Se espera que el martes el presidente firme el DNU con la convocatoria. Los proyectos que espera Massa y el riesgo de que JxC vuelva a boicotear la posibilidad del debate.
La convocatoria a sesiones extraordinarias es otro anuncio del presidente Alberto Fernández que todavía no fue oficializado en el Congreso de la Nación. Se espera que haya movimientos en la Cámara de Diputados, el martes, con la firma del decreto por parte del mandatario con fechas, temarios, y la presentación formal del pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema nacional.
La relación entre las fuerzas políticas que integran la Cámara que preside Cecilia Moreau quedó en una situación de sensibilidad y rispidez. Este clima se plasmó luego de los dos intentos fallidos del oficialismo por convocar a sesión en el recinto, en diciembre; y la negación de Juntos por el Cambio para aportar el números y debatir los proyectos propuestos, en momentos donde el Congreso se vio cruzado por definiciones de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura.
Sobre esto se agregan los pedidos de expulsión cruzados. Por parte del oficialismo contra los macristas Gerardo Milman y Cristian Ritondo. Y de JxC a los frentetodistas Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade. Con este contexto, y teniendo en cuenta que el presidente el año pasado no pudo lograr una sesión extraordinaria -pese al extenso temario- crecen la percepción de que esa situación se podría replicar este año.
Aunque por ahora todos son trascendidos, el temario abarcaría iniciativas que le interesan al ministro de Economía Sergio Massa. En esa lista figuran, por ejemplo, el blanqueo para aquellas personas que cuentan con dólares en bancos norteamericanos no declarados en la Argentina tras el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. También debería ingresar un proyecto que busca crear un Monotributo tech, que incluye tres nuevas categorías exclusivas para la exportación de servicios de hasta 30.000 dólares.
Otro tema para saldar es el plan de pago previsional que beneficia a personas en edad de jubilarse que no poseen los 30 años de aportes necesarios. La moratoria venció el último día de diciembre y no se pudo sancionar en las sesiones ordinarias y el presidente no las extendió por decreto.
Otro proyecto que viene pendiente desde la gestión de Julián Dominguez al frente del Ministerio de Agricultura es de Agroindustria. La iniciativa plantea un aprovechamiento de la biomasa que, según el gobierno, genera un impulso en la transformación de valor agregado y promueve, en sus propósitos, la producción de alimentos procesados, obviamente valor agregado, agroforestales, biotecnología y servicios para el agro. Además propone un estímulo adicional a la ganadería, ya que establece modificaciones en la valuación de hacienda del Impuesto a las Ganancias.
El centro de toda la actividad sería el paquete judicial con el pedido de juicio político para los integrantes de la Corte: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
También se espera del envío por parte del Ejecutivo de un proyecto que le dé herramientas para afrontar el fallo sobre la coparticipación que emitió la propia Corte. “He instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″, posteó el pasado 26 de diciembre el presidente Alberto Fernández.
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