentar el riesgo de desacato que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.

La declaración de desacato en Estados Unidos hace referencia a la desobediencia de un fallo judicial y aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otro aliciente negativo que dañe la credibilidad en Argentina de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.

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